En el Congreso local y en un acto del gobierno del estado, ayer, una semana después del sismo que causó severos estragos en 112 municipios de Puebla y que por razones obvias concentró la atención de todos los sectores dentro y fuera del país, se recuperó el tema de los feminicidios que azotan a la entidad.
Cierto es que los estragos del movimiento telúrico y la atención a damnificados debe ser una prioridad, pero no debe para nada convertirse en un pretexto o una suerte de distractor para no atender la violencia de género que impera en Puebla y, particularmente, el homicidio de mujeres por su condición.
Necesario es que se establezcan políticas públicas efectivas y concretas para prevenir los ataques contra féminas, porque los discursos van y vienen de parte de las fuerzas políticas y de las autoridades sin que en los hechos la violencia de género mengüe: tan solo ayer se conoció el feminicidio número 87 en lo que va del año lo que coloca a esta cifra macabra por encima de ese tipo de crímenes consumados en 2016.
Las políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres deben incluir no solo a las féminas que laboran o colaboran con el gobierno sino también a aquellas que forman parte de organizaciones especializadas, académicas y activistas feministas, que son conocedoras y estudiosas del tema.
Es así que se deben concentrar todos los esfuerzos oficiales y de la sociedad en el combate efectivo a la violencia de género.