Aunque el ayuntamiento de San Miguel Xoxtla afirmó que la perforación en la empresa Castores “no era para la explotación de agua subterránea” videos y fotografías evidencian que la oquedad era de gran profundidad, además de que ya había tubería de ocho pulgadas aproximadamente para sacar el agua del municipio.
Durante la clausura del pozo, ordenada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tras el bloqueo de la autopista México-Puebla por más de seis horas el viernes pasado, habitantes lograron tomar evidencia en video y fotográfica de la existencia de un tubo que se extendía por la plancha de la empresa y conectaba con la que lleva el líquido a la ciudad de Puebla, instalada por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).
Lo anterior, a pesar de que tanto personal de la firma como del ayuntamiento de Xoxtla tenían fuertemente custodiadas las instalaciones y no permitían el ingreso al perímetro bajo amenaza de que “actuarían” y llevarían a cabo detenciones “por invadir propiedad privada”, además de que estaban fuertemente armados.
Respecto a las evidencias, los afectados subrayaron que no se requería de una tubería de ocho pulgadas si el pozo era para abastecer a la empresa.
Asimismo, cuestionaron el argumento “inverosímil” del ayuntamiento de Xoxtla en el sentido de que la perforación no era para la explotación de agua a profundidad, sino que respondía a un proyecto de “absorción e infiltración de agua pluvial cuya finalidad es la recarga de mantos acuíferos mediante la captación de los escurrimientos que ocurran en la superficie de pavimentos y azoteas del predio”, como afirmó la autoridad municipal en un comunicado oficial el día de los hechos.
De igual forma estimaron que la profundidad del pozo supera los 200 metros, lo que echa por tierra el argumento del gobierno municipal de que se trataba de un proyecto de absorción de agua pluvial.
Esta al menos la tercera vez que el ayuntamiento expresa de manera oficial argumentos contrarios a la lucha de la defensa del agua que mantienen pobladores de Xoxtla y Mihuacán, así como los integrantes de los comités de agua de ambas poblaciones.
Y es que fue el propio gobierno municipal, argumentó en marzo pasado que el pozo que se construyó a un costado de la autopista México Puebla “era de un particular”, cuando en realidad era excavado por el SOAPAP.
Posteriormente, el ayuntamiento se “comprometió” a buscar una solución conjunta con el comité respecto a la falta del suministro por la descompostura del pozo 2, sin embargo, no mostró apertura para hacer asambleas de manera pública y denunció penalmente al tesorero del órgano ciudadano, Rogelio Flores, quien enfrenta una acusación por despojo.
La última versión que irritó profundamente a los ciudadanos fue la de justificar que el pozo que se construyó en la empresa Castores era para un proyecto de recarga de mantos acuíferos.
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