El pasado 8 de agosto, el gobernador Marco Antonio Mena nombró a José Antonio Aquiáhuatl como nuevo procurador del estado de Tlaxcala. Un día antes de ser nombrado, se anunció que la Procuraduría estatal había obtenido la décimo sexta sentencia condenatoria de un tratante detenido en 2014. Días después, el nuevo procurador declaró que por el momento no sería necesario emitir la Alerta de Género “porque creo –dijo– que hemos cumplido con la parte de dar atención…”.
Tlaxcala desde hace una década y media es reconocida a nivel nacional e internacional como una de las entidades con mayor incidencia de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y, frente a esa realidad, los gobiernos que han pasado y las dependencias a su cargo se han aferrado en mantener una política de negación o minimización del problema. Ya han pasado dos años desde que se solicitó la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y a pesar de que no se decretó y de que el gobierno de estado se comprometiera a implementar acciones que cambiaran la violencia hacia las mujeres y la trata, lo cierto es que Tlaxcala mantiene una realidad dolorosa de este problema que afecta a muchas mujeres y niñas.
Declaraciones como las realizadas por el recién nombrado procurador muestran una falta de conocimiento de la perspectiva de género y de un verdadero compromiso por los derechos y seguridad de las mujeres. Actitudes de este estilo –bastante común entre los diversos funcionarios y funcionarias públicas– muestran claramente que el centro de su acción consiste en mantener una buena imagen de la entidad y no en cumplir con su responsabilidad esencial de garantizar a las mujeres seguridad, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades, como se establece desde hace 40 años en diferentes leyes y pactos nacionales e internacionales. Recordemos que, por ejemplo, en México está vigente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer desde 1981.
El hecho de que no se haya decretado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres no quiere decir que se cumplió con la totalidad de las recomendaciones hechas por la Conavim y por el grupo de personas expertas, mucho menos que se haya modificado la realidad de violencia y trata hacia las mujeres. Para muestra, baste mencionar que en el resolutivo se establece la obligatoriedad de continuar trabajando para enfrentar la violencia y trata de mujeres, pues este problema social requiere de acciones permanentes en todo el periodo de gobierno (2017–2021).
La procuración de justicia aún es un camino lento y doloroso para las víctimas, como lo demuestra la última sentencia hecha pública por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues, aun siendo una de las más duras para un sentenciado por el delito de trata en los últimos años, requirió de un proceso de cuatro largos años para que se dictara la sentencia. Si el gobierno del estado quiere acabar con la ineficacia y la simulación, es necesario que se revise con atención lo que establece la quinta conclusión del informe del grupo de trabajo para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, que plantea: “El grupo de trabajo observó la inexistencia de una articulación de las instituciones encargadas de la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y la trata de personas, existiendo una falta de capacitación y profesionalización. Las autoridades incurren en omisiones graves, prácticas discriminatorias y se refleja una falta de sensibilidad sobre la igualdad de género… Resulta especialmente preocupante el desconocimiento generalizado en los ejes rectores de los principios que rigen la investigación de los delitos contra la violencia feminicida y la trata de personas, así como la deficiencia en capacitación en el sistema acusatorio que se observa en el personal ministerial, confundiendo en ocasiones la denuncia con la querella, no identificando las diferencias entre el sistema penal mixto y el actual, y realizando prácticas y actuaciones que exceden las facultades que la norma en la materia les otorga”. A este respecto, un reto fundamental del gobierno y de quienes asumen responsabilidades en la procuración de justicia es que este ciclo vicioso no continúe.
Toda forma de violencia hacia la mujer, incluida la trata de mujeres y niñas, es un problema que necesita de la procuración de justicia, pero será insuficiente si no se emprenden acciones que arranquen de raíz el problema, por ello, es importante que la Secretaría de Educación Pública del Estado emprenda acciones de prevención, en coordinación con otras dependencias del gobierno estatal, de lo contrario las autoridades tlaxcaltecas siempre estarán atendiendo las consecuencias y no las causas del problema.