Viernes, febrero 7, 2025

A la cárcel

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A la cárcel deberían ir diversas autoridades municipales y estatales que durante el año pasado generaron un grave quebranto a las finanzas de Tlaxcala, pues son 467 millones de pesos lo que malversaron, de acuerdo con el daño patrimonial detectado por el OFS.

Los responsables deberían temer a eso, pero son tan cínicos que ya sueñan con participar en los próximos comicios y lograr el fuero federal, estatal o brincar al botín que representa ser alcalde o reelegirse en esa posición.

Ahí está el caso del titular de la Secretaría de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, quien no solo es pésimo para dar resultados –ni 30 obras ejecutadas en el primer semestre del año y tiene paralizados más de 150 expedientes municipales–, porque de acuerdo con el informe de resultados de la cuenta pública 2022, emitido por el OFS, generó un daño patrimonial por 20 millones 515 mil 773.05 millones de pesos.

El esposo de la presidenta del Congreso, Marcela González –quien debería de excusarse de conocer de la dictaminación de esa cuenta pública– y activo aspirante al Senado de la República, incurrió en conductas graves, ya que lo mismo pagó obras inexistentes que justificó gastos con facturas de empresas fantasmas, lo cual es un delito grave.

En la era del no robar, no mentir y no traicionar, el funcionario debería ser encarcelado o, en el menor de los casos, corrido de la administración estatal, tal y como ocurrió con los ahora ex titulares de la Universidad Politécnica y Fidecix –protegidos de la priista Beatriz Paredes–, Enrique Padilla y Humberto Macías, respectivamente, quienes fueron cesados tras conocerse que sus cuentas serían reprobadas, ya que generaron un quebranto, entre ambos, por 26 millones 688 mil 447.70 pesos.

No son los únicos que no entregaron buenas cuentas en el gobierno de la Cuarta Transformación. Ahí están Darwin Pérez, Rigoberto Zamudio y Homero Meneses, ex titular del Cobat y secretarios de Salud y de Educación, respectivamente, quienes en conjunto le dejaron un boquete a la Nueva Historia de más de 74 millones de pesos, recursos que bien podrían alcanzar para abatir el desabasto de medicamentos que todavía existe o equipar diversas aulas educativas, por ejemplo.

En campaña dijeron que eran distintos, de ahí que los errores y excesos deben pagarse, por lo que se esperarían acciones contundentes y legales, pues de lo contrario, mal ejemplo se daría al resto de los funcionarios y autoridades de todos los niveles, ya que en Tlaxcala se toleraría el robo al pueblo bueno y sabio.

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