Recientemente el centro turístico Xcaret se encuentra envuelto en una situación por demás compleja. Según una nota publicada por el periódico El Universal el pasado 31 de mayo, debido a “probables violaciones al derecho de autor, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) resolvió que el Grupo Xcaret deberá retirar de la circulación y exhibición, los documentos y promocionales en cualquier medio, en los que utiliza elementos del patrimonio cultural maya”. A raíz de una demanda realizada por personas pertenecientes al “Gran Consejo Maya”, un juez instruyó a la empresa turística a “abstenerse -sigue la nota- de publicar en cualquier medio y comerciar por sí mismos o a través de alguien más, en cualquier modalidad, productos y servicios de características mayas o basados en la cosmogonía maya. Incluyendo el acceso a parques, hoteles, servicios de transportación, paquetes turísticos y tours en las que se utilicen elementos del patrimonio cultural maya”. De igual manera, no pueden hacerlo en sus redes sociales o a través de su página de internet. Por supuesto, las medidas precautorias no se han cumplido por parte de Xcaret, argumentando que se encuentran en conversaciones con el INDAUTOR para responder de la mejor manera ante la nueva ley que protege y regula el patrimonio de los pueblos indígenas de nuestro país (La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas) base de la demanda. Ante esto, en un comunicado publicado en el portal de Uniradio Informa, la empresa asegura que “el Grupo reafirma su compromiso para colaborar de forma activa, propositiva y transparente, para mantener un diálogo que logre acuerdos entre las partes interesadas, siempre en el marco de lo dispuesto por el bloque constitucional mexicano. (…) En Grupo Xcaret hemos trabajado durante más de 30 años para identificar, investigar, documentar, preservar, transmitir, promocionar, educar, difundir y revitalizar el Patrimonio Cultural Mexicano, trabajando mano a mano con comunidades, portadores, investigadores y autoridades, por lo que siempre estaremos a favor de cualquier ley, proyecto o iniciativa que busque reforzar esta permanente tarea”. Al momento en que escribo estas líneas, pocas notas han salido con respecto a este tema y, salvo El Universal, la nota no ha sido replicada por medios nacionales. Ello no deriva del desinterés por parte de estos medios, sino, que es lo más probable, de esa cauta espera al desarrollo de los acontecimientos que suelen tener algunas redacciones, cosa que no está mal. Empero, considero importante analizar el tema en mi columna por varias razones.
Primero que nada, considero conveniente dar a conocer a quien lea esto, la existencia de la ley que he citado, aquella de Protección del Patrimonio Cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas publicada en enero de 2022 y que regula el uso de dicho patrimonio cultural que, según la norma citada es: “el conjunto de bienes materiales e inmateriales que comprenden las lenguas, conocimientos, objetos y todos los elementos que constituyan las culturas y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que les dan sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos, a los que tienen el pleno derecho de propiedad, acceso, participación, práctica y disfrute de manera activa y creativa”. Dicha ley considera como apropiación indebida a “la acción de una persona física o moral nacional o extranjera, por medio de la cual se apropia para sí o para un tercero, de uno o más elementos del patrimonio cultural, sin la autorización del pueblo o comunidad indígena o afromexicana que deba darlo conforme a lo establecido en esta ley. Asimismo, cuando exista la autorización correspondiente el autorizado realice actos como propietario de uno o más elementos del patrimonio cultural en detrimento de la dignidad e integridad del pueblo o comunidad indígena o afromexicana a que pertenezca”. Incluso, en su artículo 19 estipula que “Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tendrán el derecho de reclamar, en todo momento, la propiedad colectiva reconocida en esta Ley, cuando terceros utilicen, aprovechen, comercialicen, exploten o se apropien indebidamente, de elementos de su patrimonio cultural, incluyendo reproducciones, copias o imitaciones, aun en grado de confusión, sin su consentimiento libre, previo e informado”. Justo es lo que está sucediendo en el tema de Xcaret. Es más, en el artículo 20 se establece que cualquier integrante u organización de la comunidad puede denunciar dicha apropiación indebida. En el caso de Xcaret, aparentemente se trata del Gran Consejo Maya; sin embargo, pareciera que el asunto pudiera tener mucha mayor profundidad de lo que podemos ver a través de las pocas notas periodísticas, pero de ello hablaré más adelante. Lo interesante es que, si nos atenemos a estas pocas líneas que comparto de la ley, comercios, hoteles, instituciones educativas, instituciones gubernamentales y un sinnúmero de otras instancias, violentan constantemente estas disposiciones. El asunto es que, como lo deja ver el artículo 40 de la ley, correspondiente a la instrumentación del Sistema de Protección del Patrimonio, “Corresponde a cada pueblo y comunidad indígena y afromexicana, de acuerdo con sus sistemas normativos, decidir los elementos distintivos de su cultura e identificar las manifestaciones que se encuentran en situación de riesgo, así como las formas y medios para garantizar su continuidad. En su caso, podrán solicitar, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, se lleven a cabo las acciones y programas que garanticen su protección, respeto, registro, documentación, investigación, difusión y, en su caso, acciones para su continuidad”. Esto es que, si una comunidad no se manifiesta en contra de tal o cual transgresión o lucro por parte de cualquier instancia, pues esta seguirá sin ningún problema. Me surgen preguntas necesarias: ¿las comunidades conocen esta ley? ¿Se encuentran organizadas, tienen representantes?
Ante lo anterior, el caso de Xcaret resulta interesante pues es el Gran Consejo Maya de Quintana Roo aparentemente quien ha hecho la denuncia de apropiación ante el INDAUTOR. Sin embargo, indagando en torno a ese Consejo, me he encontrado con un panorama sumamente enmarañado. Hilda Landrove Torres en su artículo “Los conflictos del Gran Consejo Maya: Dinámicas de la relación entre los mayas macehuales y el Estado de Quintana Roo” publicado en el Maya America: Journal of Essays, Commentary, and Analysis de la Universidad Estatal de Kennesaw, Georgia, afirma que “El Gran Consejo Maya es una de tantas organizaciones o proyectos en la Península de Yucatán, en particular en Quintana Roo, que llevan el ‘maya’ como apellido. Por ejemplo, observemos el Gran Consejo Maya, los ‘dignatarios mayas’, el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya (INMAYA), el Congreso Maya y más recientemente, el Tren Maya. El apellido no indica una identidad o un protagonismo de los mayas (aunque esa sea su presentación discursiva), sino la puesta en escena de la instrumentalización de “lo maya” en las políticas de nivel estatal y federal por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo”. El Consejo fue creado en 1998 cuando gobernaba ese estado Mario Villanueva Madrid y fue constituido con autoridades de la estructura religiosa de los denominados mayas macehuales también llamados cruso’ob, término que, según Landrove “puede ser traducido libremente como ‘Los de la Cruz’ (conformado por ‘cruz’ más o’ob, el plural del maya), [y que] es un término que se utilizó durante el Siglo XIX para denominar a quienes se alzaron contra los yucatecos y protagonizaron la Guerra Social Maya, o Guerra de Castas, identificados por su devoción a la Cruz Parlante. Su autodenominación actual más recurrente, y también entonces, es macehual”. De acuerdo con su artículo y como vemos en diversas notas periodísticas de los últimos cinco años, dicho Consejo ha significado numerosos conflictos entre los macehuales, su estructura religiosa y el Consejo mismo, al grado de que se han dado destituciones y quejas abiertas ante las autoridades por parte de los macehuales que incluso han pedido la disolución de esa entidad por no responder a los intereses de los mayas. Sin embargo, la cosa dista mucho de ser clara en todo momento como bien señala Landrove: “Las estrategias que muchos mayas macehuales ponen en funcionamiento para enfrentar las intenciones clientelares de los agentes estatales no deben pensarse, sin embargo, como absolutas. Algunos mayas macehuales están dispuestos a participar en el juego político con los términos impuestos por el Estado, en particular aquellos que tienen un rango más alto en la jerarquía de la organización social. Esto se evidencia al integrar instituciones creadas desde la jurisdicción estatal, como el propio Gran Consejo Maya, y operar con sus propias dinámicas (… ) En varias ocasiones de la historia cruso ́ob, ha emergido el conflicto entre líderes que han intentado negociar con el gobierno y líderes que se han negado a hacerlo, invocando a una autonomía estricta. La autonomía es aún, en un nivel discursivo, un valor al que se apela y su contrario, prestarse a manipulaciones de actores externos, es socialmente sancionado como negativo”. En efecto, según documenta la autora, tales negociaciones, ires y venires, han generado suspicacias por parte de los macehuales que ven en la ambición de esos mayas tan cercanos al poder un peligro para la comunidad.
Después de todo esto, me surgen numerosas interrogantes en torno a la demanda de ese Consejo en contra de Xcaret. Para empezar, ¿han hecho demandas similares en contra de todos los negocios que lucran con lo “maya” en los principales centros turísticos de Quintana Roo como Cancún, Playa del Carmen, Tulum o Bacalar? Y, por el contrario, ¿representan a los macehuales al apoyar el proyecto del Tren Maya como lo hizo el General Gabino Cruz Yeh en un video publicado en julio de 2020 en la página de Facebook Amigos del Tren Maya? ¿O es que responden a los intereses de los externos a la comunidad, los denominados ts’ules? Por principio de cuentas juzgo justo el reclamo de dicho Consejo frente a Xcaret que ha venido año con año lucrando con lo “maya”, a su manera, sin retribuir en serio, en los términos de la propia ley a las comunidades mayas. Por supuesto que argumentarán que lo hacen dando trabajo a las comunidades, argumento que también se encuentra en la justificación del Tren Maya, pero en realidad, ¿qué tanto ha beneficiado después de tantos años a los mayas? Y no me refiero a lo económico, sino en todos los demás aspectos de la vida de las comunidades: en su cosmovisión, en su identidad, autoconcepto, en su vida cotidiana. ¿Será acaso esta demanda una disputa entre políticos y empresarios en el que, como de costumbre, se ven embarradas las comunidades ya sea como ariete, ya sea como comparsas? El tiempo lo dirá.