La humanidad se enfrenta a un desafiante reto: la producción de vacunas contra la COVID-19 en el mundo avanza a un ritmo mucho menor en relación a la demanda. Esto ha dado por resultado que, a nivel global, exista un acceso desigual a las diferentes vacunas, lo que se ha traducido en que, por un lado, más de tres cuartas partes de las personas vacunadas al día de hoy viven en los diez países más ricos, mientras que 130 países donde viven más de 2,500 millones de personas, aún no han empezado a vacunar a su población. Este escenario significa a su vez que, muy probablemente, el 90% de los habitantes de los 70 países más pobres del mundo, tienen pocas esperanzas de acceder a una vacuna durante 2021. Existen muchas razones geopolíticas que explican este fenómeno, pero una de ellas tiene que ver con que las vacunas son concebidas en el mundo capitalista global como una mercancía y no como un bien público.[1]
Frente a este escenario adverso, especialistas internacionales en vacunas han planteado que deben existir criterios éticos para orientar las políticas de vacunación contra el SARS-CoV-2 en el mundo. Uno de los valores que se han propuesto, en el marco de la escasez global de vacunas, es la priorización de ciertos sectores de la población. Es decir, que todos los países inicien la vacunación con el personal de salud, con los grupos poblacionales desfavorecidos, con mayor riesgo de enfermedad grave y que enfrentan mayores condiciones de desigualdad social.[2]
Desde agosto de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un boletín en el que advertía que la pobreza, el racismo y la desigualdad hacen que los más vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas, tengan menos posibilidades de sobrevivir si se enferman de COVID-19. El director de emergencias de este organismo global, Michael Ryan, señaló:
“Lo que no está en duda es que si por tu etnia, si porque eres indígena, si porque vives en la pobreza, si has vivido durante años sin un buen acceso a los servicios de salud, si tienes enfermedades previas como diabetes e hipertensión derivadas del estilo de vida causado por la pobreza, el resultado es mucho peor y el acceso a los servicios sanitarios es mucho más lento, más tarde y con menos nivel de sofisticación”.[3]
En septiembre del año pasado, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) pidió que se incluyera a estos pueblos en las campañas de vacunación:
“las instituciones de salud de los estados y organismos internacionales deben incluir programas y estrategias específicas para los pueblos indígenas cuando se comience a vacunar; además, se requieren respuestas técnicas que tomen en cuenta la situación geográfica, la dispersión y distancias en las que viven las comunidades indígenas”. Este organismo latinoamericano también reconoció que las condiciones de acceso a las comunidades indígenas deben ser consideradas en la logística para asegurar la cadena de frío de las vacunas. Además, llamó a los Estados de la región para que “diseñen campañas de vacunación con pertinencia cultural, que contemplen y respeten desde los idiomas locales hasta las dimensiones de salud propias de los pueblos y comunidades. Sin ello, es altamente probable que se fracase en la masificación de las vacunas (…) es imprescindible incorporar a las autoridades, organizaciones y liderazgos indígenas en el diseño e implementación de las estrategias y campañas de vacunación”. [4]
En respuesta a la asimetría global entre los países, desde abril de 2020, el Gobierno de México presentó una propuesta de cooperación internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar condiciones de igualdad en el acceso mundial a medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente a la Covid-19, lo que implicaba construir una reacción global a la pandemia basada en la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral. La propuesta de México, que fue aprobada por más de 160 Estados, parte de la premisa de que los países más pobres son los más afectados por esta crisis mundial.
A escala nacional, el Gobierno de México ha sido congruente con la propuesta planteada a la ONU. A mediados del mes de febrero, en voz del Director General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, informó que además de los adultos mayores, se priorizaría a las personas del ámbito rural en la vacunación contra COVID-19 por una importante razón:
“Las zonas rurales, las zonas más alejadas han sido históricamente aisladas y discriminadas. Tienen menos probabilidad de encontrar un servicio de salud de segundo nivel o de cuidados intensivos que las personas urbanas. Con esta estrategia se busca evitar el traslado de personas hacia las grandes urbes para ser hospitalizadas. En estas zonas no solo hay precariedad económica y carencia de servicios médicos, infraestructura y especialistas, sino escasez de transporte, de caminos pavimentados o en buen estado para trasladar a los pacientes. Las distancias suelen ser también más largas”.[5]
En el documento Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 que publicó el Gobierno de México el pasado 11 de enero, ya se había anunciado que: “La vacunación de personas adultas mayores tendrá un enfoque primario de mayor vulnerabilidad territorial, por lo que iniciará con la población que reside en zonas rurales dispersas y progresivamente continuará hasta llegar a áreas metropolitanas” (p. 19). Se considera la inmunización de 3 millones de personas adultas mayores en el ámbito rural como parte de la primera etapa de vacunación.
Otro gran desafío que tiene un país como México, es su diversidad geográfica, pues existe población dispersa en cadenas montañosas, valles, selvas y desiertos. Ello significa un enorme reto, que es el de la cadena de frío que asegura el correcto almacenamiento y distribución de vacunas a los servicios de salud desde el nivel nacional hasta el nivel local. Implica la existencia de equipos de refrigeración que permitan conservar las vacunas a las temperaturas recomendadas para mantener su potencia y calidad hasta los lugares más remotos, a los que solo se puede acceder a caballo o a pie.
La complejidad logística que surge de la combinación entre la dispersión territorial de miles de comunidades rurales, esquemas de dosis y la necesidad de asegurar la cadena de frío para las vacunas, está reconocida también en la Política Nacional de Vacunación:
“Se considera una mayor factibilidad de aplicación para vacunas que requieren ultracongelación, las zonas urbanas, mientras que para las vacunas que solo requieren congelación y/o refrigeración para regiones rurales. En cuanto a esquemas (una vs. dos o más dosis), se requiere considerar la posibilidad de tiempos distintos de acuerdo con cada vacuna entre la primera dosis y el refuerzo, en caso de que así se requiera, además, existe mayor dificultad de completar esquemas que requieren más de una dosis de vacuna en personas que viven en regiones de más vulnerabilidad geográfica” (p.20).
La estrategia del Gobierno de México busca reducir el riesgo a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad debido a su localización geográfica, a sus condiciones económicas y al limitado acceso que tienen a servicios de salud especializados en la atención por COVID-19. Retoma además las recomendaciones del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS, que también propone que en la aplicación de las vacunas se priorice al personal médico y a grupos de alto riesgo o mayor vulnerabilidad social, en pobreza extrema, a poblaciones de difícil acceso, de áreas rurales o remotas.
Otros ejes de priorización provienen de las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19 (GTAV), integrado por científicos mexicanos y extranjeros de diferentes instituciones académicas. Este equipo asesor ha planteado que además del rango de edad, se debe ponderar la capacidad de cobertura, que corresponde al número de vacunas disponibles en relación a la población de adultos mayores de un municipio, las características de la vacuna y la logística que requiere a partir de su rango de temperatura, entre otros factores.[6]
Se parte del reconocimiento de que la desigualdad que existe en el país ha sido un factor que ha incidido en que, en las zonas rurales, aun cuando tienen menos contagios, la letalidad ha sido hasta 50% mayor, en comparación con las zonas urbanas. Ello no significa que la población de las ciudades no tendrá pronto acceso a las vacunas, pues también se ha empezado ya a inmunizar a los municipios urbanos con mayor población a nivel nacional, como Ecatepec.
La política de vacunación de México contrasta con las de otros países, como Brasil o Perú, donde sectores vulnerables de la sociedad, como los pueblos indígenas, han denunciado un trato discriminatorio en el acceso a las vacunas contra COVID-19.
Además de los retos que supone para nuestro país la combinación de factores como la desigualdad histórica, la dispersión territorial de la población, o la complejidad geográfica, el Estado mexicano en su conjunto también enfrenta la oscuridad de ciertas fuerzas políticas minoritarias que, al carecer de un discurso coherente y de un proyecto de nación, concentran sus esfuerzos en minar la confianza del pueblo mexicano en la campaña de vacunación como estrategia prioritaria para recuperar el poder que han perdido en las urnas.
La campaña para vacunar y proteger al pueblo mexicano de la COVID-19 es una gesta heroica, inédita en la historia de nuestro país, materializada por las brigadas, en las que participan miles de voluntarios, que están llevando las vacunas a los lugares más inaccesibles o donde existe un alto riesgo por la violencia que se padece desde hace décadas. También lo es por el gesto de nobleza y solidaridad que se ha expresado con los adultos mayores más vulnerables, esos que tienen dificultades de movilidad. Ello explica escenas que se han vuelto comunes en cerros, cañadas y veredas de las comunidades remotas, donde se ha movilizado en estos días a miles de adultos mayores en burros, caballos, carretas, sillas o en camillas improvisadas con palos y cobijas hacia los puestos de vacunación.
En medio del vendaval, estas escenas evocan aquella frase tan hermosa y conocida de la escritora nicaragüense Gioconda Belli: “La solidaridad es la ternura de los pueblos”.
[1] Batthyány, Karina, “Más de tres cuartas partes de personas vacunadas hasta hoy viven en países ricos”, en CLACSO, 10 de febrero de 2021.
[2] Ezequiel J. Emanuel, Govind Persad, et.al., “Un marco ético para la asignación mundial de vacunas”, en Science, Vol. 369, No. 6509, pp. 1309-1312, septiembre de 2020; Govind Persad, Monica E. Peek, et.al., “Fairly Prioritizing Groups for Access to COVID-19 Vaccines”, en JAMA, No. 324, pp. 1601-1602, 2020.
[3] ONU, “Los pobres e indígenas tienen más probabilidad de morir si se enferman de COVID-19, advierte la OMS”, 6 de agosto de 2020.
[4] FILAC, “Próximo paso: garantizar el acceso a vacunas para los pueblos indígenas”, 9 de septiembre de 2020.
[5] Gobierno de México, “Conferencia encabezada por Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, desde Palacio Nacional”, 14 de febrero de 2021.
[6] Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19, “Priorización inicial y consecutiva para la vacunación contra SARS-CoV-2 en la población mexicana. Recomendaciones preliminares”, en Salud Pública de México, diciembre de 2020.