Un juez federal vinculó a un proceso penal a 11 servidores públicos del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros por los delitos de falsedad de declaraciones y alteración de documentos oficiales relacionados con la agresión contra dos periodistas cometida el 10 de marzo de 2023.
El caso corresponde a las agresiones físicas que las periodistas Natalie y Michell Hoyos López sufrieron en el marco de la cobertura que realizaron a las actividades del Día Internacional de la Mujer.
Este sábado, el juez a cargo del caso llevó a cabo una audiencia que tuvo una duración de más de cinco horas en la que decidió sujetar a un proceso penal a cinco servidores públicos de la Comuna de Izúcar de Matamoros, entre estos el síndico y el director de Seguridad Pública, Omar N. y Marco Antonio N., así como el juez Calificador y seis policías municipales.
Durante la comparecencia, los integrantes del ayuntamiento presentaron testigos en su defensa pero a estos se contrapusieron más de 30 pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Hay que recordar que la noche del 10 de marzo de 2023, por lo menos una docena de policías de Izúcar detuvieron a las dos reporteras sin motivo, después de la cobertura de las marchas por el Día Internacional de la Mujer.
Ya en los separos, los agentes de seguridad pública las incomunicaron, las torturaron, las desnudaron y las obligaron a hacer sentadillas con el fin de humillarlas, por lo que las afectadas presentaron dos denuncias.
Una de estas fue por el trato que recibieron y la otra porque, después de lo sucedido, funcionarios municipales intentaron alterar documentos y otras pruebas para hacer parecer que nada ocurrió.
En la audiencia de este sábado quedó evidenciado que el juez calificador de Izúcar, y el cuál ordenó que las dos periodistas quedarán incomunicadas bajo el argumento de que “ensuciaron la ciudad”, no cuenta con cédula profesional para ejercer.
La pena que se podría dictar en contra de los funcionarios implicados podrían alcanzar hasta 20 años en prisión, de acuerdo con el Código Penal federal.
La audiencia de este sábado fue pospuesta en más de una ocasión, por lo que habitantes de Izúcar tuvieron que protestar, la semana pasada, en el Centro de Justicia Federal, a fin de que el caso se agilizara.
Debe subrayarse que está pendiente por realizarse otra audiencia por el delito de tortura en contra de las comunicadoras, causa penal en la que, además de los funcionarios señalados, también está implicada la presidenta municipal Irene Olea quien actualmente busca la reelección bajo las siglas de Morena.
Previamente, las dos periodistas afectadas comunicaron el caso instancias nacionales como la agrupación protectora de los derechos de los periodistas Artículo 19, e internacionales como la ONU, a fin de recibir su apoyo pues temen tráfico de influencias por parte de Irene Olea.
Te podría interesar: Madres buscadoras reclaman a diputados haberse ido de candidatos sin aprobar Ley de Declaración de Ausencia.