A pesar de que el gobierno del estado reconstruye solo 28 casas en la zona cero de la explosión de tres ductos de gas en San Pablo Xochimehuacan, otras siete familias exigen que se les permita levantar sus casas bajo el argumento de que acreditan la legítima propiedad, pese a que la autoridad sostiene que es inviable por ubicarse en zona de riesgo.
En conferencia de medios, pidieron la intervención del edil, Eduardo Rivera Pérez, para que puedan hacer trámites como alineación y número oficial, al tiempo de señalar que en la Fiscalía General del Estado han demostrado la posesión y legítima propiedad de los terrenos para que puedan en el futuro reconstruir sus viviendas.
Agregaron que ni siquiera se les permite ingresar a sus predios, ya que cada vez que lo intentan son detenidos por policías que les impiden el paso.
Subrayan que ellos cuentan con las escrituras correspondientes y llevan más de 40 años viviendo en el lugar para acreditar la pertenencia y posesión de los predios, por lo que en su opinión no hay razón para que se les impida levantar sus viviendas.
Sin embargo, hay que recordar que el gobierno del estado realiza la reconstrucción de 28 casas en el perímetro de la explosión ya que el resto se ubicaban en zona de riesgo por lo que es inviable que se puedan levantar.
Las familias que se manifestaron este jueves vivían en las casas que ya no se pueden reconstruir, pese a lo cual argumentan que no se ubican en zona de riesgo como lo establecen los dictámenes oficiales.
En febrero pasado, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta manifestó que un total de 22 familias más serían reubicadas en la zona del Batán, donde ya se realizan trabajos de urbanización.
Los daños causados por la explosión de octubre pasado provocaron que algunas de las viviendas afectadas por la explosión fueran inhabitables.
Por esta razón las autoridades locales y federales determinaron derribar lo que quedaba de las estructuras y posteriormente hacer la remoción de escombros.
Asimismo en abril pasado Roberto N., uno de los siete detenidos por la explosión de una toma clandestina de combustible en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, fue vinculado a un proceso penal.
A través de un comunicado, la FGE dio a conocer que, con base en elementos probatorios que sustentó, se dictó en contra del presunto delincuente auto de vinculación a proceso por su posible responsabilidad en la explosión registrada el 31 de octubre de 2021.
Los delitos que se le imputan son: homicidio calificado; lesiones calificadas; daño en propiedad ajena; ataques a las vías de comunicación: incendio y otros estragos, y encubrimiento.