Un gran triunfo para el pueblo de México: se ha puesto fin a la privatización de las playas

Es importante detenernos en un hecho de gran trascendencia histórica que ha pasado casi de noche en medio de la vorágine de acontecimientos públicos. Me refiero al decreto[1] publicado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 21 de octubre, mediante el cual se pone fin a más de treinta años de políticas privatizadoras de las playas y zonas costeras de nuestro país.

No olvidemos que fue sobre todo en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto cuando más kilómetros de playas se entregaron a particulares, específicamente a inversionistas del sector inmobiliario o turístico, muchos de ellos, de origen extranjero. Aunque ya desde las administraciones de Salinas y Zedillo se había consolidado esta tendencia privatizadora, propia del neoliberalismo.

Tampoco olvidemos que, en 2013, Manlio Fabio Beltrones, siendo diputado priista, propuso una reforma al artículo 27 de la Constitución que buscaba legalizar el permiso para que los extranjeros pudieran adquirir propiedades frente al mar para uso residencial. Esa iniciativa legal fue aprobada, con 356 votos a favor del PRI y del PAN, en la Cámara de Diputados.


Legal o ilegalmente, durante los últimos cuarenta años, cientos o quizá miles de kilómetros de playa quedaron en manos de hoteles particulares, centros nocturnos y desarrollos turísticos de diversa índole. Pero no solo eso: numerosos proyectos hoteleros e inmobiliarios han arrasado los ecosistemas costeros, sobre todo la vegetación de manglar.

Frente a estas injusticias, desde hace varios años, numerosas comunidades han estado luchando por preservar y mantener libres los accesos públicos a las playas. Hay casos emblemáticos, como el de Akumal, en Quintana Roo, donde en 2018, un hotel cerró por completo todos los accesos públicos a la playa y para que la ciudadanía pudiera acceder, tenía que pagar una cuota. Esto se hizo incluso con la complicidad del Juez Quinto de Distrito de ese estado, quien se puso de lado de la empresa y no de la población.

En Bahía de Conejos, Oaxaca, el Hotel “Secrets Huatulco”, ha intentado cerrar el único acceso público a la bahía para adueñarse de la playa, lo que ha sido denunciado por los pobladores locales a través de diversos medios.

En Playa Careyitos, Jalisco, el acceso a la playa fue bloqueado por la empresa “Imágenes y Espectáculos de Lujo S.A. de C.V.” desde 2012, lo que ha afectado a los pescadores de la región. Además, una persona que se oponía a este atropello fue asesinada debido a su activismo en 2017.

En Playa San Francisco, Nayarit, la población local se organizó para rechazar el proyecto Punta Paraíso, mediante el cual se han pretendido privatizar 1,200 m2 de playa. Las movilizaciones de la población han sido masivas para frenar los intentos de despojo de los ecosistemas costeros.

En Cabo Pulmo, Baja California Sur, las comunidades costeras han emprendido varios procesos de defensa debido a la amenaza constante de megaproyectos costeros, como Cabo Cortés en 2008, Cabo Dorado en 2014 y Cabo Pelicanos en 2016, los cuales han amenazado los ecosistemas y recursos de los que dependen principalmente las familias de pescadores artesanales.

En San Carlos, municipio de Guaymas, Sonora, desde 2012 yo mismo fui testigo del desalojo de comunidades pesqueras a manos de los grandes inversionistas norteamericanos, además de que los desarrollos hoteleros fueron cercando año con año los accesos a las playas públicas, negando a la ciudadanía de ese municipio la posibilidad de disfrutar la belleza paisajística de estos ecosistemas en los que confluyen el mar y el desierto.

Casos similares abundan a lo largo del extenso litoral que tiene nuestro país. Pero afortunadamente, esta terrible injusticia, producto de la voracidad y la corrupción de los anteriores gobiernos, está llegando a su fin.

Desde que inició la actual administración, las cosas empezaron a cambiar en este ámbito. Ya desde noviembre de 2019, la SEMARNAT, a través de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), revocó la concesión a la empresa “Cantiles de Mita” por irregularidades en la obtención del permiso y por cerrar el acceso al público desde 2016 a la playa La Lancha, en Punta Mita, Bahía de Banderas, Nayarit. De hecho, la reja que impedía el acceso fue retirada por las autoridades ambientales. Esta acción materializó el triunfo del movimiento de ejidatarios, comuneros y grupos ecologistas de la región que estuvieron peleando por varias vías contra la privatización de una playa que le pertenece a toda la sociedad.

Con el decreto publicado hace unos días por el Presidente, se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, las cuales establecen que “El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado (…)”.

También establece que “En el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios (…)”.

Pero además, indica sanciones para quienes violen estas disposiciones: “Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas”. En caso de reincidencia, las nuevas disposiciones establecen que se revocará la concesión, autorización o permiso al particular que la detente.

Con este decreto del Presidente se abren los espacios costeros y de playa a la ciudadanía en general, para su libre tránsito y disfrute. También se garantiza que las comunidades pesqueras que se encuentran asentadas en las zonas de litoral, ya no podrán ser desalojadas legal o ilegalmente por los intereses privatizadores de los grandes inversionistas, nacionales o extranjeros.

Por alguna extraña razón, la mayor parte de la prensa y los medios de comunicación, silenciaron esta noticia jubilosa para el pueblo mexicano, que es el único dueño de la riqueza biocultural que existe a lo largo de los 11 mil kilómetros de litoral que tiene nuestro país.

[1] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603240&fecha=21/10/2020