Con el objetivo de evitar prácticas de piratería en la venta del uniforme único que se utilizará en las escuelas públicas de nivel básico a partir del ciclo lectivo 2023–2024 en la entidad, las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco) y de Educación Pública del Estado (SEPE) han integrado un padrón de 35 proveedores a la fecha.
El titular de la Sedeco, Javier Marroquín Calderón indicó que si bien las personas que se dedican a fabricar artículos piratas o a la venta en el mercado negro siempre buscan formas de evadir a las autoridades, tanto la dependencia a su cargo como la SEPE trabajan para multiplicar esfuerzos a fin de evitar que el uniforme único patentado por la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) sea producido y comercializado fuera de la norma.
Es por ello que se integra un padrón en el que estén inscritos tanto los fabricantes como las tiendas específicas donde las familias podrán adquirir el uniforme único, de manera que en los próximos días las tres instituciones establecerán una mesa de trabajo para afinar detalles.
Marroquín Calderón comentó que aun cuando ninguna de estas tres instituciones tiene facultades para sancionar a quienes fabriquen el uniforme único sin autorización, si fuera el caso recurrirán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo para que les asesore sobre las medidas a tomar.
Recordó que es la SEPE la que determina los requisitos a cumplir por parte de las empresas fabricantes, que a la fecha suman 35 y todas son tlaxcaltecas.
Sin embargo, precisó que una de las razones por las que este padrón no es más amplio es porque en el estado “no tenemos muchos que se dediquen a la fabricación de uniformes, es un rubro dentro del tema textil, tenemos pocos, porque son más saraperos, de cobertores, playeras de tejido de punto y no contamos con tantos proveedores de uniformes, pero se invitaron y la idea es fomentar el consumo local con las empresas tlaxcaltecas”.
En enero de este año se dieron a conocer los 11 modelos de uniforme único para los 270 mil estudiantes de educación básica en el estado, con un costo que en ese momento se calculó entre los 500 y 600 pesos que deberán cubrir las familias.