Las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre 10 cuentas congeladas de líderes del Movimiento Antorchista Nacional incluyen los ingresos generados por una cadena de 15 restaurantes, otra de seis hoteles, amén de ocho gasolineras, revelaron a esta casa editorial fuentes cercanas a las indagatorias.
Las pesquisas también se enfocarán a las constructoras y grúas vinculadas a la organización, amén de sus parques vehiculares para el transporte público.
Los antorchistas son dueños de una cadena de restaurantes de comida mexicana tradicional llamada Fonda Margarita que tiene al menos 15 sucursales en la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Tecomatlán, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio y Zacapoaxtla.
La organización, que tiene como bandera política la supuesta lucha a favor de los pobres, ostenta una cadena de al menos seis hoteles con sedes en la capital del país Tecomatlán, Apulco y Acatlán.
Además, los antorchistas se han convertido también en prósperos empresarios gasolineros, pues poseen al menos ocho gasolineras, repartidas en Tecomatlán, Cuetzalan del Progreso, Acatlán de Osorio, Tepexi de Rodríguez, Tecamachalco, Ixcaquixtla, la Angelópolis y Huamuxtitlán, Guerrero.
Antorcha inmobiliaria
Las fuentes consultadas señalaron que también se indagan las constructoras que tiene la organización, pues habiendo sido gestores de recursos públicos durante décadas, las obras para los ayuntamientos que gobiernan las hacían a través de sus inmobiliarias, con lo cual garantizaban que prácticamente todo el dinero oficial se quedara en manos de los antorchistas.
Por ejemplo, se calcula que de 2012 a 2016 los antorchistas tuvieron contratadas 203 obras que en total sumaron un monto de 551 millones 962 mil 652 pesos con 66 centavos, divididos de la siguiente manera: en 2012 tuvieron 16 obras por un monto de 17 millones 515 mil 997.20 pesos, al año siguiente fueron 52 obras por 267 millones 726 mil 965.65 pesos, en 2014 fueron 25 obras por 73 millones 591 mil 600.20 pesos, en 2015, 43 por 70 millones 885 mil 283.05 pesos y en 2016, 67 por 122 millones 242 mil 806.56 pesos.
Otro negocio que ha resultado jugoso para el Movimiento Antorchista en Puebla es el del servicio de grúas de arrastre y corralón para automóviles cuyos dueños son infraccionados o que resultan involucrados en choques.
En 2018, el coordinador de los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el ayuntamiento de Puebla, Iván Galindo Castillejos, quien fungía además como presidente de la Comisión de Servicios Públicos, reveló que 15 millones de pesos fue la ganancia que obtuvieron en 2016 las empresas dedicadas al arrastre y de ese monto 80 por ciento, 12 millones de pesos, fue a parar a las arcas de Antorcha Campesina.
Una muestra de la voracidad de los antorchistas en el negocio de las grúas es el oficio que el 4 de abril de 2018 envió al gobierno estado de Puebla, Arturo Leal Lara, “representante legal de las empresas denominadas Corralón Antorchista” (sic), en el cual solicitó que se declara a su favor el abandono de 2 mil vehículos, mismos que fueron ingresados e inventariados al depósito.
Antorcha transportista
Los antorchistas han incursionado en otras actividades sumamente lucrativas, como el transporte público. En ese sector, el esquema hombre–camión prevalece en más de 99 por ciento del sistema poblano, por lo que existe la figura de “delegado o representante” de cada ruta, quien acumula poder en el derrotero, favoreciendo sus intereses personales y los del grupo al que pertenece, indicaron las fuentes consultadas.
Lo anterior genera inconformidades con minorías dentro de la ruta. Éstos pequeños grupos internos o individuos inconformes, suelen acudir a Antorcha Campesina para ser representados ante la autoridad. Sin embargo, para lograr el equilibrio interno entre los inconformes, la organización ingresa vehículos irregulares en las rutas por medio de la fuerza, violencia física, extorsión, utilizando, como es su costumbre, a militantes de otros sectores como campesinos y comerciantes eventuales.
Con el paso de los meses o los años, la representación de las rutas cambia de titularidad. Antorcha Campesina utiliza a los inconformes para legalizar los vehículos irregulares y exigir mayores canonjías para los eventuales, limitando la operación de los miembros concesionados legítimos hasta el punto de su eliminación del derrotero, lo que repercute en pérdidas económicas al patrimonio de los concesionarios legítimos.
En el interior del estado de Puebla, donde era más factible el otorgamiento de concesiones y permisos, los antorchistas utilizan la coacción social para demandar más de lo técnicamente posible y obtener así las notificaciones para sus representados, beneficiando a los eventuales irregulares.
Se calcula que este modo de operar de Antorcha Campesina afecta al menos a 37 municipios: Acatlán de Osorio, Ahuehuetitla, Amozoc, Atlixco, Azumbilla, Cañada Morelos, Ciudad Serdán, Chiautla de Tapia, Chila de las Flores, Chietla, Coatzingo, Guadalupe Santana, Ixcamilpa de Guerrero, Izúcar de Matamoros, Molcaxac, Petlalcingo, San Juan Ixcaquixtla, San Gabriel Chilac, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca y Tehuacán.
Asimismo, en Tecamachalco, Tehuitzingo, Tepeojuma, Tepexi de Rodríguez, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Teziutlán, Piaxtla, El Seco, Santa Clara Ocoyucan, Coxcatlán, San Jerónimo Tecuanipan, Zinacatepec, Acatzingo y Altepexi, además de la capital estatal.
En esas demarcaciones, había hasta hace dos años denuncias de transportistas que tenían sus documentos y automotores en regla, acerca de 124 unidades incorporadas de manera ilegal por los antorchistas a las rutas y se habían contabilizado a 996 unidades particulares de la organización prestando el servicio mercantil.
Hasta el año 2018, Antorcha Campesina tenía ingresadas 80 solicitudes en la Dirección de Ingeniería y Planeación del Transporte pidiendo 150 nuevos permisos, cinco sitios, 214 concesiones, 15 revaloraciones de estudios técnicos, 13 ampliaciones de itinerario, 12 ampliaciones de parque vehicular, 63 cambios de modalidad, dos asignaciones de clave única, un cambio de imagen un servicio turístico, tres reconocimientos de itinerario y dos fusiones de itinerario.