Los espacios feministas para el análisis de los contextos y la elaboración de propuestas políticas y comunitarias han permanecido a lo largo de la historia, sin la participación de las mujeres, no existe comunidad. El 13 de enero de 1916 se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista en México, dejando grandes e importantes críticas respecto de los derechos de las mujeres, visibilizando las deudas y obligaciones institucionales para garantizar en su plenitud estos derechos; como en todas las luchas feministas, ha significado un trabajo constante que no ha alcanzado en su totalidad el pleno goce y respeto de nuestros derechos.
Parte de los objetivos de este Congreso discutió cómo las tradiciones, la cultura o la costumbre han limitado, impedido y prohibido a las mujeres ejercer nuestros derechos plenamente, cuestionar el fondo de estas prácticas, su fin y su perduración a lo largo de la historia; la normalización, incluso su legalidad no significa justicia, por lo que la legislación vive constantemente transformaciones para lograr que deje de violentar derechos y de proteger un sistema machista, misógino y feminicida.
Las discusiones y análisis sobre las desigualdades de las mujeres frente a los hombres en todos los sentidos, así como la visibilización del incumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar nuestros derechos no se han detenido nunca, a pesar de los avances y logros para agrietar el sistema, éste siempre ha encontrado formas de adaptarse para continuar oprimiendo a las mujeres.
Una de las preguntas bajo las cuales se llevó a cabo este Congreso fue: ¿cuáles son las funciones públicas que pueden y deben desempeñar las mujeres a fin de que no solamente sean elementos dirigidos, sino también dirigentes de la sociedad?, lo que significó la base para iniciar el camino a la legislación del sufragio y reconocimiento de la ciudadanía a las mujeres; aunque no fue hasta 1953 que a nivel nacional se incorporara en la Constitución Política de nuestro país el derecho al voto de las mujeres.
Aunque pocos años después de este Congreso, algunas mujeres accedieron a la participación ciudadana y ser elegidas para cargos públicos en Yucatán en 1922, se obstaculizó este avance, pues con la caída del gobierno de Carrillo Puerto, a las cuatro mujeres electas les fueron revocados sus cargos en 1923; lo que demuestra, desde entonces, la firme intención de impedir a las mujeres el pleno goce de todos nuestros derechos, ya sea de formas sutiles o simuladas.
El camino impulsado en este contexto llevó a una fuerte lucha que mantendría la discusión feminista en temas como el matrimonio, la elección para tener o no hijos, las obligaciones familiares y la participación activa de las mujeres sufragistas y como candidatas a cargos públicos fue determinante para el desarrollo de los derechos igualitarios para ambos sexos; logrando el reconocimiento de derechos negados hasta ese momento, permitiendo poco a poco adelantos para las mujeres.
También hay que recordar que en respuesta a este Primer Congreso y al impacto con el que sacudió la estructura social y política, se tradujo en el surgimiento de la instauración del día de la madre, como símbolo de la identidad familiar y emblema social en México, estableciendo la obligación de la maternidad como fin último de las mujeres y como una aspiración desde la infancia, exaltando cualidades de una madre protectora, educadora y guía, imponiendo y manteniendo así, el ámbito privado para las mujeres, negando y obstaculizando la participación social y política.
A más de 100 años de este Primer Congreso Feminista, los discursos que se utilizan para hablar del papel de las mujeres en la sociedad, la relevancia de la educación con perspectiva de género y el acceso pleno de ésta para todas las mujeres, así como la responsabilidad del Estado frente a las formas de opresión y las funciones públicas que pueden asumir continúan siendo algunas de las reflexiones que no están acabadas, pues las deudas se han convertido históricas al no contar con las acciones suficientes para modificar estas realidades, además de prevalecer las prácticas machistas desde quienes gobiernan y operan las instituciones.
Aunque veamos el uso del eslogan de “un gobierno aliado y feminista” que han abanderado instituciones y actores políticos, de ser sensibles a las necesidades de las mujeres y de simular acciones dirigidas a las mujeres, no hay más que un uso electorero de estos contextos, de utilizar los cargos públicos como trampolín para su carrera política, pues basta con mirar en la contienda electoral a titulares de instituciones responsables de la política pública dirigida para garantizar la seguridad, bienestar y la vida de las mujeres que ya buscan votos a cargos públicos y siguen ejerciendo su puesto, priorizando su imagen y en segundo plano el cumplimiento de las acciones que protejan y garanticen los derechos de las mujeres.
México continúa enfrentando graves problemas de desigualdad entre mujeres y hombres, sin importar el impulso de acciones afirmativas; además de un aumento constante año con año de las violencias contra las mujeres que se manifiesta en todos los ámbitos, culminando con feminicidios en todo el país. La negación de estos contextos se mantiene como una política de Estado, a pesar de la presencia de mujeres en los cargos públicos, de contar con mecanismos como la Alerta por Violencia de Género que evidencia de forma clara la simulación y omisión instalada en las instituciones.
Es urgente identificar los espacios con los que contamos para continuar con los análisis feministas, los espacios con los que disponemos actualmente para continuar con esta lucha; reflexionar y analizar si la capacidad de acceder a cargos públicos es suficiente para hablar de una sociedad igualitaria y de garantizar el acceso de todas las mujeres a todos nuestros derechos, o se ha convertido también en una herramienta del patriarcado para mantener las opresiones y continuar adaptándose junto con el capitalismo y neocolonialismo para seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
*Colectivo Mujer y Utopía