Una gran victoria en época de desencuentros

En momentos que el desencuentro entre la clase política es mayor, y cuando el ejecutivo no quiere llegar a una conciliación con los empresarios para la reactivación económica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha enviado un mensaje que puede representar una trasformación de fondo para sacar adelante al país.

Por unanimidad de votos, los 11 magistrados que vienen de diferentes administraciones y tienen posiciones diversas, acordaron decirle al prepotente Jaime Bonilla, usted no puede hacer lo que le da la gana, sobornar a los legisladores de su entidad, Baja California, y debe ceñirse al mandato constitucional por el que se le eligió, que concluye el 31 de octubre de 2021.

Lo dijo muy bien el ministro presidente, Arturo Zaldívar, en base a un dictamen preparado por el togado Fernando Franco, en su extensión de mandato a cinco años, votado por los legisladores de Baja California, hubo violaciones graves que “interrelacionadas ponen de manifiesto un fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional” y “se llevó a cabo toda una maquinación, a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución…usando herramientas de la democracia para violar (la) democracia, corrompiendo de manera tajante el principio  democrático” (sic al leguaje abogadil).


Antes de la votación, hubo especulaciones por doquier, en las cuales se decía que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Carlos Salinas, el muy callado ex presidente que seguramente está escribiendo otro mamotreto neoliberal pero no aparece sino es a través de sus ex voceros, habían realizado  cabildeos para que los integrantes de la SCJN no llegaran a los ocho votos requeridos para echar abajó el fraude organizado por Bonilla con la aquiescencia de legisladores del PAN, PRI, Morena, PT, Transformemos, Movimiento Ciudadano y PRD. 16 de 21 participantes. Únicamente se abstuvo el Partido de Baja California, y varios panistas se manifestaron en contra.

Se habló, entonces, que cada votó costó más de un millón de dólares. En   algunos casos las dirigencias nacionales se indignaron y sancionaron a sus entonces afiliados. No así Morena, que, en boca de su presidenta, Yeidckol Polenvsky, dijo algo inverosímil: “Es muy caro realizar elecciones en dos años en lugar de cinco”. Desde entonces comenzó la debacle de esta señora, quien actualmente todavía se ostenta como secretaria general de la organización en el poder, aunque pocos le hacen caso.

El dirigente nacional morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, festejó el resolutivo, igual que los líderes de esa organización de los diputados y senadores, Mario Delgado y Ricardo Monreal, respectivamente, lo mismo que casi todos los partidos, ya que la alteración de las normas electorales fueron algo propio de la época de Jimmy Hoffa, el líder mafioso de los transportistas en Estados Unidos, a mediados del siglo pasado.

Hubo una buena cantidad de demandas, incluidas las de la CNDH y la del mismísimo INE, en contra de esa arbitrariedad llamada el bonillazo. Y la incertidumbre aumentaba, más por los tiempos donde hay que hacer muchas cosas a distancia, pero la Corte levantó su prestigio y sus ministros serán vistos ahora con otros ojos. Claro que tienen otros asuntos, entre ellos algunos ligados a posiciones de López Obrador (el caso de la anulación de los tiempos oficiales en radio y televisión, por ejemplo), ante los cuales estaremos atentos.

El uno de noviembre de 2019, Bonilla tomó posesión y como representante presidencial fue Olga Sánchez Cordero. La funcionaria no tuvo una posición muy radical contra la intentona de Jaime, y se hicieron varias elucubraciones en la prensa, aunque luego todo fue tomando su cauce. Quien tuvo doble nacionalidad: estadounidense y mexicana, se veía muy seguro y pensaba que, sobornando, nuevamente, podía lograr su propósito de saltarse la ley, ¿verdad Jaime?

Como pago a sus aliados, entre ellos Carlos Torres Torres, antiguo militante del PAN, Jaime Bonilla le encargó la reconstrucción del centro de Mexicali, donde gobierna la pareja sentimental de aquél, Marina del Pilar Ávila.

Así, a base de sobornos, quería continuar ese tramposo. Y si bien en un momento dado dijo que no aceptaba, pero acataría lo ordenado por la Suprema (sic de locura), después afirmó: “El que pierde con esta sentencia es el Estado” (sic que se pone a llorar) y agregó que Arturo Zaldívar actuó con “el hígado”. ¡Vaya desfachatez de quien incluso había corregido antes a Hugo López Gatell, por sus cifras!

Algunos legisladores, como Germán Martínez, quien antes avaló el fraude de Calderón contra López Obrador han exigido que se sancione a quienes avalaron las sucias maniobras de Jaime Bonilla. Es necesario hacerlo para sentar un precedente.

Pronto se irá quien demostró que el dinero puede comprar a muchos, pero no a todos. Fin de una mala telenovela mexicana.

Por cierto, que el ejército vuelva a combatir la delincuencia, es un fracaso de otro funcionario muy engreído, Alfonso Durazo.

  1. Dedicó este comentario a dos jefes en mis largos años de trabajo en los medios: a Julio Camelo y Héctor Serrano. Adiós compañeros de chamba y vida.

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