A 391.8 millones de pesos asciende el daño patrimonial que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó en la cuenta pública de 108 entes fiscalizables, correspondientes al año 2024, y en su mayoría, dichas irregularidades corresponden a las actuales autoridades municipales que iniciaron funciones el pasado 31 de agosto.
Lo anterior de acuerdo con los informes de resultados que este martes entregó el titular del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela, al Congreso del estado, y que servirá para la elaboración de los dictámenes de los estados financieros de dicho periodo.
En un acto realizado en el Salón Verde del Congreso local, el titular del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela, detalló que el monto observado deriva de auditorías financieras, de desempeño y de obra pública, las cuales revelaron que más del 37.3 por ciento de las irregularidades detectadas no fueron subsanadas por los entes fiscalizados durante el periodo legal para solventaciones.
De acuerdo con la exposición del auditor, en el ejercicio 2024, el OFS auditó el uso de 15 mil 200.9 millones de pesos, equivalentes al 85.8 por ciento del total del gasto público estatal y municipal, que ascendió a 17 mil 716.5 millones de pesos.
“La revisión y fiscalización de las cuentas públicas se realizó en estricto apego a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad”, aseguró Lucio Salas, al tiempo que resaltó el uso de herramientas digitales como el Sistema de Fiscalización Electrónica, que permitió mayor eficiencia en los procesos de auditoría.
De ese ejercicio, apuntó, se realizaron 263 auditorías: 123 financieras, 75 de obra pública y 65 de desempeño, dirigidas a 60 municipios, 30 entidades paraestatales, 8 organismos autónomos, el Congreso del estado, los tres Poderes del estado, cinco comisiones de agua potable, un patronato y un organismo no sectorizado.
A nivel programático, estas revisiones dieron lugar a mil 202 acciones específicas, que se tradujeron en 18 mil 241 observaciones y recomendaciones. De ellas, sólo el 49.9 por ciento fue solventado en tiempo, dejando un saldo de 9 mil 131 observaciones no aclaradas, es decir, más de la mitad.
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El impacto de estas omisiones, según el OFS, representa un probable daño patrimonial de mil 50.9 millones de pesos, de los cuales únicamente fueron aclarados o reintegrados 659 millones. El resto, que representan 391.8 millones de pesos, permanece como un quebranto que deberá ser atendido en la fase de seguimiento administrativo o, en su caso, con sanciones penales.
El informe también desnudó inconsistencias importantes en la ejecución de 2 mil 894 obras públicas, que representaron una inversión de 3 mil 180.9 millones de pesos. De estas, se fiscalizó sólo el 67.7 por ciento, es decir, mil 808 obras, con una inversión total de 2 mil 152.4 millones.
En cuanto a calidad, se aplicaron 417 pruebas de laboratorio a una muestra de 207 obras. El 16.8 por ciento de estas resultaron negativas, es decir, no cumplieron con los estándares técnicos, lo que abre la puerta a posibles responsabilidades por parte de las constructoras y los funcionarios que supervisaron dichas obras.
Durante el acto de entrega de los informes, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Ever Alejandro Campech Avelar, se deslindó de cualquier intento de blindaje político hacia las autoridades responsables del daño patrimonial. “No habrá intervención de los diputados en los procesos de solventación”, afirmó con tono enérgico.
Campech Avelar hizo un llamado expreso al OFS para que “dé puntual seguimiento a cada caso y recupere los recursos públicos que fueron mal administrados o desviados, y que sancione a los responsables conforme a la ley”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, Bladimir Zainos Flores sostuvo que la revisión “es un mecanismo esencial para consolidar un Tlaxcala honesto, con cuentas claras, donde los recursos se apliquen en obras, servicios y políticas con sentido social”.
Zainos Flores subrayó que los entes fiscalizables tuvieron la oportunidad de justificar y documentar sus gastos durante el proceso, por lo que el saldo negativo exhibido por el OFS debe asumirse con responsabilidad institucional.
“Los resultados obtenidos son la base para que esta Soberanía determine la aprobación o no de cada cuenta pública. Es hora de eliminar las malas prácticas”, recalcó.
En su intervención, el auditor Arturo Lucio destacó avances tecnológicos implementados durante 2024: desde la digitalización total de la Cuenta Pública, pasando por la adquisición de servidores propios, hasta la creación de un Buzón Digital para mejorar la comunicación con entes fiscalizables.
También anunció que, en 2025, el OFS fiscalizará de manera específica los programas con perspectiva de género y los relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres, como parte de una agenda estratégica que busca dar valor público a la fiscalización.
Además, se estableció un programa de regularización contable con los municipios, orientado a actualizar inventarios y saldos conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Aunque los nombres de los entes con mayores observaciones no fueron revelados en el acto protocolario, fuentes legislativas consultadas por La Jornada de Oriente Tlaxcala confirmaron que al menos 45 de los 60 ayuntamientos del estado concentran el mayor volumen de irregularidades, especialmente en el manejo de participaciones, ejecución de obra y adquisiciones.
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