Del 1 de enero al 28 de diciembre de 2021, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) brindó acompañamiento en mil 467 casos de interrupción del embarazo, los cuales representaron un crecimiento de 48.9 por ciento, respecto de 2020, y de 194.5 por ciento comparativamente con 2019.
Pero de la totalidad registrada el año pasado, alrededor de 32 por ciento, es decir 469, estuvieron vinculados a violencia sexual; sin embargo, solo 10 por ciento, que son cerca de 146, fueron denunciados, aunque nada más 15 continuaron el procedimiento penal, puntualizó Rosario Texis Zúñiga, directora de esta organización civil.
Mientras tanto, en 14 por ciento, esto es 205, el motivo fue por cuestiones de salud, y en el restante 54 por ciento, que son aproximadamente 792, fue por elección, añadió.
La activista feminista aseveró que es “impresionante este número de abortos con el que cerramos el año pasado… vemos que hay una necesidad urgente de la interrupción del embarazo, pues casi se duplicaron con relación a 2020”, cuando esta agrupación registró 985, y más del triple respecto de 2019, pues en ese periodo hubo 498.
La mayoría de mujeres llegó con un avance de la gestación de entre la semana ocho y 12; en cuanto a edad, el segmento que más se acercó a requerir acompañamiento fue el de 20 a los 26 años, seguido del de 30 a 35 años y del de 12 a 17 años.
Atribuyó el aumento en la demanda de atención al resultado del trabajo de esta organización con usuarias, a través de entrevistas y diagnósticos; pero también a que varias dejaron de acudir a consulta de planificación familiar y de educación sexual y reproductiva por la pandemia de Covid, sobre todo adolescentes.
Aunque hay métodos anticonceptivos a disposición –dijo-, muchas no acuden a solicitarlos porque durante mucho tiempo estuvieron en confinamiento y comenzaron a salir poco a poco; sin embargo, “los servicios no están tan accesibles”.
Además, difícilmente en las escuelas se imparten pláticas o conferencias sobre estos temas para actualizar a la juventud, pese a que el inicio de la vida sexual es cada vez a edades más tempranas, subrayó.
“Está comprobado que entre guerras y pandemias así como por las situaciones críticas que viven los países, una de las que más se desbordan es la de la salud sexual y reproductiva, pues hay embarazos no planeados desde adolescentes hasta mujeres adultas”.
Esta realidad que se mira “es muy fuerte” porque muchos de esos casos derivan en abortos electivos; pero por otro lado dejan en evidencia a la violencia sexual, la cual “es impresionante” en contra de la población femenina, desde niñas, adolescentes y jóvenes hasta mayores de 18 años.
La especialista en el tema enfatizó que las solicitudes recibidas por Ddeser han permitido observar “que estamos en una sociedad muy violenta, en la que no hay justicia y por lo tanto se vuelve impune”.
De ese 34 por ciento de abortos relacionados con violencia sexual, solo en 10 por ciento se dio parte a las autoridades, pero únicamente en 15 continuó el proceso, resaltó.
El problema –recalcó- es que las mujeres se enfrentan a la ‘victimización secundaria’ o ‘revictimización’ (forma de violencia institucional que hace referencia a la nula o inadecuada atención que recibe la víctima, una vez que entra en contacto con el sistema de justicia refuerza esta posición en la persona afectada, por lo que causa daños psicológicos, sociales, judiciales y/o económicos, indica el Instituto Nacional de las Mujeres).
“Como que hay muchos impedimentos y en las mesas de atención les dicen que pasen con el médico legista, pero esto se vuelve tortuoso para ellas y desisten, ya no continúan con todo el procedimiento penal”.
Las víctimas realizan un primer acercamiento con la autoridad, “pero en cuanto les dicen una lista interminable de cosas” que se deben llevar a cabo, prefieren renunciar a su intención de que se aplique la ley.
Hay personas que dimiten porque su agresor es amigo de algún funcionario público o presidente municipal “y no quieren tener problemas”, esto genera impunidad y deja al descubierto que la justicia no es clara ni pronta ni expedita, que carece de perspectiva de género y de pertinencia cultural, agregó.
De inicio –anotó-, las mujeres están dispuestas a ir al Ministerio Público a pedir ayuda y al darse cuenta del trámite complicado a efectuar mejor se dan la vuelta, por lo que “pocas de ellas han logrado” concretar la denuncia.
Mencionó que en los 15 casos de mujeres que continuaron con el proceso, ya hay una carpeta de investigación, pero fuera de estos no hay más en los que el agresor sexual sea indagado para que se le imponga una sanción por este ilícito.
Algunas de las víctimas que no siguen con el procedimiento penal reciben apoyo a través de antiretrovirales o anticonceptivos de emergencia, “pero se quedan con su dolor por el delito cometido en contra de su cuerpo” y consideran que el camino legal es complejo.
Ese 10 por ciento de mujeres que determina proceder hacia el agresor, “es súper poquito”, de ahí “que en Ddeser le apostamos a que el Estado se haga cargo de sus mujeres y les garantice el acceso a la justicia y seguridad”, remarcó.
Cuando ellas acuden a esta organización reciben información sobre sus derechos, entre estos el de presentarse ante el Ministerio Público a denunciar, a lo que muchas dicen que no “porque las van a criticar y porque todo mundo se va a enterar que fue violada, que fue el abuelo, otro familiar o su propia pareja”.
Todo este tipo de situaciones están entretejidas y tienen que ver con la violencia patriarcal en el sistema y en la estructura de las formas de relación entre toda la sociedad, lo que se vuelve muy complicado, abundó.
Acentuó que a los casos que siguen su curso en las instancias judiciales, se les ha dado seguimiento, pero aún no hay sentencias; nada más en tres de ellos los imputados han sido llamados a declarar, por lo que la cifra es baja y el trámite lento.
“Nuestras abogadas han insistido mucho en que avancen las carpetas de investigación, ya que hay casi un año de espera en este sistema de justicia, no salen pronto”, criticó.
La autoridad argumenta que por ser un delito de violación los casos se tornan complicados, y si no hay embarazo de por medio –lamentó- “no se considera algo urgente” y no queda más que aguardar a que concluya todo el proceso.
Realzó que Ddeser desarrolla un “trabajo muy fuerte” de manera integral, mediante consejería, asesoría y atención psicológica urgente, incluso terapéutica, particularmente para las personas que han sido víctimas de violencia sexual.
Insistió en que es importante posicionar el tema del derecho a decidir sobre el aborto, junto con el de las agresiones sexuales, porque hay una relación de ambos en varios casos.
Con este contexto, reiteró que es fundamental que el Congreso local apruebe la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y que no solo sea seguro sino también gratuito; que no se criminalice a ninguna mujer por someterse a este procedimiento.
Proyecto Fondo Fiduciario ONU para eliminar violencia
Texis Zúñiga informó que desde octubre pasado Ddeser trabaja en el proyecto internacional del Fondo Fiduciario de ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer (el cual concede subvenciones e iniciativas que demuestran que las agresiones contra la población femenina pueden ser abordadas, reducidas y, con persistencia, eliminadas sistemáticamente).
Comentó que se realizarán acciones durante casi cuatro años en la entidad, en las que se va a tratar de involucrar a las instituciones y al gobierno estatal y a los municipales, para que de manera conjunta se erradiquen diversas problemáticas, como la violencia sexual.
La organización imparte talleres y pláticas “en las que se escucha a niñas y a mujeres cómo viven en su hogar y hemos conocido historias terribles”, pero las familias ocultan lo que pasa al interior de sus casas, refirió.
Dijo que ante el aumento considerable de casos, la violencia sexual se ha vuelto un tema eje para Ddeser, además del aborto como un derecho a decidir, así como el de la desaparición forzada e intermitente de niñas y adolescentes, “que es una realidad y que se documentará de manera más concreta porque están vinculadas con la trata de personas y venta”.
A eso –recalcó- nos vamos a enfocar los siguientes años, hay mucho por hacer, las instituciones tienen que mirar a este sector de la población y hacer política pública con y para mujeres; es uno de los retos más grandes. “Necesitamos una actuación integral para conseguir un cambio” en Tlaxcala.