Miércoles, abril 17, 2024

Desde la sede del INPI, pueblos indígenas del Izta-Popo decretan el cierre definitivo de Bonafont

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Desde la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la Ciudad de México, los pueblos unidos de la región de los volcanes Izta-Popo decretaron el cierre definitivo de la empresa Bonafont.

Este jueves, en el Día Internacional de la Madre Tierra, se cumple el primer mes del plantón indefinido que mantienen pueblos nahuas de la región del Izta-Popo frente a la embotelladora Bonafont, ubicada en la carretera México-Puebla, a la altura del municipio de Juan C Bonilla.

Desde entonces, los lugareños organizados, quienes reciben el apoyo de la comunidad otomí y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no han permitido que la multinacional de origen francés vuelva a operar.

A la capital del país se trasladó una comitiva de pobladores de cuatro municipios de la región, procedentes de San Pedro Cholula, Juan C Bonilla, Coronango y San Andrés Calpan.

En conferencia de prensa, denunciaron el despojo del agua que lleva a cabo la empresa transnacional en los últimos 29 años.

Expusieron que la lucha que han iniciado los pueblos del volcán en contra del saqueo de su recurso hídrico ha sido indiferente y criminalizada por parte de las autoridades y empresarios.

Relataron que el pasado 22 de marzo se decidió tomar por acuerdo de asamblea la planta Bonafont, que se instaló en el territorio en 1992 con el nombre de Embotelladora Arcoíris SA de CV, debido a que más de la mitad de los pozos artesanales que hay en la zona se han secado.

En las últimas tres décadas, informaron que la embotelladora ha explotado a diario 1 millón 641 mil litros de agua de los mantos acuíferos la región, provocando afecciones serias sobre nuestros pozos, lagunas, ríos y ameyales, así como dificultando la realización de las actividades agrícolas y otras fuentes de autoempleo.

Por lo tanto, el cese de sus operaciones por la resistencia social ha permitido liberar en este mes 50 millones 871 mil litros de agua que retornaran libres a la tierra.

“Para nosotros los pueblos, la naturaleza no es un recurso que se pueda vender, comprar o saquear; el agua y la tierra, son parte sagrada de nuestra vida, más que un derecho, es un bien que da vida a la comunidad”, arguyeron.

Omisiones, intimidaciones y provocaciones  

Dijeron que a partir de la toma de Bonafont, tanto los empresarios como los gobiernos han cometido omisiones, intimidaciones y provocaciones, entre ellas, la embotelladora los acusó del robo de algunos vehículos, “mentiras que refutamos inmediatamente porque el día del supuesto robo, martes 30 de marzo, se encontró al delegado de Gobernación, Humberto Isauro Hernández Peralta, dentro de las Instalaciones de la empresa”.

En días siguientes, hicieron público que se presentó Ignacio Calderón Juárez, y un acompañante alegando ser representantes del sindicato de trabajadores de Bonafont, con una solicitud para poder sacar los vehículos de los funcionarios de la empresa. Se le respondió que dicho documento no contaba con los sellos, folios, ni membretes de la dependencia que él representa y se negaron a mostrar identificaciones oficiales.

“La solicitud anterior se ha repetido por diferentes personas, en diferentes días y de la misma manera no acreditan ser representantes del sindicato ni de la empresa”, señalaron.

El día miércoles 31 de marzo, comentaron que se presentó el titular de la oficina de representación de la Secretaria de Gobernación Federal en Puebla, Carlos Armando Popoca Bermúdez, para solicitar la apertura de la empresa; sin embargo, informaron que no levantarían el plantón hasta que acudieran las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de Gobernación federal, y el representante jurídico de la embotelladora.

“Sabemos que defender el agua, la tierra y la vida, no es un delito; contrario a lo que señaló Fabrice Salamanca, vicepresidente de asuntos Corporativos de la Bonafont, quien en algunos medios criminaliza la protesta y la denota como ilegal y arbitraria”, respondieron.

Sumando a lo anterior, señalaron que la Fiscalía General del Estado de Puebla ha utilizado como estrategia la persecución y la intimidación, amenazándolos con ser detenidos sino no levantan el plantón.

Ante lo expuesto, responsabilizaron a los presidentes municipales de Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula, Joel Lozano Alameda y Luis Alberto Arriaga Lila, respectivamente, así como al gobierno del estado y federal por la seguridad de cada uno de los manifestantes.

Por parte de la Conagua, directamente implicada en este problema, refirieron que no ha habido ninguna intención de comunicarse ni apoyar en la resolución del conflicto.

“Estuvimos abiertos al diálogo pero nunca a la negociación. Los pueblos nahuas unidos de la región cholulteca y de los volcanes somos guardianes de la madre tierra, toda empresa que intente lucrar con la vida en nuestro territorio, recibirá el castigo de los pueblos”, concluyeron.

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