La Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) no es de ninguna manera un método mágico para desaparecer las violencias que vivimos las mujeres, mucho menos para cambiar en un par de años las carencias institucionales que han permanecido en cada administración para garantizar los derechos de las mujeres, lo que se ha reflejado en altos índices de violencia contra las mujeres, embarazos adolescentes e infantiles, trata de mujeres, desapariciones, inseguridad en el ámbito comunitario, laboral, escolar e incluso familiar. Sin embargo, debemos tener claro que la violencia es una muestra de la falta de garantía de los derechos humanos de las mujeres y niñas, los cuales se colocan en último término para atender y designar presupuestos suficientes.
La AVG es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ante un problema de gravedad en México, con avances que han sido muy lentos, además de una gran falta de acciones estratégicas para atender efectivamente este problema que no disminuye, sino que por el contrario, a nivel nacional, se observa un aumento constante de las diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres de todas las edades.
El objetivo de este mecanismo es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos, teniendo como resultado la violencia feminicida que por décadas se ha visibilizado, evidenciando la urgencia de acciones que modifiquen de manera profunda las condiciones y contextos que la generan y favorecen; pues a pesar de que se ha incidido en el marco normativo nacional y en los estados, protocolos de investigación y modelos de atención, sobre todo desde la sociedad civil, permanece un nivel bastante alto de impunidad y falta de política pública para su prevención.
Hace tres años, antes de iniciar funciones la actual administración en Tlaxcala, el gobierno electo expresó en diferentes momentos la importancia sobre la violencia contra las mujeres, así como de la Alerta por Violencia de Género y cómo ésta se atendería de forma integral; sin embargo, no se han realizado acciones sustantivas que alcance a las mujeres en la vida cotidiana, pues aún enfrentan obstáculos, condiciones estructurales y prácticas machistas del personal institucional que no favorece en los procesos judiciales cuando deciden iniciarlo.
Como resultado de la evaluación para declarar la AVG en Tlaxcala, se emitieron 30 medidas que debe atender el gobierno del estado con el fin de modificar las omisiones y causas estructurales que generan la violencia contra las mujeres en los 60 municipios del estado, de las cuales 10 medidas se enmarcan en el nivel de prevención, ocho son medidas de seguridad, siete medidas de justicia y cinco medidas de reparación del daño; con la obligación de asignar los recursos necesarios para garantizar la implementación de estas medidas.
En la página de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) podemos encontrar los informes que el gobierno del estado ha entregado sobre los avances de las acciones implementadas para dar cumplimiento a las medidas, de los cuales se observa que han sido mínimas, en otros casos, en algunas de las medidas no se ha realizado ninguna acción para atenderlas.
En octubre de 2023, el Colectivo Mujer y Utopía A.C. nos incorporamos al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, a través de la convocatoria abierta que generó Conavi, para integrar en diversos estados la participación de sociedad civil en los trabajos de evaluación y seguimiento a la implementación de la AVG, lo que ha significado conocimiento de mayor profundidad respecto de este trabajo; lo que preocupa debido a la falta de coordinación y estrategia para que la AVG tenga impactos profundos y sea contemplado desde los municipios, pues, como mencioné en semanas pasadas, ante un cambio de administración municipal que está por realizarse en unos días, las instituciones municipales reflejaron un gran desconocimiento respecto de lo que es la alerta y las obligaciones que les competen en este nivel de gobierno.
Si bien las declaraciones continúan en la misma lógica durante acciones públicas con el eslogan “en el marco de la AVG”, no todas las acciones verdaderamente son con el fin de responder al mecanismo, y muchas de estas son actividades que no forman parte de un plan estratégico e integral, además de que no se cuentan con indicadores de seguimiento que permitan medir los impactos y evaluar la pertinencia de las acciones que se desarrollan.
A tres años de que el 18 de agosto de 2021 se informara sobre la declaratoria de la AVG, en general observamos que las acciones han sido mínimas, que los recursos designados son insuficientes, la atención se continúa focalizando en otras actividades que no contribuyen a la disminución de contextos de inseguridad y de riesgo para las mujeres. A pesar de las declaraciones de que este gobierno estaba de acuerdo con la AVG debido al contexto, ahora se niega que los delitos por los cuales se declaró la alerta como el feminicidio, la trata de personas, la violencia sexual o la desaparición, sea un problema en el estado más seguro de la República.
Es necesario y urgente que los gobiernos municipales contemplen en su plan de trabajo la implementación integral y de forma coordinada y estratégica con el gobierno estatal de la alerta, empezando por dejar de considerar a los Institutos Municipales de las Mujeres como un espacio a llenar por deudas políticas, así como transversalizar verdaderamente la perspectiva de género; de lo contrario, no se modificarán los contextos de violencias contra las mujeres si solo se contemplan acciones en el marco de fechas conmemorativas o desde las simulaciones como prácticas.