Organizaciones civiles exigieron al Estado el cese de actos y discursos de violencia por parte de las iglesias, ministros de culto y plataformas antiderechos, contra activistas y colectivas “que trabajan a favor de la despenalización del aborto” en la entidad tlaxcalteca y que se se garantice su seguridad, vida e integridad.
Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red por los Derechos Sexuales y reproductivos en México (Ddeser) emitieron un comunicado con carácter de urgente para expresar su preocupación ante discursos de odio y amenazas hacia sus compañeras.
Expusieron que derivado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de fecha 2 del presente mes de diciembre, relacionada con la Acción de Inconstitucionalidad número 89/2024, sobre la invalidación del artículo 242 del Código Penal de Tlaxcala que sancionaba el aborto autoprocurado y el consentido, así como a diversas disposiciones de la Ley de Salud del estado, defensoras de derechos humanos “han sufrido amenazas y hostigamiento” por parte de diversos grupos y plataformas que promueven discursos antiderechos.
Señalaron que entre esas agrupaciones se encuentra “40 días por la vida” (la cual ha llevado a cabo de manera frecuente actos de protesta contra el aborto frente al Congreso local y Palacio de Gobierno, incluso, de manera simultánea a las manifestaciones efectuadas por activistas impulsoras de la legalización de la interrupción del embarazo).
Expusieron que además de los discursos de odio “alentados por plataformas antiderechos en las redes sociales y actores religiosos”, es preocupante que se reproduzcan ideologías estigmatizantes hacia las mujeres y personas con capacidad de gestar que desean ejercer su derecho a la autonomía reproductiva y también hacia las defensoras de derechos humanos al llamarlas “promotoras de la muerte”.
Por ello, demandaron que se respete el principio de laicidad del Estado, garantizado en la Constitución Política, “que prohíbe que las políticas públicas y leyes se diseñen basadas en fundamentos morales o religiosos, por lo que no debe darse cabida a este tipo de argumentos y señalamientos”.
Acentuaron que frente a este contexto de violencia simbólica y amenazas que viven las activistas a favor del derecho a decidir en Tlaxcala, “hacemos un llamado a la sociedad en general, a las iglesias, ministros de culto y autoridades a dejar de replicar declaraciones sustentadas en dogmas religiosos que promueven la discriminación y atentan en contra el derecho a la integridad y seguridad personal y el derecho a vivir una vida libre de violencia”.
Citaron que con base en el Tercer Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas” (2025), las que defienden los de las mujeres y promueven la igualdad de género, así como los derechos sexuales y reproductivos, “son objeto constante de incidentes de criminalización, ya que al desafiar los patrones socioculturales, se encuentran en riesgo agravado de padecer actos de violencia”.
Por tanto, requirieron el cese de actos y discursos de violencia por parte de las iglesias, ministros de culto y plataformas antiderechos y que se garantice la seguridad, vida e integridad de las activistas amenazadas, tanto por parte de las autoridades locales como de las federales.
Pidieron que se realice un seguimiento oportuno a las denuncias presentadas con motivo de las amenazas recibidas, así como una investigación imparcial en el marco del debido proceso; que se respete el principio de laicidad del Estado y se garantice la autonomía del ámbito político frente a lo religioso.
“Reconocemos la labor de la SCJN al fallar a favor de la protección de la autonomía reproductiva y el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar del estado de Tlaxcala”, recalcaron.
Conminaron a las autoridades locales a garantizar el acceso a los servicios de aborto seguro, de acuerdo los criterios de la sentencia que lo legaliza, de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México.
