Domingo, octubre 13, 2024

URGE INTERVENCIÓN FEDERAL EN LOS CONFLICTOS POR EL AGUA

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe transparentar las concesiones de agua otorgadas en Puebla, así como permisos de descargas de aguas residuales, como primera medida que lleve a los diversos actores hoy presentes en las disputas por el agua a buscar acuerdos para encontrar una salida a los conflictos presentes en las diversas regiones del territorio estatal.

Los conflictos van escalando y las autoridades e instituciones involucradas parecen no entender la necesidad de su intervención para atender la demanda de los pueblos, que han colocado la problemática del agua y la sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de diferentes tipos de empresas en detrimento de las propias necesidades de las comunidades y su derecho al agua.

En el caso de Conagua, sus declaraciones en los últimos tiempos, por ejemplo en el caso del socavón, fueron bastante desafortunadas, ya que su opinión en relación a las causas naturales del hundimiento resultó, a decir de diversos investigadores, poco fundamentada científicamente, en contraste con la validación que hizo de algunas posiciones empresariales para eludir su responsabilidad en la sobreexplotación del acuífero.

En medio de un conflicto como se desarrolla en Santa María Zacatepec, entre pobladores, activistas y la empresa Bonafont, lo que menos hace es coadyuvar a resolver el conflicto, más aún cuando el crecimiento urbano-industrial de la zona es evidente y la presión sobre la disponibilidad de agua del acuífero y las aguas residuales se han convertido en una problemática social y ambiental.

Al igual que evidencian comunidades de la cuenca Libres–Oriental movilizadas para denunciar a empresas instaladas en esa región y si bien es una problemática que compete a todas las instancias de gobierno, en el tema de las concesiones de agua y la extracción, Conagua no puede hacerse a un lado, ya que es la que puede revocar la concesión, así como vigilar y hacer cumplir la legislación.

La ausencia de representantes del organismo federal en la asamblea popular que efectuaron pueblos de la región Popo–Izta este domingo frente a la embotelladora Bonafont, donde escucharía los conflictos sociales por la disputa del agua en comunidades del estado, refleja la distancia y poca sensibilidad que existe entre algunos funcionarios y la lucha de los pueblos.

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