Las invasiones de predios que derivan en ventas de lotes irregulares o construcción de desarrollos inmobiliarios ya se cuentan por miles y van al alza, sobre todo en la zona sur y norte del municipio de Puebla y su área conurbada, estimó Héctor Hophann Torres, vicepresidente de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (ADAGI).
En entrevista el integrante de la asociación destacó que la mayoría de estas operaciones fraudulentas no se hacen públicas, por lo que es difícil dar una cifra exacta; sin embargo, estimó que sumarían más de miles en todo el territorio de la capital del estado, pero sobre todo en los extremos sur y norte.
Expuso que uno de esos ejemplos es la invasión del predio de más de 12 hectáreas donde se ubica la exfábrica La Covadonga en el norte del municipio de Puebla en los límites con Tlaxcala, la cual presuntamente fue cometida por la empresa Agua Inmaculada SA de CV, y en la cual ya se fraccionaron 450 lotes que se venden hasta en 300 mil pesos.
Otros ejemplos cometidos por “inmobiliarias poderosas” han sido evidenciados por el gobierno del estado en la zona conurbada, en clara alusión al caso de Grupo Proyecta, empresa de la familia Posada Cueto, que ha adquirido a bajos precios, o despojado terrenos en los municipios de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan para construir los desarrollos inmobiliarios de Lomas de Angelópolis.
“La mayoría de las operaciones fraudulentas no se hacen públicas. Hay desarrolladoras muy poderosas que han invadido muchos predios ejidales, que han despojado y esa es una mínima parte del problema. Eso no solo está en el lado sur de la ciudad, sino en todas partes. Yo pensaría que ya son miles de casos. Es un problema que va a ir creciendo”, expuso.
Puedes leer: El ayuntamiento ha protegido la invasión de la exfábrica de Covadonga: afectados
Como integrante de la asociación exigió la respuesta por parte de las autoridades municipales para evitar que siga creciendo y afecte a miles de familias que adquieren predios o casas sin la certeza jurídica.
“En La zona norte las empresas o falsos inmobiliarios aprovechan la línea limítrofe entre Puebla y Tlaxcala porque saben que esto genera un problema entre autoridades. Ha habido disputas entre ambos estados desde tiempos inmemoriales. En el sur aprovechan la zona de Valsequillo para realizar invasiones ya que hay mucha necesidad de terrenos”, sostuvo.
Indicó la ADAGI pone en evidencia estos casos para que los ciudadanos no caigan en querer comprar un predio porque si el tema de las invasiones no se resuelve en el mediano va a crecer y no hay certeza jurídica sobre la propiedad.
“Pedimos a las autoridades que nos ayuden a concretar la Ley Inmobiliaria. Evitar que haya pseudoasesores inmobiliarios y que van a ser parte de este engranaje que permite fraudes por todos lados. Tenemos que ir ordenando para que haya certeza jurídica cuando vamos a comprar”, expuso.
Por su parte, Carolina León Soriano, presidente de la asociación, subrayó que en la actualidad hay miles de asesores inmobiliarios que no tienen la capacitación suficiente, por lo que subrayó que es necesario pedirles que muestren la documentación antes de adquirir un predio con ellos.
El pasado 2 de mayo, La Jornada de Oriente publicó que la empresa Agua Inmaculada S.A. de C.V. fue señalada por orquestar la invasión de ocho de las 12 hectáreas del predio donde se ubicaba la exfábrica Covadonga, al norte de la ciudad de Puebla. Así lo denunció Jesús González Schmal, representante legal de la Fundación Julita y Antonio, en una conferencia de medios.
El abogado explicó que al principio descartaron la participación directa de dicha empresa, pero tras observar que la firma colocó bardas en zonas que no le corresponden y anunció la propiedad del terreno con un letrero, concluyeron que estuvo involucrada desde el inicio de la toma del predio.
“Estamos seguros de que esta empresa financió la invasión para después apropiarse de una parte muy importante del predio”, afirmó González Schmal. La Fundación Julita y Antonio asegura ser la legítima propietaria del terreno, y ha interpuesto denuncias ante el Ministerio Público y ante la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana del ayuntamiento de Puebla.