El tema de los inmuebles para vivir en la zona metropolitana Puebla–Tlaxcala se mantiene como una necesidad fundamental a atender por su complejidad: por un lado existe un déficit de 49 mil 800 viviendas populares; algunas de las razones son la escasez de propiedades y sus altos precios, según datos del Infonavit. Por otro lado, la ciudad de Puebla se encuentra entre las 10 en el país con el mayor número de casas abandonadas por falta de pago, que se relaciona con la pérdida del trabajo, la mala calidad de las viviendas, daños estructurales que impiden su habitación y/o carecen de los servicios básicos, según el Atlas de abandono del mismo instituto.
A esto hay que agregar que los conflictos por el territorio y el agua en esta zona metropolitana se han incrementado por la intención de construir desarrollos inmobiliarios de alta plusvalía. Prácticas como los incendios forestales provocados por las constructoras involucradas –que arrasan con flora y fauna endémicas de un valor biológico incalculable– para solicitar el cambio de uso de suelo, o la excavación de pozos en zonas de estrés para satisfacer la demanda de estas expansiones que afectan a las comunidades, dejándolas sin agua, han generado un aumento de la inconformidad social y las protestas de pobladores contra estas construcciones.
Además, hay que considerar los fraudes en la venta de estos inmuebles. El caso más destacado recientemente es el de OAK 58, que a un centenar de personas de Puebla, Morelos y de la Ciudad de México no les han entregado los departamentos que compraron en preventa en la zona de Lomas de Angelópolis, por los que pagaron entre 5 y 18 millones de pesos cada uno. Pero solo es un caso de los mil 800 fraudes inmobiliarios que se perpetraron en 2023 y que van desde los 5 mil pesos hasta millones, según estimaciones de AMPI.
El encarecimiento de la vivienda para la clase trabajadora, la mala calidad de las construcciones, falta de alumbrado público, seguridad, escuelas y agua entubada afectan a la mayoría de la población que requiere de una vivienda. La ambición por la expansión de desarrollos inmobiliarios de lujo en territorios que pertenecen a las zonas de uso común de los pueblos, áreas naturales protegidas, y el despojo de tierras con el uso de la fuerza, afectan a los pobladores de las comunidades, acorraladas por la expansión urbana.
Atender los conflictos territoriales, demandar la construcción de viviendas dignas y regular la compra, venta y renta de inmuebles, son temas prioritarios a atender por las autoridades.
