A una semana de que los Maestros Democráticos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) denunciaron la retención de pagos a la doctora Gabriela Molina Herrera, como represalia por exhibir 39 asignaciones irregulares de plazas, las autoridades educativas y sindicales mantienen silencio. Ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ni la propia UPN han respondido públicamente a las acusaciones.
La agraviada acusa directamente de la represión al director de Educación Primaria en la SEP: “Heriberto Márquez de la Rosa fue el que dió la indicación de que se me retuvieran los pagos. Porque, ante la denuncia, la respuesta es violenta, reteniendo pagos y amenazándome incluso con el cese, eso me lo dijeron en la oficina del director del nivel primaria, me gritaron, el abogado de Heriberto Márquez de la Rosa, cuando fui a qué me autorizaran el pago, eso fue en abril (pasado). Se portaron bien groseros y amenazantes, se portaron autoritarios y amenazantes, groseros, levantaron la voz”, expresó Molina Herrera a La Jornada de Oriente.
El silencio institucional no se limita al plano mediático. Molina envió el 1 de septiembre de 2025 un oficio técnico a la SEP estatal, a Recursos Humanos y a la Dirección General de Administración de la Nómina Federalizada, donde solicitó la restitución inmediata de sus pagos, la regularización de su adscripción en la UPN 211 por 26 horas y el reconocimiento formal de los oficios que avalan su comisión desde 2013.
El documento otorgaba un plazo de 72 horas para respuesta, bajo advertencia de dar vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CDH) y al Órgano Interno de Control. Hasta ahora no ha recibido contestación.
La académica planea llevar su caso a la CDH de Puebla como queja formal, en un contexto en el que también ha denunciado hostigamiento y agresiones físicas por parte de directivos y representantes sindicales de la UPN 211.
El 30 de marzo de 2025, la SEP estatal retuvo el salario correspondiente a la sexta quincena de Molina, quien encabeza a más de 70 profesoras y profesores que han entregado oficios a instancias federales y estatales para denunciar la entrega discrecional de plazas. Dichas gestiones provocaron que en diciembre de 2024 se revocaran 39 plazas asignadas irregularmente en las unidades 211, 212 y 213 de la UPN Puebla, según lo documentan los escritos dirigidos a la Presidencia de la República.
Los antecedentes de esta disputa llegaron incluso a la Presidencia de la República. El 4 de septiembre de 2024, Molina presentó una denuncia dirigida a Andrés Manuel López Obrador y a la entonces secretaria de Educación Pública, pidiendo detener la asignación irregular de 27 plazas. El escrito fue recibido en la oficina presidencial el 5 de septiembre de ese año. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2024, presentó otro documento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que detalló la asignación irregular de 39 plazas en tres unidades de la UPN en Puebla.
Ambos oficios fueron respondidos en tiempo y forma, según la académica. De hecho, en una conferencia matutina, Sheinbaum instruyó al secretario de Educación, Mario Delgado, a intervenir en el caso. A raíz de esa presión, las plazas asignadas irregularmente tuvieron que devolverse.
Este lunes el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE y el Consejo Democrático Magisterial Poblano ofrecerán una rueda de medios para insistir en la demanda de que se pague a la maestra Molina Herrera y cejen las hostilidades en su contra.
