Jueves, agosto 18, 2022
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Perpetrados 116 feminicidios durante administración de Mena; solo hay tres sentencias: CMU

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Durante la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez se han perpetrado 116 feminicidios, pero solo hay tres sentencias firmes, lo que significa 98 por ciento de impunidad en este delito, además de que la reparación del daño es todavía un pendiente, señaló Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU).

En el foro virtual denominado “Tlaxcala no está en paz”, expuso la situación que prevalece en el estado a escasos días de la culminación de este gobierno, en torno a muertes violentas contra la población femenina, registradas de enero de 2017 a este mes de agosto de 2021, y en las que ha identificado hasta cuatro razones de género con base en el Código Penal.

Sin embargo, de la totalidad de casos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solo inició 21 carpetas de investigación por este delito, enfatizó.

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De las tres sentencias condenatorias, conocidas hasta ahora, que muestran el nivel de acceso de justicia de las mujeres, precisó que dos de ellas se desahogaron como juicio abreviado, lo que derivó en la disminución considerable de la sanción, de 26 y 35 años, pues no alcanzó ni la mínima de 40 años establecida.

Mencionó que en esta administración se realizaron tres reformas legales en la materia, pero no se hacen efectivas en las prácticas, ya que, entre otras omisiones, el CMU detecta que aún no se investigan todos los asesinatos de mujeres con perspectiva de género y que prevalece una resistencia para indagar con base en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “Mariana Lima Buendía”. 

Pese a la instalación de la Unidad Especializada para la Investigación de Feminicidios en marzo pasado, “sigue siendo el grupo especializado” para homicidios dolosos quienes acuden al lugar de los hechos, lo cual significa la pérdida de pruebas importantes para lograr la acreditación de este ilícito; además, la policía municipal como primer respondiente ante un hecho de este tipo, carece de capacitación, observó.

“Es innegable el aumento de este delito”, pues del comparativo con el periodo enero-agosto de 2020, cuando se documentaron 17 asesinatos con características de feminicidio, en el de este 2021 la cifra es de 24.

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Destacó que en esta administración no se elaboró ningún diagnóstico al respecto para la elaboración de políticas públicas, mientras que el CMU halló que 38 municipios son los que han reportado muertes violentas contra mujeres y los de mayor incidencia son regiones donde operan redes de proxenetas o con alto índice de delincuencial, como San Pablo del Monte, Tlaxcala, Papalotla y Calpulalpan, entre otros; aunque, existe una cifra negra porque familiares deciden no dar detalles a las autoridades ni a los medios, debido al trato que se le da a estos casos.

Recalcó que el protocolo en la materia no se aplica con exhaustividad, el cual tampoco se aplica en los suicidios que también deberían ser investigados como feminicidios para descartar posibilidad de pretender hacerlos pasar como muerte autoinfligida; en este sentido, agregó que han sido difundidos siete casos.

Las autoridades han minimizado los riesgos que las lesiones representan para las mujeres, ya que en muchas se concreta la tentativa de asesinato, abundó.  Y en las órdenes de protección solicitada, las autoridades no siempre actúan inmediatamente, lo cual aumenta el grado de impunidad.

Puntualizó que en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021 solo se dedicaron siete páginas a la situación de las mujeres tlaxcaltecas, en las que una corresponde a mortalidad materna y un párrafo refiere al delito de trata que afecta a este sector de la población; pero en ninguna línea se cita a la violencia obstétrica ni sexual, al feminicidio y a las desapariciones, no obstante a que los tres últimos ilícitos se relacionan entre sí.

Por su parte, Rosario Adriana Mendieta Herrera, activista y feminista, realzó que pese al andamiaje legal con el que Tlaxcala cuenta para la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y con un sistema estatal, no son operables porque las instituciones encargadas de implementarlos “no lo hacen”.

Enfatizó que al Instituto Estatal de la Mujer (IEM), el cual carece de una normatividad propia desde su creación, a la fecha carece de presupuesto suficiente, pues solo recibe los recursos federales que gestiona y, aunque no tiene herramientas suficientes y se le ha asignado una carga de trabajo excesiva, ha realizado varias acciones y diseñado protocolos omitidos por las dependencias.

En tanto, Erika Cervantes, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, analizó la invisibilidad de la violencia contra mujeres en medios de comunicación locales, dijo de enero a agosto se publicaron 194 notas al respecto, pero las organizaciones solo tienen 30 menciones y que la mayoría se ciñen al boletín institucional.

“Solo un medio utiliza contextualizar la información, ampliarla con fuentes y buscar otras voces además de las instituciones, que -indicó-  es La Jornada de Oriente”. Agregó que es necesario transformar la nota roja en historias de vida.

Por su parte, Elizabeth Muñoz Vázquez, periodista feminista y moderadora de este foro en el que se analizó el trabajo del gobierno saliente de Marco Antonio Mena, en materia de acceso a la justicia para las mujeres y el combate a la violencia de género.

Puntualizó que “Tlaxcala no está en paz” porque  a pesar de que el mandatario ha reiterado en distintos momentos que entrega un estado “en paz” y que desde la sociedad civil no se comparte esta afirmación, “porque la realidad nos muestra otra situación”.

Qué bien –abundó- por la obra pública que se hizo, tal vez hacía falta; ojalá esas carreteras nuevas, no sirvan para que puedan huir más fácil los agresores; que el Hospital General nuevo sea para atender con mejor calidad a mujeres de todas las edades para atenderse de diversas enfermedades, y no por violencia de género.

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