Vecinos de General Felipe Ángeles y Quecholac enviaron una carta a la Secretaría del Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) exigiendo su intervención para detener las afectaciones que están padeciendo por la saturación del relleno intermunicipal de esa región, conocida como el triángulo rojo.
Copia digital de la misiva fue entregada a esta casa editorial y en ella los quejosos recuerdan que el pasado 19 de diciembre protestaron e impidieron que camiones hicieran sus descargas en ese tiradero, debido a que la contaminación ya ha causado problemas de salud –como infecciones estomacales y males respiratorios– a varios pobladores, además de que también se han contaminado tierras de cultivo.
En el documento los afectados recuerdan que originalmente el relleno sanitario intermunicipal iba solo a prestar servicio a cuatro localidades: Quecholac, General Felipe Ángeles, Tecamachalco y Palmar de Bravo, pero al paso del tiempo se ha ido depositando basura de otros 13 municipios: Tehuacán, Tepeaca, Tlachichuca, Cuapiaxtla de Madero, Acatzingo, El Seco, Tochtepec, Yehualtepec, Amozoc, Huixcolotla, Tepeaca, Tlacotepec de Benito Juárez y Amozoc.
No solo eso, los denunciantes afirman que de manera clandestina arriban al confinamiento camiones procedentes de Oaxaca y Veracruz.
Las condiciones del relleno sanitario de Quecholac son tan graves, se afirma en la carta, que olores fétidos son respirados al menos a tres kilómetros de distancia y en temporada de calor los hedores son insoportables.
Aunque es conocido como el relleno intermunicipal de Quecholac, el tiradero se encuentra en realidad en tierras ejidales de Santiago Tenango, perteneciente al vecino municipio de Felipe Ángeles.
Los vecinos de Quecholac y de Felipe Ángeles presumen que el confinamiento está concesionado a la empresa Sinergias Ecológicas, cuyo director es un hombre al que identifican como José Yunez Soto, quien ha tenido otras empresas, como Biosinergias Ambientales SA de CV e Ingeniería y Tecnología de Oriente, que ostentó por varios años el manejo del Relleno Sanitario de la capital de Puebla, pero perdió la concesión por supuestas anomalías detectadas durante el trento 2008-2011, que presidió la priista Blanca Alcalá Ruiz, hoy diputada federal.
A decir de los firmantes de la misiva, pertenecientes casi todos al núcleo agrario de Santiago Tenango, la capacidad del relleno sanitario quedó rebasada desde 2016, pero las autoridades no hicieron nada por ampliar su capacidad o buscar otro lugar para sustituir el servicio de confinamiento.
Desde hace un sexenio, abundaron los quejosos, no se aprecia que la empresa concesionaria del relleno “haya invertido en maquinaria para el manejo del líquido ácido lixiviado y de la maquinaria para el manejo de gases tóxicos como el metanol altamente explosivo y las celdas con capas de tierra”.
Los denunciantes calculan que la ganancia anual por el manejo del tiradero intermunicipal “es aproximadamente de 26 millones de pesos”.