A menos de dos meses de iniciada la gestión de Alejandro Barroso Chávez como presidente municipal, un grupo de vendedoras de hierbas medicinales interpuso un amparo contra el ayuntamiento tras un intento de desalojo en la calle Agustín A. Cacho.
El proceso legal fue promovido por alrededor de 10 comerciantes, quienes buscan evitar ser removidas de los espacios donde han trabajado durante años, según explicó su abogado, Jorge Montoya Jiménez.
Pagos regulares y reconocimiento oficial
Montoya señaló que las vendedoras pagan diariamente 45 pesos al ayuntamiento por conceptos como recolección de basura y uso de la vía pública, lo que queda registrado mediante boletos oficiales entregados por el municipio. Este hecho, indicó, representa un reconocimiento de su estatus como comerciantes autorizadas.
Discriminación y presunta extorsión
El abogado denunció que el área de Fomento Comercial parece tener una intención específica de desalojar a estas mujeres, ya que ellas fueron las únicas obligadas a levantar su mercancía, mientras que más de 200 comerciantes operan en el centro sin restricciones similares.
Montoya también mencionó una exigencia adicional de 2 mil pesos por vendedora—casi 20 mil pesos en total—como condición para no ser desalojadas, lo cual calificó como un posible acto de extorsión.
Amparo y defensa legal
Ante la amenaza de usar la fuerza pública, las vendedoras solicitaron la protección de un juez federal para garantizar sus derechos laborales y evitar el desalojo mientras se desarrolla el proceso jurídico.
El abogado espera que el juez otorgue la suspensión del acto administrativo, permitiendo a las vendedoras continuar con su trabajo. Resaltó que este caso involucra no solo aspectos legales, sino también una injusticia social al afectar a mujeres indígenas que promueven la medicina tradicional y preservan la cultura local.
Conclusión
Este conflicto pone de relieve la lucha de las comerciantes indígenas por defender su derecho al trabajo y la conservación de la cultura tradicional en Tehuacán, enfrentando acciones del gobierno municipal que podrían ser vistas como discriminatorias e ilegales.
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