La Universidad de las Américas Puebla estuvo sometida por más de dos años a serios conflictos propiciados por el gobierno estatal durante la gestión del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta, que implicaron la toma de las instalaciones del campus, ubicado en San Andrés Cholula, el 28 de junio del 2021, a partir de una diligencia judicial ordenada por un juez civil de la Ciudad de México y con el apoyo del Poder Judicial de Puebla para llevar a cabo el cambio del Patronato en la institución académica.
En ese entonces, el mandatario estatal señaló que la destitución de los patronos y el nombramiento de otros en la Fundación UDLAP derivó de la denuncia que presentó su gobierno, a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, por el presunto desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ). Además, acusó al rector Luis Ernesto Derbez por su posible participación y solapamiento en el eventual saqueo de bienes sufrió la Fundación Mary Street Jenkins.
Por su parte, los miembros de la familia Jenkins y del Patronato de la Fundación acusaron al gobierno de Puebla de querer apropiarse de la UDLAP y sus recursos, e insistieron en que el patrimonio de la FMSJ es privado y pertenece “exclusivamente” a la institución, señalando que los 750 millones de dólares que posee corresponden principalmente a bienes inmuebles y activos , donde 50 por ciento de sus recursos corresponden al propio campus de la universidad, que permanecía intervenido por la Policía Estatal.
Tras dos años de conflictos legales, este martes regresó el economista Luis Ernesto Derbez Bautista a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla, a quien se le acusó de presunto desfalco a la Fundación y quien solicitó licencia al cargo el 20 de agosto de 2021.
Transcurrido el tiempo y los procesos legales, muchas interrogantes siguen presentes sobre lo acontecido, de un conflicto que se volvió mediático a instancias del protagonismo del gobierno estatal, pero que se resolvió por la vía legal, dándole la razón al Patronato de la Fundación conformado por miembros de la familia Jenkins y al propio rector que regresa. ¿Había necesidad de llegar a medidas tan extremas como la intervención por la fuerza pública de las instalaciones universitarias sin considerar las afectaciones académicas de estudiantes y profesores, quienes se movilizaron en contra del gobierno estatal, solicitando la liberación de las instalaciones? ¿Había necesidad de poner en riesgo la viabilidad de la institución, en medio de la pandemia del Covid19, afectando el desempeño universitario, si el conflicto se iba a dirimir, como sucedió, por vías legales?