Domingo, octubre 13, 2024

UNA DÉCADA DE ABUSOS E IMPUNIDAD

A una década de la concesión otorgada a Agua de Puebla, la privatización del servicio en el municipio ha generado abusos de la compañía, constantes protestas de la ciudadanía debido a incrementos tarifarios trimestrales y la carencia de suministro en colonias populares. Además, la compañía ha eludido su obligación de sanear afluentes y perfora pozos de manera ilegal, acciones que no han sido sancionadas de manera contundente por las autoridades.

El Congreso local ha prometido repetidamente revisar y ajustar la concesión a la luz de estas denuncias. Sin embargo, las acciones concretas han sido escasas. Desde que se autorizó la primera estructura tarifaria en 2014, el Legislativo local se mantuvo inactivo hasta 2022, permitiendo que Agua de Puebla implementara incrementos mensuales basados en el salario mínimo y el costo de la energía eléctrica, condiciones claramente abusivas para los usuarios. La modificación de 2022, que espació los aumentos a trimestrales y vinculados solo a la inflación, no ha sido suficiente para aliviar las quejas de la ciudadanía, y en los últimos dos años no se ha realizado ningún análisis público para verificar si la compañía ha cumplido con sus compromisos.

La falta de acción de los diputados refleja un patrón de inercia y posiblemente de complicidad. Existe un argumento que se ha esgrimido en más de una ocasión por algunos legisladores y funcionarios en el sentido de que revocar la concesión implicaría un costo muy alto para el erario. Lo que nunca se ha explicado es por qué no se puede revocar la concesión por incumplimiento de la empresa, ya que como ocurre en todos los contratos, se debieron establecer las causales para rescindirlo.

Desde el inicio de la concesión las autoridades han sido lentas y reacias a tomar medidas enérgicas contra la empresa, lo que hace sospechar de fuertes compromisos con la concesionaria. Esta relación podría explicar por qué, a pesar de las promesas de revisar y potencialmente revocar la concesión, no se ha avanzado en la desprivatización del agua en Puebla.

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