Durante los últimos seis años aumentó 4.6 por ciento la prevalencia de corrupción en el estado de Puebla, ya que mientras en 2013 se reportó que el 11.1 por ciento de la población había sido víctima de este mal, para 2019 llegó a 15.7 puntos porcentuales.
Así lo reportan datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en vísperas del 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción.
De esta forma, Puebla formó parte de las 25 entidades en donde se registró que los actos de corrupción aumentaron.
Ello a pesar de que hasta hace dos años este estado reportó contar con todos los órganos de los Sistema Estatal Anticorrupción, es decir un comité coordinador en la materia, Consejo o Comité de Participación Ciudadana, Fiscalía Anticorrupción u homóloga, Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, así como planes y programas anticorrupción.
Destaca que en 2019, en Puebla, el 79.7 por ciento de las personas no denunció su victimización por corrupción.
Por otra parte, el 69.6 por ciento de los 217 municipios de esta entidad federativa, es decir 151, reportaron hasta 2018 no contar con un plan o programa anticorrupción.
Otro 7.8 por ciento, es decir alrededor de 16, indicaron no saber, y 50 confirmaron que sí lo tienen.
Hidalgo es la entidad con menos ayuntamientos incumplidos, el 46.4 por ciento; en cambio, en Tabasco el 100 por ciento de los gobiernos municipales adolece del citado programa.
El Inegi indicó que para focalizar las acciones encaminadas a prevenir y resolver la problemática del soborno en las oficinas públicas, es importante conocer los espacios de interacción donde esta práctica ocurre con mayor frecuencia.
De manera sistemática desde 2013, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción, indicó, son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, en las oficinas para gestionar permisos relacionados con la propiedad y en los trámites ante el Ministerio Público, que en 2019 registraron prevalencias de 59.2 por ciento, 25.0 por ciento y 24.8 por ciento respectivamente, siendo todos estos trámites responsabilidad del ámbito estatal.
En 2019, el monto total por actos de corrupción que experimentaron las personas en todo el país al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, ascendió a 12 mil 770 millones de pesos, lo que representó 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.
Acerca del costo que representa el trámite con mayor prevalencia de corrupción, es decir, es decir la derivada del contacto con autoridades de seguridad pública, fue de 2 mil 244 millones de pesos el año pasado, lo que significó un gasto promedio de mil 294 pesos por cada víctima.