La muerte del senador Rafael Moreno Valle Rosas y de su esposa la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo puso fin a la influencia que ese grupo político ejerció bajo las siglas del PAN en los tres poderes del Estado y en los órganos constitucionalmente autónomos. El predominio se disipó por la decisión que tomó la mayoría de los integrantes de ese grupo de renunciar a las posiciones de poder que ocuparon durante casi ocho años.
A lo largo de 2019, uno a uno de los conocidos “morenovallistas” optó por separarse del cargo y retirarse de la vida pública a nivel local, en medio de la amenaza de una nueva clase política dominada por Morena de investigar su actuación como servidores públicos. Sin embargo, no todos se hicieron a un lado, pues algunos se mantienen como magistrados, comisionados, consejeros electorales y fiscales.
Rafael Moreno Valle gobernó Puebla de 2011 a 2017 y en el momento de su muerte, acaecida en un accidente aéreo el 24 de diciembre de 2018, dejó inconcluso un mandato de seis años como senador, mientras Martha Érika Alonso, quien también falleció en ese percance, tuvo una gestión de solo 10 días al frente del Poder Ejecutivo del estado.
Se cimbra el órgano electoral
El Instituto Electoral del Estado (IEE) es el órgano responsable de organizar y arbitrar los comicios para la renovación de autoridades a nivel local y fue éste donde se registraron las primeras dimisiones tras la muerte de Moreno Valle y Alonso.
Dalhel Lara Gómez renunció a la Secretaría Ejecutiva el 25 de enero y con ella se fue uno de sus colaboradores más cercanos: Óscar Reyes Rodríguez, quien se desempeñó como encargado de despacho de la Dirección de Organización Electoral. Ambos fueron acusados por Morena de operar lo que este partido de izquierda denominó un fraude electoral, el cual se habría echado a andar en 2018 para garantizar el triunfo de Martha Érika Alonso a través de la manipulación de los votos que resguardó el IEE de los comicios de gobernador del 1 de julio de ese año.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) corroboró que hubo violaciones por parte del instituto electoral a la cadena de custodia de los sufragios. La elección estuvo a punto de ser anulada, ya que tres magistrados concluyeron que no existía certeza de los resultados, pero cuatro magistrados más desestimaron esas inconsistencias y ratificaron la victoria de la panista.
Dalhel Lara llegó al IEE en 2012 como consejera electoral, puesto que dejó vacante en 2015 para asumir el cargo de secretaría Ejecutiva por un mandato de siete años que concluiría en 2022. Desde su arribo al instituto se le vinculó con Rafael Moreno Valle debido a que en su gobierno se desempeñó como directora de Fideicomisos de la extinta Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).
Dalhel Lara y Óscar Reyes se separaron del cargo en medio de una campaña que lideró Regeneración Nacional a inicios de año para evitar que el IEE se hiciera cargo de la elección extraordinaria de gobernador del 2 de junio pasado. Morena logró su cometido el 6 de febrero con la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar la asunción del proceso electoral local para hacerse cargo de su organización y arbitraje, en sustitución del IEE.
Otro de los funcionarios del IEE que optó por hacerse a un lado fue Jacinto Herrera Serrallonga, quien fungió como presidente de esa institución durante cuatro años tras ocupar diversas carteras en el gobierno de Moreno Valle dentro del Consejo de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.
Herrera renunció el 26 de agosto pasado alegando “causas estrictamente personales”, mientras el INE desahogaba en su contra un proceso iniciado por Morena que perseguía su destitución por las irregularidades del proceso electoral local 2018.
Fractura del morenovallismo
De acuerdo con informantes del IEE, la renuncia de Dalhel Lara y Óscar Reyes se consideró por la presión que ejerció el consejero electoral Juan Pablo Mirón Thomé dentro del organismo. La intervención de Mirón se interpretó como la primera fractura registrada en el interior del grupo morenovallista tras el fallecimiento de sus líderes.
Al igual de Lara y Herrera, Mirón llegó al instituto tras formar parte de la administración de Rafael Moreno Valle, donde fungió como particular del entonces titular de la Secretaría de Educación Pública Luis Maldonado Venegas, quien también se desempeñó como secretario General de Gobierno.
De los consejeros electorales señalados por Morena como responsables del fraude electoral de 2018, Mirón es el único que continúa en el IEE, pero con un proceso de defenestración en el INE que, al cierre de esta edición, todavía se encontraba pendiente de resolver.
En el caso del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), de los tres magistrados que lo integran uno guarda una clara relación con el grupo morenovallista: Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, ya que ocupó los cargos de director de Asuntos Laborales y Agrarios y de encargado de despacho de la Dirección de Delegaciones Regionales, ambos en la extinta Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, dependencia que dejó en 2012 para incorporarse al TEEP.
Fractura en el PAN; fractura en el Congreso
Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó a Martha Érika Alonso como gobernadora electa el 8 de diciembre de 2018, el grupo parlamentario del PAN cobró fuerza en el Congreso de Puebla, pese a ser minoría, en razón de que un militante de ese instituto político de derecha se instalaría al frente del Poder Ejecutivo local por seis años para hacer contrapeso a la fracción mayoritaria de Morena.
El coordinador de la fracción albiazul, Marcelo García Almaguer, incluso comenzó a ejercer presión en algunos medios de comunicación para cambiar a los titulares de la fuente de política que le resultaban incómodos, según el testimonio de periodistas que pidieron el anonimato.
10 días duró el brío de la bancada panista, el mismo periodo que la gestión de Alonso, pues la muerte de la gobernadora abrió un enfrentamiento en el grupo morenovallista para definir quién asumiría el liderazgo perdido e, inevitablemente, éste impactó en el trabajo parlamentario de sus diputados.
La división en Acción Nacional y en su grupo legislativo se hizo visible durante la designación del ciudadano que ocuparía la gubernatura en calidad de interino durante seis meses y tuvo como resultado la exclusión de ese partido del Poder Ejecutivo local.
El PAN y su dirigente estatal, Genoveva Huerta Villegas, apostaron por el perfil de Jesús Rodríguez Almeida como gobernador interino, por su cercanía con Moreno Valle, quien lo designó secretario de Seguridad Pública del estado durante su administración, y Martha Érika Alonso, en cuya gestión fungió como secretario General de Gobierno.
La decisión del PAN, que contó con el aval del presidente nacional Marko Cortés Mendoza, no recibió los votos de la fracción albiazul, la cual apoyó el 21 de enero la propuesta que impulsó Morena y el PRI: Guillermo Pacheco Pulido, expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, quien se encargó de entregar la administración pública estatal al morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, ganador de las elecciones de gobernador del 2 de junio pasado.
La decisión de los diputados albiazules originó un proceso de desgaste que redujo la fuerza de Acción Nacional en el Congreso, con la decisión de tres de sus cuatro miembros de declararse legisladores sin partido. La fuga de cuadros comenzó con Marcelo García Almaguer, quien fue director General de Puebla Comunicaciones en el sexenio morenovallista.
En un video que difundió en redes sociales el 4 de febrero, García denunció una mala conducción del partido, de la que responsabilizó a Huerta y Cortés. “Navegan sobre los restos de un proyecto que los militantes y los ciudadanos tardamos años en construir, años de lucha, de esfuerzo que hoy pretenden utilizar para dar voz a posiciones extremas sin visión de estado”, manifestó en el material audiovisual.
Asimismo, en el video reprobó que “las dirigencias” de Acción Nacional fustigaran la decisión de la bancada y lo retiraran de la coordinación de la misma a manera de reprimenda, pues denunció que en el proceso de selección que llevó a cabo el Poder Legislativo “estuvieron ausentes y mudas”.
En los meses subsecuentes se sumaron a García Almaguer los diputados María del Carmen Saavedra Fernández y Hugo Alejo Domínguez, por lo que la fracción albiazul pasó de ser la segunda fuerza legislativa a la tercera, al ser desplazada por la bancada del PT, la cual se encuentra integrada por cinco personas.
Dejan la ASE y a la CDH
La Auditoría Superior (ASE) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH), ambas del estado de Puebla, tiene en común el ser órganos constitucionalmente autónomos que a inicios de 2019 eran encabezados por personajes vinculados con el morenovallismo. El primero lo tituló David Villanueva Lomelí; el segundo, Adolfo López, quienes llegaron a sus cargos en 2011, año en que arrancó la administración de Moreno Valle, por decisión de un Congreso local que en ese entonces era dominado por el PAN.
David Villanueva concluiría su mandato como auditor en octubre de 2019 y Adolfo López Badillo como ombudsman en julio. Ambos tenían la posibilidad de solicitar su ratificación por un periodo más que hubiera extendido su permanencia en el cargo hasta el año 2026, en el caso del primero, y 2024, en el caso del segundo; no obstante, prefirieron hacerse a un lado antes que someterse al escrutinio de un Poder Legislativo que lidera Morena.
Villanueva dejó la auditoría cuatro meses después del fallecimiento del matrimonio Moreno Valle, en medio de amenazas de Morena de que sería removido del cargo por no garantizar la imparcialidad de esa institución. El 30 de abril rindió protesta de cargo como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados con el respaldo de una mayoría integrada por 239 legisladores.
José Juan Espinosa Torres, ex presidente de la Comisión Inspectora del Congreso, acusó a Villanueva de ocultar información relacionada con las cuentas públicas del gobierno de Moreno Valle, la cual fue solicitada por los diputados de Morena, el PT y el PES a partir de septiembre de 2018 para verificar si la ASE efectuó una correcta fiscalización de los recursos.
De acuerdo con Espinosa, las sospechas de que la auditoría protegió supuestos actos de corrupción de Moreno Valle se motivaron en que este órgano siempre propuso la aprobación de la ejecución del gasto del exmandatario, sin realizar señalamiento alguno, mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció en múltiples reportes una mala aplicación de los recursos hecha por esa administración.
Desde su aparición en la vida pública de Puebla en 2011, Villanueva fue vinculado con el grupo morenovallista por ser esposo de Verónica Morales, hija del exgobernador Melquiades Morales Flores que arropó a Moreno Valle como secretario de Finanzas en una parte de su sexenio. Antes de convertirse en auditor, ocupó la subdirección de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, lo que incentivó las versiones de que su arribo al órgano auditor no obedeció a su trayectoria profesional, sino a sus vínculos políticos ante su falta de experiencia en el ramo de la fiscalización.
López Badillo se convirtió en titular de la Comisión de Derechos Humanos del estado en medio de acusaciones de que el cargo lo obtuvo por su cercanía con Juan Pablo Piña, quien fungió como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública en los primeros meses del gobierno morenovallista.
López Badillo concluyó su mandato el 27 de julio sin hacer valer el derecho que le otorgaba la ley de solicitar la ratificación en el cargo. Un día antes a su salida se negó a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la cual es presidida por la diputada de Morena Estefanía Rodríguez Sandoval.
El 26 de julio Nora Merino Escamilla, legisladora del Partido Encuentro Social (PES), aliado de Morena, enlistó los actos de negligencia que acumuló López Badillo en ocho años de funciones, entre los que destacó la defensa que emprendió a favor del organismo operador de agua del municipio de Puebla, ante las acusaciones de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos en el cobro por el servicio.
Asimismo, Merino refirió que en 2014 hubo 31 activistas críticos de Moreno Valle que fueron encarcelados y pese a las evidencias de que se trató a apresamientos por razones políticas, López Badillo se limitó a promover 26 recomendaciones a un solo funcionario de dicha administración estatal.
Además, recordó que la CDH, bajo la gestión de López Badillo, no emitió pronunciamiento sobre la creación de la conocida ley bala (aprobada en mayo de 2014 y abrogada en octubre pasado). En medio del escándalo que generó la intención inicial de la legislación de autorizar armas de fuego para disolver manifestaciones, López Badillo únicamente mencionó que realizaría un estudio del tema que nunca se presentó.
Se atrincheran en el TSJ, ITAIPUE y FGE
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) y la Fiscalía General del Estado (FGE) son las dos instancias donde se mantienen los funcionarios cercanos al morenovallismo.
De los 23 magistrados que conforman el TSJ, 17 se instalaron en el Poder Judicial entre 2011 y 2018 con el respaldo de Moreno Valle y del sucesor de éste en la gubernatura y antiguo colaborador, Antonio Gali Fayad. Entre esos funcionarios se encuentran Roberto Grajales Espina, Jorge Benito Cruz Bermúdez y Raymundo Israel Mancilla Amaro, anteriores operadores electorales del grupo morenovallista.
Cruz Bermúdez inició su carrera política en Puebla en el sexenio morenovallista, del que formó parte como director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos en el Estado (Capcee) y encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno (SGG). En 2014 se incorporó al sol azteca dentro de una afiliación masiva que encabezó el entonces titular de la SGG, Luis Maldonado Venegas.
Asumió la dirigencia estatal del PRD en enero de 2018 en sustitución de Socorro Quezada Tiempo, luego de que ésta fue expulsada del partido de izquierda a petición del grupo de Maldonado por oponerse a una coalición con el PAN en la contienda por la gubernatura en la elección de este año.
Cruz Bermúdez encabezó los trabajos dentro del sol azteca para concretar la alianza con Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración que postuló a Martha Érika Alonso para la gubernatura.
En tanto, Raymundo Israel Mancilla Amaro, otrora representante de Acción Nacional en los órganos comiciales, fue detenido el 3 de julio de 2018 por elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y posteriormente liberado, debido a que estuvo presente en el centro de operación del PAN que se instaló en el hotel MM de la ciudad de Puebla, donde irrumpieron liderazgos de Morena y el PES para denunciar que desde ese lugar se manipularon los resultados de la elección del 1 de julio para dar el triunfo a Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle y hoy gobernadora electa.
Mancilla justificó su participación en el centro de operación con una licencia de cargo que el tribunal le concedió del 4 de junio al 4 de julio de 2018. El 5 de julio de ese año, la diputada Socorro Quezada Tiempo presentó al Congreso local una solicitud para la remoción del magistrado, al acusar que hizo efectiva una licencia de cargo que tuvo que someter a votación del Poder Legislativo por ser mayor a 30 días, pero no lo hizo.
El Congreso eligió a Israel Mancilla como magistrado el 31 de enero de 2017 a propuesta de Moreno Valle, entonces gobernador, quien además impulsó la designación de Roberto Grajales en 2012.
Grajales ha alternado sus funciones de magistrado con las de operador, pues en junio de 2015 pidió al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN la destitución del entonces presidente estatal del albiazul Rafael Micalco Méndez, luego de que este último denunció una afiliación masiva a Acción Nacional implementada por operadores de Moreno Valle.
En tanto, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla es el organismo público autónomo de vigilar el cumplimiento de la ley en la materia por parte de todos los sujetos obligados en la entidad federativa.
Los tres comisionados que conforman el pleno del Itaipue fueron designados por el Congreso en diciembre de 2016, en medio de críticas por su cercanía al gobierno de Moreno Valle que en ese entonces estaba a mes y medio de concluir.
La presidente del instituto, Laura Marcela Carcaño Ruiz, carecía de experiencia en el ramo de la transparencia al momento de ser electa y provenía de la administración estatal, donde ocupó el cargo de directora de Análisis de la Información de la Secretaría de la Contraloría.
En tanto, la comisionada Gabriela Sierra Palacios ha sido vinculada a Martha Érika Alonso, con quien guardaba lazos familiares según la excomisionada de transparencia Norma Estela Pimentel Méndez –situación que la primera siempre ha negado–, mientras Carlos Germán Loeschmann Moreno adoptó una postura institucional con el gobierno morenovallistas desde la Coordinación General de la Comisión para el Acceso a la Información Pública –ahora Itaipue–, cargo que ocupó antes de convertirse en comisionado.
Con Marcela Carcaño, Gabriela Sierra y Germán Loeschmann a la cabeza, el Itaipue se ha visto envuelto en escándalos por la parcialidad en sus resoluciones. En abril de 2018, un ciudadano encaró a los comisionados en sesión pública por sobreseer el recurso de revisión 40/SOAPAP–01/2018 que exigía al SOAPAP transparentar la fórmula que emplea para calcular las tarifas que aplica para el cobro del servicio de agua potable.
Antes de terminar 2019, la situación de Gilberto Higuera Bernal como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra en vilo, luego de que el anterior titular del cargo que lo dejó al mando, el morenovallista Víctor Antonio Carrancá Bourget, presentó su renuncia al cargo el 6 de diciembre pasado.
El Congreso abrirá el proceso de selección de un nuevo fiscal con la designación de por lo menos 10 perfiles que turnará al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para que este último defina una terna que será votada por el pleno para definir al próximo titular de la FGE, posiblemente a inicios de 2020.