Volkswagen de México está buscando formas de castigo a trabajadores en activo que se han solidarizado con el grupo de 10 despedidos que presentaron una queja ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, por violaciones a la libertad y democracia sindical, así como a la contratación colectiva.
Esto queda corroborado con dos medidas recientes que causaron malestar entre los operarios de la planta instalada en Cuautlancingo. Una de ellas consiste en que los obreros solo podrán trabajar como máximo nueve horas extras a la semana; y la segunda, fue un intento de revisión de casilleros para buscar herramientas que pertenecen a la compañía, la firma inicialmente la había programado para el 4 y 5 de julio en el en el área de montaje N84, del segmento Taos, pero después se desistió.
Así lo informaron los mismos trabajadores que fueron dados de baja y que, en un comunicado de prensa emitido este lunes, indicaron que la denuncia que ellos hicieron no está relacionada con las decisiones de la ensambladora y sin embargo, los coordinadores está informado a los sindicalizados lo contrario.
“Ninguna de estas dos acciones implementadas por la empresa tiene relación con la queja que interpusimos ante el MLRR… La revisión de casilleros bajo el argumento de ‘recuperar ‘ objetos propiedad de la empresa, es una clara acción de criminalización de las y los trabajadores que violenta el principio de presunción de inocencia que prevalece en los artículos 14 y 16 de nuestra constitución”, expusieron los obreros, mismos que son representados por abogadas de la Red de Mujeres Sindicalistas.
Recodaron que en todo caso, la empresa debe operar apegada a la legislación mexicana y, en ese contexto, indicaron que el pasado 7 de junio se publicó una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, en la que se establece que las sanciones para los empleadores que no paguen horas extras y obliguen a sus empleados a laborar más de 48 horas, serán de tres a 10 años de cárcel y deberán pagar una multa de 5 mil a un millón 200 mil pesos.
Además de deslindarse de lo que está haciendo Volkswagen con su personal de base, los removidos señalaron que las acciones de la trasnacional son ejemplo claro de las violaciones a los derechos laborales que frecuentemente ocurren al interior de la planta ubicada en Puebla.
Cabe recordar que está en curso una investigación que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició, a petición del gobierno del Estados Unidos, para corroborar si es que existieron violaciones a los derechos laborales de la decena de despedidos.
Lo resultados se darán a conocer a más tardar el próximo 12 del presente mes.