Cinco militares fueron sentenciados a 22 años de cárcel, luego de que un juez penal los declaró culpables por el delito de homicidio calificado, por el asesinato del joven regiomontano Jorge Otilio Cantú Cantú, en el 2011.
La madrugada del 18 de abril del 2011, Jorge Otilio transitaba por el cruce de las calles Puerto San Blas y Lázaro Cárdenas, se dirigía a su trabajo, hasta que fue interceptado por cuatro camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, en las que viajaban 24 militares quienes formaban el Grupo Caimán.
El joven fue confundido con un pistolero a quienes perseguían, por lo que los soldados, Francisco Pérez Pérez, Rubén García Díaz, José Manuel Dolores Luna, Gaudencio Heraclio Moreno y Roberto Guadalupe Rodríguez Aldama lo acribillaron.
Al darse cuenta de su “error” trataron de “sembrarle” un arma a la víctima para justificar sus acciones, tras difundirse el caso, la Procuraduría local inició la averiguación previa penal 73-2011.11-1.
El padre del joven asesinado, el doctor Otilio Cantú González, emprendió una lucha social para limpiar el nombre de su hijo y con esto hacer que la justicia emprendiera acciones legales en contra de los militares.
Varios años, el caso del asesinato por “error” del regiomontano, transcurrió entre juzgados civiles y militares, no fue hasta que el juez Cruz Ovalle, decidió tomarlo y tras revisar las investigaciones determinó la sentencia definitiva que enviaría a la cárcel a los culpables.
Después de cinco años el doctor Cantú González recibió la notificación de la condena dictada en contra de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adscritos a la Policía Militar, con la que se dijo conforme.
“Cuando menos hubo un juez que tuvo los huevos para sentenciar por homicidio calificado a los elementos del Ejército. Estoy analizando todo el expediente, pero hasta donde he leído me parece que el juez Cruz Ovalle hizo una sentencia, no con los años que yo hubiera querido, pero al menos tuvo los pantalones para dar esta sentencia”.
Por ahora los sentenciados permanecerán en la prisión militar de la Primera Región con sede en la Ciudad de México, hasta que el juez de distrito especializado en ejecuciones de penas en turno les indique en qué cárcel deberán ser trasladados.
