Jueves, junio 17, 2021

A las mujeres nos siguen negando los derechos

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Este 30 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, en su portal, Naciones Unidas declara: “Este año nos centramos en recalcar los esfuerzos del personal que lucha en primera línea contra la trata de personas. Se trata de gente que trabaja en diferentes aspectos: identificar, apoyar, asesorar y buscar justicia para las víctimas de la trata, y desafiar la impunidad de los traficantes”. Ahora, si miramos en lo local, hay mucho que cuestionar a nuestras autoridades, si bien hay un marco jurídico y un Plan de Trabajo Estatal, en la práctica la impunidad sigue siendo muy alta, los casos por trata de personas, las desapariciones de niñas y mujeres, los feminicidios y las expresiones de la violencia sexual se mantienen en nuestra cotidianidad.

Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizada al mes de junio, se ubica a Tlaxcala en el segundo lugar con la tasa más alta de víctimas de trata de personas en lo que va del año; sin embargo, estos son únicamente los casos conocidos, pues de al menos 45 niñas y mujeres que se mantienen sin ser localizadas, no se cuentan con protocolos de búsqueda con perspectiva de género como lo son la Alerta Amber y el Protocolo Alba, minimizando el contexto que impera, ya que Tlaxcala ha sido identificado como un lugar de origen, tránsito y destino de la trata con fines de explotación sexual, donde operan redes de tratantes y existe un contexto de violencia feminicida minimizada por el gobierno, lo que nos aleja de la garantía plena de nuestros derechos.

Este día no se trata de posturas políticamente correctas, pues decir que es importante luchar contra la trata de personas desde los discursos, ponerse un moño azul o una playera naranja cada 25 de mes, pero que se mantengan actitudes y prácticas machistas y hasta misóginas en lo cotidiano y desde las instituciones no sólo demuestran poca importancia en sus agendas políticas, sino su complicidad con la impunidad que existe en Tlaxcala.

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Si bien es cierto que los procesos para modificar las estructuras violentas y los patrones machistas que se encuentran detrás de los explotadores y de quienes demandan la prostitución son largos, pero cuando se obstaculiza desde las instituciones que deberían garantizar los derechos de todas las personas, y en especial ante delitos tan graves como este, el proceso se hace mucho más lento y los riesgos aumentan para las mujeres y niñas, quienes son las principales víctimas de este delito a nivel internacional.

Como en otros delitos contra las mujeres y niñas, son las mujeres activistas y organizaciones de sociedad civil quienes han acompañado de manera cercana a las mujeres en situación de prostitución forzada, quienes hemos generado diagnósticos y propuestas para la prevención e incidencia pública y política, han sido principalmente otras mujeres quienes han luchado para que sean posibles otras realidades, a pesar de la falta de recursos.

También es cuestionable cómo las personas encargadas de vigilar que todos los derechos sean reales para todas las personas han actuado en los diversos niveles para abonar de manera negativa y seguir obstaculizando, respondiendo sólo desde la simulación y dando paso a que las redes de tratantes sigan ganando terreno y se sigan captando niñas y mujeres para la explotación sexual; parece que las autoridades no comprenden que el delito de la trata de personas no puede mirarse como un tema aislado, han minimizado la relación que tienen las desapariciones con otros delitos, entre ellos la explotación sexual.

Al tratarse de un delito de nivel internacional es imperativo contar con estrategias de este nivel, pues otros estados y países han sentenciado a tratantes tlaxcaltecas, mientras que en Tlaxcala se les deja en libertad “por no contar con suficientes pruebas”, como hace poco lo hizo un juez local, o se duda de las declaraciones de las mujeres que han iniciado procesos legales y no se cuentan con sentencias ejemplares para garantizar la no repetición, mucho menos la reparación integral del daño o un acompañamiento adecuado durante el proceso.

En estos días estaremos escuchando discursos y posturas al respecto; sin embargo, me parece sumamente importante poner atención a las y los activistas y a organizaciones de la sociedad civil, por quienes se ha logrado contar con la legislación en la materia, así como procesos comunitarios y sociales, a quienes desde las investigaciones han colocado la posibilidad de conocer las formas en las que operan los proxenetas y que con gran claridad han promovido acciones para generar cambios; pues de las instituciones ya conocemos sus discursos de simulación y de posicionamiento político, carentes de compromiso e interés por cambiar los contextos feminicidas para las mujeres, quienes terminan responsabilizándonos, quienes durante sus campañas prometen contemplar a las mujeres como ejes de sus agendas y sólo significamos votos y no vidas.

Consideramos importante que las autoridades dejen de ser omisas y apliquen de manera inmediata la normatividad existente para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en cualquier delito por razones de género, que cuenten con mecanismos de protección para las mujeres y sus familias que se encuentran en procesos legales por estos delitos; que dejen las simulaciones y establezcan e implementen políticas públicas efectivas y cercanas a nuestros contextos, con perspectiva de género y enfoque de masculinidades para cambiar los patrones misóginos que cosifican los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y las niñas y se normaliza la prostitución y las violencias contra las mujeres.

Necesitamos no sólo instituciones que cumplan con sus obligaciones en todos los niveles, necesitamos también que las y los tomadores de decisiones sean congruentes y asuman el papel que les corresponde, que no ocupen cargos de poder para seguirnos negando nuestros derechos y dejarnos en indefensión ante un sistema de discriminación y menosprecio a las mujeres y niñas.

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