Tras más de cuatro horas de audiencia, la exedil de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, fue vinculada a proceso por el delito de intimidación contra los testigos protegidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de tortura contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López en 2023.
El juez federal Jorge Eduardo Ramírez Téllez desestimó la vinculación a proceso por el delito de falsificación de documentos y declaraciones. Ante esto, Michelle López anunció que su equipo apelará la decisión del juez.
Sobre la vinculación a proceso por el delito de intimidación, el juez federal dictó dos meses para la investigación complementaria. Dicho delito está penado, según la legislación, con una condena de entre uno y siete años de prisión.
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En rueda de prensa, Michelle López informó que el juez federal Jorge Eduardo Ramírez Téllez desestimó la vinculación a proceso contra Irene Olea por los delitos de falsificación de documentos y declaraciones, al argumentar que dicho delito solo se configura cuando la persona acusada realiza la falsificación de manera material.
A pesar de que la FGR logró acreditar que Irene Olea Torres ordenó la alteración de documentos y declaraciones para entorpecer el desarrollo de las investigaciones por tortura policiaca y agresiones sexuales contra Natalie y Michelle Hoyos López, ya que el propio juez reconoció que las pruebas son válidas, la determinación se basó en la interpretación del titular del juzgado federal.
Por todo lo anterior, Michelle López declaró que esta no representa una victoria para Irene Olea Torres, ya que quedó validado que la exedil sí ordenó la falsificación de documentos y declaraciones de exfuncionarios del ayuntamiento de Izúcar.
“Lamentablemente el juez de control no la vinculó a proceso por falsificación de declaraciones y documentos. Pero esto no es una victoria de Irene Olea Torres, porque ella mandó a falsificar y se pudo comprobar con más de 49 pruebas que presentó la Fiscalía.”
Sobre ello, Michelle López consideró que el Poder Judicial no está a favor de las víctimas y que los jueces aprovechan “leyes retrógradas” para emitir resoluciones a favor de las personas agresoras.
“Ellos piensan de manera privilegiada. Nosotros no estamos cómodos; venimos desde Izúcar de Matamoros, un municipio con alta incidencia delictiva, donde asesinaron a una testigo protegida, y estamos a la expectativa de que nos suceda algo”.
Por otra parte, Michelle López declaró que el juez de control, Jorge Eduardo Ramírez Téllez, la revictimizó en más de una ocasión al referirse a ella reiteradamente como “la que se cree, según, víctima del delito que no es”.
En cuanto al delito de falsificación de documentos y declaraciones, aún están pendientes los juicios contra 11 exfuncionarios de Izúcar, de los cuales 6 se encuentran prófugos de la justicia. El resto acudirá a audiencia en julio, en la que, según Michelle López, buscarán la suspensión del juicio mediante una compensación del daño y una disculpa pública.
Sin embargo, el equipo de abogados de las víctimas buscará que esta resolución no se concrete y que se celebre el juicio contra los imputados.
Finalmente, será hasta agosto que la exedil de Izúcar de Matamoros acudirá nuevamente al Centro de Justicia Penal Federal, ahora vinculada a proceso por el delito de intimidación. En dos meses, la justicia federal deberá emitir un fallo que podría conllevar una pena de entre uno y siete años de prisión.
