Un exreo podría ser el nuevo titular de Seguridad Pública de Texmelucan

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Parece que en San Martín Texmelucan se encuentra bajo la maldición que reza: cuando se cree que ya se tocó fondo en los problemas públicos, aparece algo peor. Lo ocurrido esta semana constata esa condición, ya que cuando apenas se conocía que el principal jefe policiaco del municipio fue detenido por estar acusado de secuestro, ha trascendido que el cargo de titular de Seguridad Pública podría recaer en un personaje que estuvo preso 11 años por un homicidio.

El lunes pasado la opinión pública de ese municipio se estremeció por la noticia de que Luis Francisco Bustamante Flores, entonces secretario de Seguridad Pública, era detenido por el delito de secuestro y que antes de ocupar esa responsabilidad ya era investigado por dicho ilícito. Muchos supusieron que esa ya era la situación más extrema a la que podía llegar con el gobierno de la edil Norma Layón Aarún, surgida de las filas de Morena. Quienes tuvieron esa idea se equivocaron.

Tres días han bastado para que el panorama en San Martín Texmelucan se torne todavía más obscuro, pues ha trascendido que se estudia la posibilidad de nombrar a Gaspar Guerrero Pérez como nuevo titular de Seguridad Pública, pese a que ya purgó una pena de 11 años por la muerte de un policía municipal.


Lo grave es que se dice que Gaspar Guerrero fue colaborador de Luis Francisco Bustamante, el jefe policiaco que cayó por estar bajo sospecha de haber privado ilegalmente de su libertad a 4 personas.

El problema de fondo es la actitud autoritaria y errática de la edil Norma Layón, quien ya es vista como la peor presidente municipal que ha tenido San Martín Texmelucan en las últimas décadas.

Simplemente el actual ayuntamiento no atina a un solo acierto. Todo lo que hace es contrario a los intereses colectivos. Solamente hay que revisar la siguiente lista: la edil Norma Layón quiso privatizar el agua potable; acusó y destituyó a Raymundo Martínez, como director del sistema operador de agua potable por supuestos actos de corrupción y un juzgado federal ordenó su reinstalación, porque no hubo pruebas en su contra; le dio un trato preferencial a la organización de comerciantes de Manuel Valencia, quien ahora está en la cárcel por los delitos de lesiones y amenazas; y nombró a un director de Seguridad Pública que era investigado por cuatro secuestro.

Sin contar que no hay un solo proyecto para mejorar los servicios públicos o para reducir los graves índices delictivos.

Y por si fuera poco, ahora aparece la figura de Gaspar Guerrero Pérez, un hombre que tuvo la peculiaridad de estudiar y se titularse de abogado cuando purgaba una pena de 16 años de cárcel en el penal de Atlixco por el delito de homicidio. Se sabe que salió de prisión antes de tiempo por buena conducta, sin embargo ese antecedente le imposibilita a ocupar un cargo en las áreas de seguridad pública. Pero en el gobierno de Norma Layón puede ocurrir cualquier barbaridad.

Para tener claro el antecedente de Gaspar Guerrero, se reproduce la nota que el 30 de noviembre de 2010 publicó en La Jornada de Oriente nuestro colega Miguel Ángel Domínguez, entonces corresponsal de esta casa editorial en Atlixco:

“El Estado en México no es capaz, por la pésima y corrupta aplicación del sistema penitenciario, de readaptar a quienes cometen un delito y caen en las cárceles; por el contrario, los reos son prácticamente sometidos a una venganza de parte de las autoridades”, afirmó Gaspar Guerrero Pérez, un interno del Cereso de Atlixco quien presentó y aprobó su examen profesional para graduarse como abogado.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad realizado por la Policía Ministerial y la Policía local, el hoy profesionista habló en el salón de cabildos en un acto inédito durante casi dos horas, y cuestionó con su tesis, basada en su experiencia personal, las formas y los fondos aplicados en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad.

“El Cereso de Atlixco no escapa a la realidad penitenciaria del país; es decir, no cuenta con las condiciones adecuadas y suficientes para readaptar; no ofrece valores como la cultura y educación, por el contrario, coadyuva a que los internos acentúen su resentimiento social”, sentenció ante la presencia de invitados y familiares.

Hace ocho años Guerrero Pérez mató de un balazo en el pecho a un policía municipal que intentó frustrar el asalto de una casa de cambio donde participaba el hoy sentenciado. Tras ser perseguido y detenido fue acusado de asociación delictuosa simple intencional (sic) y purga una condena de 16 años, de los cuales ya cumplió la mitad.

Expuso: “La universidad del crimen no está en las cárceles, está en las calles con una sociedad cada vez más intolerante, más conflictiva e injusta. Por esas condiciones no debe extrañarnos que aparezcan niños de 12 años de edad dispuestos a convertirse en sicarios de un cártel por más de 30 mil pesos al mes”.

De ahí, soslayó, el llamado a la sociedad para prepararse y recibir a quienes por delinquir pagan una condena, pero que al mismo tiempo dedicaron mucho esfuerzo a lograr una “redención” legal y desde luego humana. Este interno quedó convertido en el noveno en Puebla y el primero en Atlixco en terminar una carrera profesional.

El principal ángulo de su examen estuvo relacionado con los sistemas penitenciarios, y lleva por nombre “La normatividad del sistema progresivo y técnico aplicado al Centro de Reinserción Social de Atlixco”, y cursó las materias en la Unides. “La base social de nuestra tarea tuvo como impulso que muchos compañeros internos no tienen la posibilidad de contratar a un abogado para defenderlos. De ahí que cuando logremos salir del Cereso buscaremos crear una fundación precisamente para ayudarlos”, adelantó.

Guerrero Pérez narró: “desde el día que fui detenido no volví a ver a mi esposa y a mis  dos hijos, quienes de plano no volvieron a buscarme. Es con el apoyo de mi madre, hermana y amigos como logro concluir la carrera de abogado”; por cierto, el todavía interno cuando ingresó a la cárcel únicamente contaba con el nivel de educación secundaria.