El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y a la secretaria de Gobernación a remitir un oficio dirigido a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, para solicitarle resolver el expediente de un adeudo fiscal por 35 mil millones de pesos (relacionado con el Grupo Salinas, al que no mencionó). Señaló que no hay ninguna razón que les impida hacerlo, pues no se encuentra dentro de los supuestos para las excepciones de enlistar el asunto.
En conferencia, López Obrador se refirió al paro en el Poder Judicial desestimando sus repercusiones: si van a estar en huelga, no hay ningún problema. Nada más les pediría, y sí lo vamos a hacer hoy por escrito a la presidenta, que tiene el paquete de dos asuntos fiscales de un pago de impuestos por 25 mil millones de pesos (después corrigió y mencionó 35 mil millones de pesos).
–Desde hace un mes está detenido este procedimiento…
–Sí. Vamos a ver si resuelve. Sin adelantarnos, porque ellos son los que tienen que decidir, constitucionalmente no tienen por qué estar deteniendo ese fallo que ya se resolvió en las instancias correspondientes.
Expresó a los trabajadores que realizan esta protesta que no existen razones para efectuarla, pues no van a salir perjudicados con la reforma judicial que se impulsa en el Congreso, porque está dirigida al combate a la corrupción. Dejó claro que su gobierno reconoce que están en plena libertad de realizar las acciones que consideren pertinentes, con independencia de la normatividad que los regula, porque nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores.
López Obrador ironizó sobre la suspensión de actividades en el Poder Judicial, porque si los jueces no están, los ministros, magistrados, ministros, no están en activo cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel.
Argumentó que la esencia de la reforma para enfrentar la corrupción es elegir a jueces, magistrados y ministros porque esto implicaría que cada uno de quienes sean elegidos para esos cargos se los deberían al pueblo, lo cual es muy distinto a que los elijan otros funcionarios o incluso el Presidente. En la actualidad muchos de ellos obedecen a los intereses del poder económico como ocurrió con el juez que en su momento otorgó amparos a las empresas eléctricas extranjeras, contrario al interés general.
Ustedes van a las oficinas de los jueces, magistrados o ministros, no de todos, y en la antesala es pura gente de clase alta, y abogados de los despachos más famosos, y a ellos son a los que reciben. No van a encontrar en la antesala de un juez, un magistrado, un ministro, a un campesino, un obrero, una gente del pueblo, no, añadió.
Al insistir en que no impactarán estos cambios en las condiciones de los trabajadores de base, aseveró que hay una gran diferencia entre lo que gana un trabajador, un oficinista en el Poder Judicial y también en el Ejecutivo, con lo que gana un alto funcionario del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Y no sólo es lo que ganan, sino las concesiones, prestaciones, prebendas”.