Suspenden audiencia de control a dirigente de la UPVA; “están encubriendo al MP y al juez de Cholula”, acusa

Para el ex preso político y dirigente de la UPVA “28 de Octubre”, Atl Rubén Sarabia Reyna y su abogado Felipe Monroy, la suspensión de la audiencia de control que se tenía programada para este jueves, en contra de al menos cinco miembros del Poder Judicial, entre ellos el juez de Penal de Cholula, significa un encubrimiento y un proceso dilatorio para juzgar a quienes lo encarcelaron por tres años, sin una previa investigación.

Así lo declararon al salir de las instalaciones de la Casa de Justicia, ubicada en la Avenida 11 Sur y Periférico Ecológico, donde la esposa de Rubén y agremiados a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) encabezaron un mitin para exigir castigo al juez  y al agente del Ministerio Público que sin pruebas lo acusó de narcomenudista.

En entrevista, el abogado expuso que el pasado 30 de agosto el agente del Ministerio Público (MP) dictó una determinación de no ejercicio de la acción penal, y durante la investigación que duró dos años no encontró elementos para procesar al imputado.


Destacó que la denuncia fue presentada por el agente Cristian “N” en contra de los tres dirigentes de la UPVA, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, y sus hijos Atl Rubén y Xihuel, quien abrió la carpeta un 17 de septiembre de 2014 por el presunto delito de narcomenudeo, y dos días después la consignó.

El litigante acusó que el agente admitió que no encuentra elementos para ejercitar acción penal en contra de Simitrio, Rubén y Xihuel.

“Este día íbamos a exponer la negligencia del agente del Ministerio Público que no valoró tres aspectos fundamentales que violaron los derechos de los integrantes de la UPVA, como una averiguación infundada, la consignación del proceso ante un juez que no tenía competencia territorial para conocer del asunto, y tampoco reunía los elementos para acreditar el tipo penal como la probable responsabilidad”, acusó.

El declarante señaló que el tanto el juez de Cholula y el agente del MP no solo incurrieron en un delito, sino que además no cuentan con los elementos para debatir el encarcelamiento de Rubén, Xihuel y Simitrio.

Por esta razón, Monroy exigió al juez de Control se imponga una sanción en contra del agente y del juez de Cholula, por no presentarse a la audiencia.

“Nos preocupa que esta situación, contraria a la que viene diciendo el gobernador del estado de Puebla, que se va a combatir la impunidad y la corrupción, se encubra y se mantenga en la impunidad a servidores públicos”, señaló. 

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En su oportunidad, Xihuel Sarabia advirtió que van a seguir exigiendo justicia por la privación ilegal de tres años que pasaron en la prisión de San Miguel, y por la ejecución extrajudicial de su hermana Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna.

Frente a sus compañeros vendedores, Xihuel agradeció el respaldo e hizo una relatoría de la represión sistemática que la dirección central de la UPVA ha venido padeciendo en los últimos cinco años, desde el encarcelamiento de los líderes, amenazas, desalojo violento de sus áreas de trabajo hasta el asesinato de Meztli.

“Le hemos pedido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no hubo una integración de la carpeta de investigación para que nos metieran a la cárcel, y su respuesta ha sido nula, con el nuevo titular designado ayer por el Congreso esperemos cambien las condiciones”, demandó.

Dejó en claro que la prioridad no es que se repare el daño económico y moral, sino que los cinco servidores implicados paguen con cárcel el delito que cometieron.

Hasta el momento, el abogado Felipe Monroy dijo que no hay una fecha para reponer la audiencia de control.

En la protesta pacífica, los vendedores acusaron que el juez penal de Cholula no contaba con título de abogado ni cédula profesional al momento de girar orden de aprehensión y auto de formal prisión contra Rubén, su hermano Xihuetl, y su padre  Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, asesor principal y fundador de la organización.

La denuncia que  presentó el líder comerciante, con número de carpeta 249/2019/CPJ/Puebla, va en contra de Cristian “N”, agente del Ministerio público; Alejandro “N”, juez Penal de Cholula, Paula “N”; secretaria de Acuerdos de Cholula; Alberto “N”, juez Primero de lo Penal de Puebla; y Ana “N”, secretaria de acuerdos del Juzgado Primero de lo Penal de Puebla.