El gobierno de Puebla propuso al Congreso local cambios al marco normativo, a fin de que la verificación vehicular sea obligatoria no solo para las unidades que se encuentran registradas en la entidad federativa, sino también para aquellas que circulan por el estado.
De ser aprobada, la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) será la responsable de revisar el cumplimiento de ese procedimiento tanto a vehículos de particulares, como del servicio público de transporte.
En la iniciativa se reconoció que Puebla sufre un deterioro en la calidad del aire y que uno los detonantes son las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera relacionados con el incremento del parque vehicular.
“En este sentido, se estima necesaria una transformación en materia ambiental (…) que permita controlar, vigilar y reducir la contaminación y los factores de riesgo, acorde con los avances tecnológicos, como en la excelencia del servicio de verificación vehicular y la implementación de medidas legales y administrativas en beneficio de sus habitantes”, agregó.
La reforma se propone a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en vísperas de que los verificentros del estado reanuden actividades tras un cambio de concesionarios impulsado por el gobierno estatal.
Actualmente, la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable determina, en el artículo 120, que deben ser sometidos a verificación “los vehículos automotores registrados en el estado”, por lo que se propone modificar esa porción normativa para agregar “a los que circulen en el estado”.
Asimismo, se precisa que la verificación se llevará a cabo conforme al Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica y los programas que formule la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.
A la par, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública aumenta las facultades de la SMT en materia de vigilancia, pues el ordenamiento vigente únicamente le obliga a “establecer” los requisitos, documentos, certificados y hologramas que deben portar los vehículos de los particulares y los del servicio de transporte público, mientras en la iniciativa se propone darle la función de solicitar y revisar los mismos.