Marcos Castro Martínez, exsecretario General del PAN, señaló que son “normales” los contratiempos financieros que cada nueva administración estatal del partido enfrenta, incluso dijo que él también heredó recursos insuficientes por parte de la gestión que encabezó Genoveva Huerta.
Castro explicó que, quizá no fue correcto el cálculo que realizó de manera conjunta con la exdirigente estatal Augusta Díaz de Rivera para solventar las deudas del partido, pues heredaron a la nueva gestión apenas 1.8 millones de pesos.
Este miércoles, el nuevo dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, reveló que los recursos que la anterior gestión le heredó son insuficientes para cubrir todos los compromisos financieros del partido, tales como el pago de nómina, impuestos, y otros conceptos de gasto corriente, por lo que tuvo que solicitar un adelanto de recursos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
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Interrogado sobre el tema, el también legislador local respondió que él y Díaz de Rivera calcularon que 1.8 millones de pesos serían suficientes para cubrir las necesidades económicas, sin embargo, dijo que prácticamente todas las administraciones han tenido problemas al arrancar el año.
Incluso, dijo que la gestión anterior a la de Díaz de Rivera -que estaba a cargo de Genoveva Huerta, quien actualmente es secretaria general del PAN- también heredó recursos insuficientes por apenas 500 mil pesos por lo que también solicitó, en su momento, un adelanto de recursos al CEN.
“Nosotros dejamos 1.8 millones de pesos, la administración pasada dejó 500 mil pesos, entonces, tratamos de dejar un poco más para que no fuera complicado el arranque”, comentó.
Es importante recordar que, en mayo de 2023, Díaz de Rivera dijo que se detectaron irregularidades por siete millones 600 mil pesos correspondientes a la gestión de Huerta como dirigente estatal del PAN.
El entonces tesorero Jesús Cortés Rojas detalló que del monto total, 7 millones 100 mil pesos correspondían a financiamiento de estructuras internas del partido que no fueron comprobadas.
Otra anomalía, según comentó en su momento, consistió en el pago presuntamente inflado de finiquitos de personal que superaron los 12 meses de liquidación.
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