La empresa Gasomex amenazó con la cárcel a opositores a la instalación del gasoducto Tuxpan–Atotonilco, en la comunidad de Cuacuila en el municipio de Huauchinango.
Así lo dio a conocer el ex presidente auxiliar Constantino Pérez Amixtlán, quien fue amedrentado por un abogado indígena.
Raúl Cruz Aranda es el abogado también nahua que fue contratado por Gasomex para deshacer la oposición al gasoducto.
Este abogado fue quien presentó la denuncia penal contra José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz, los defensores del agua de Atla, Pahuatlán, quienes estuvieron en prisión durante tres años por un delito que no cometieron.
Los vecinos de Cuacuila señalaron que Cruz Aranda llegó a la casa de Pérez Amixitlán la tarde del martes pasado para decirle que ya hay 12 órdenes de aprehensión contra el mismo número de personas de Cuaucuila por la presunta comisión de cuatro delitos, aunque sólo mencionó los de ataques a las vías generales de comunicación y amenazas.
“Me dijo: ya sabes pariente cuando el gobierno quiere acabar con los revoltosos de que los truena, los truena. Y hasta movía su pie como si estuviera pisando algo. Como le dije que este es un movimiento de todo el pueblo y que yo no soy su líder, insistió enque le diera algunos nombre de los dirigentes”, agregó Pérez Amixtlán.
El abogado insistió en que el ex presidente auxiliar deber cuidarse: “No sea que te metan a la cárcel ahora en navidad y esta casita que tienes no te va a alcanzar para pagar a los abogados porque se trata de delitos federales y te van a llevar hasta la cárcel de San Miguel. Además debes pensar en tu familia”.
Cruz Aranda hizo alarde de saber cómo operan los ministeriales y le puso como ejemplo, precisamente, la detención de los defensores del agua que fueron defendidos por Amnistía Internacional: “Me dijo que a ellos los detuvieron a bordo de una colectiva, que él mismo avisó a los judiciales cómo iban vestidos, que llevaban una camisa así y así. Yo creo que me dijo todo esto para que yo me asustara”.
En seguida, Cruz Aranda le aseguró, como han hecho los ejecutivos de la empresa Gasomex, que el gasoducto que llevará 6 mil barriles diarios de gas LP del Golfo de México al altiplano central del país, “es seguro, que no hay ningún riesgo para la población”.
Luego, Cruz Aranda le pidió que fuera a hablar con los Ministeriales y le aseguró que él era empleado de la Procuraduría estatal y que por eso tenía la información sobre las órdenes de aprehensión en contra de los opositores a la tubería.
Pérez Amixtlán agregó que le dije que “Si me quieren detener, aquí estoy porque no hemos cometido ningún delito, pero de qué me van a acusar. Me van a tener que fabricar delitos porque no hemos tapado caminos, ni carreteras ni hemos ofendido niamenazado a nadie. Lo único que estamos haciendo es defender a nuestro pueblo y nuestros derechos como indígenas porque nunca nos consultaron para hacer esta obra ni nos informaron antes de los riesgos que corremos”.