Los colectivos feministas que promueven la despenalización del aborto en Puebla dentro de las 12 semanas de gestación celebraron que la iniciativa fuera aprobada en Veracruz, al tiempo de acusar que no ha prosperado en el estado por falta de voluntad política de la bancada mayoritaria de Morena del Congreso local.
Veracruz se convirtió en la cuarta entidad federativa del país, de un total de 32, en garantizar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, tras reformar el Código Penal local con 25 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Las redes sociales se llenaron de reclamos hacia los diputados poblanos, la mayoría de los cuales se dirigieron a la presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Merino Escamilla, también coordinadora de la fracción de Morena.
“La legislatura hiper progresista de Puebla está quedando con cara de payaso. Ya vieron Hidalgo y ahora Veracruz y aquí su presidenta de la Junta de Gobierno, montándose en iniciativas de los 90’s”, reprobó la Coordinadora Feminista de Puebla, en alusión a la reforma que recientemente aprobó el Congreso para garantizar el reparto gratuito de anticonceptivos, medida que es una realidad a nivel nacional desde 1994.
En tanto, la vocera de la REDefine Puebla y una de las activistas que participaron en la toma del Congreso en diciembre pasado para exigir la legalización del aborto, Cinthya Ramírez, manifestó que el caso de Veracruz deja al descubierto que la despenalización si es una cuestión de voluntad política.
“Gran pendiente deja el partido con mayoría en el estado”, manifestó en un mensaje en twitter en el que arrobó la cuenta de Nora Merino.
La despenalización del aborto es una realidad en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, mientras en Puebla el Congreso sólo lo discutió en un parlamento abierto en abril pasado al que asistieron especialistas, activistas e integrantes de los grupos de derecha que exigen mantener la sanción de cárcel.
En Puebla, el aborto se sanciona hasta con un año de prisión
El Código Penal vigente en el estado determina que “se impondrá de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.
A través de un paquete de reformas que cuenta con el respaldo de los colectivos feministas, las diputadas Rocío García Olmedo del PRI y Estefanía Rodríguez Sandoval de Morena buscan eliminar la sanción de cárcel cuando la interrupción del embarazo se realice dentro de las primeras 12 semanas.
En caso de que se suspenda más allá de las 12 semanas, proponen reducir de un año a seis meses el tiempo en prisión o permutarlo por 300 días de trabajo a favor de la comunidad.
Reforma permitiría abortar por “causas económicas graves”
Estefanía Rodríguez y García Olmedo también plantean agregar como excluyente de la responsabilidad penal las “causas económicas graves”, el cual se sumaría a los cuatro casos que ya menciona el Código Penal en los que el aborto no es sancionable.
Las excepciones ya contempladas son cuando el embarazo haya sido interrumpido por imprudencia de la mujer, sea el resultado de una violación, ponga en peligro de muerte a la gestante o el producto presente malformaciones graves.
Asimismo, el paquete de reformas tiene como propósito garantizar a las mujeres que deseen interrumpir un embarazo en los casos permitidos por el Código Penal, la posibilidad de realizarse esa intervención en las instituciones públicas de salud del estado, de “forma gratuita y en condiciones de calidad”.