El país vive, y Puebla no es la excepción, una grave crisis de violaciones en materia de derechos humanos; entre ellas la desaparición de personas se ha colocado como una problemática trágica que ha obligado a legislar sobre la desaparición forzada en el país, adecuando las legislaciones estatales, acorde a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Sin embargo, en Puebla esto no ha sucedido, es más desde la semana pasada el Colectivo Voz de los Desaparecidos inició un plantón frente a las instalaciones del Congreso local para exigir a los legisladores que discutan una iniciativa de ley que este grupo y la Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero) presentaron hace un año para dar certeza jurídica a las familias de personas que no han podido ser localizadas, a lo cual se habían comprometido.
Los activistas señalan que pese a que al fenómeno de las desapariciones en el estado ha ido en aumento desde el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle, este no ha sido atendido ni por las anteriores ni por las actuales autoridades. Las cifras no son menores, ya que, en promedio cada seis horas la Fiscalía General del Estado abre una investigación por la desaparición de una persona, pues entre enero y junio de este año los casos atendidos por este organismo ascendieron a 661. Puebla ocupa a nivel nacional el lugar 13, donde a la fecha 2 mil 500 73 personas están desaparecidas; situación que se agrava cuando de mujeres se trata, ocupando el sexto lugar nacional.
Las cifras dan cuenta de una tragedia colectiva, que no puede ser ignorada y que sigue agraviando a la sociedad de manera recurrente, que lastima en lo particular a las familias que se han organizado como el motor principal de búsqueda frente a la inoperancia de las instancias de procuración de justicia y la total impunidad existente. Sorprende la insensibilidad del Poder Legislativo local de no atender una demanda tan sentida y necesaria ante una problemática social que se colocado en el centro de las violaciones de derechos humanos.