No hay persecución contra la UAP; la ASE audita a 20 sujetos obligados más: Congreso

La Comisión Inspectora del Congreso local descartó una persecución política contra el rector de Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Alfonso Esparza Ortiz, en la fiscalización de recursos, pues la auditoría preventiva que enfrenta también se inició sobre 20 sujetos obligados más. 

En la lista se encuentra las secretarías de Salud y Finanzas del gobierno del estado, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), así como el propio Congreso y su órgano fiscalizador, la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“El acto de fiscalización no implica una intromisión a la libertad de autogobierno y autoadministración de los sujetos que gozan autonomía, al contrario, éste tiene por objeto verificar que efectivamente los recursos que reciben del pueblo se destinaron para el fin por el cual les fueron otorgados”, aseguró la presidente de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci Crespo.


Romero encabezó este día una conferencia de medios en el palacio legislativo para abordar el tema, donde la diputada Mónica Lara Chávez señaló una falta de voluntad de las autoridades de la UAP a ser auditadas, situación que el legislador Emilio Maurer Espinosa atribuyó a un temor de ser sancionados por el posible mal manejo de recursos. 

Los integrantes de la Comisión Inspectora demandaron a las autoridades de la UAP no usar de pretexto la autonomía que tiene esa institución para colocar trabas a la revisión que realiza la ASE del ejercicio 2019.

A continuación, se presenta el pronunciamiento al que dio lectura Olga Lucía Romero.

“Buenos días compañeras y compañeros diputados y distinguidos miembros de la prensa libre. Les agradezco mucho el que nos acompañen hoy. Convocamos a esta rueda de prensa para compartirles un posicionamiento de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado; toda vez que en la vida pública de nuestro Estado ha trascendido el tema de la auditoría preventiva que inició la Auditoría Superior del Estado a la máxima casa de estudios de las y los poblanos: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

“Esto, en virtud de que los diversos entes públicos implicados han emitido mensajes a la población, para esclarecer una situación que ha polarizado la opinión. Este será un posicionamiento inductivo; es decir: que de un caso particular, me pronunciaré sobre una situación general. Lo anterior en virtud de que se trata del ejercicio de una facultad potestativa que, si bien recayó respecto a revisar el ejercicio de los recursos públicos de la BUAP, trasciende al de todos los sujetos que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla obliga.

 

“La fiscalización superior del ejercicio de los recursos públicos es una función del gobierno que tiene por objeto directo mejorar el gasto público. Las y los ciudadanos dotan al gobierno de recursos para que éste diseñe políticas públicas, implemente programas y realice acciones que mejoren la vida pública. Así, es del interés de todos revisar que los entes públicos realicen el gasto de manera eficiente, eficaz y legal. Por lo anterior, corresponde al Congreso fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos para asegurar que se realice conforme a la Ley, pues cada año diseñamos un Presupuesto con base en las necesidades de quienes nos eligieron para representarlos en el Congreso: las y los poblanos. 

“Ahora bien, dicha tarea se realiza a través de la Auditoría Superior del Estado. Éste, es el órgano de fiscalización, control y evaluación, dependiente del Congreso del Estado, que goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones encargada de fiscalizar los recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y organismos autónomos, entre otros.

“Su autonomía le faculta a decidir sobre su organización interna, su funcionamiento y sus resoluciones. Y la razón de ser de esto, es para garantizar la calidad de sus resultados, pues fomenta y protege la profesionalización y especialización de sus servidores públicos. En el ejercicio de esta autonomía, la Auditoría Superior del Estado decidió ejercer la auditoría preventiva a 21 sujetos de revisión en diciembre del año pasado, respecto el ejercicio 2019. El Congreso del Estado, la Secretaría de Salud, la de Finanzas y la Auditoría Superior del Estado, entre otras junto con la BUAP, se encuentran dentro de éstos 21 sujetos.

“Ante dicha situación, el Honorable Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presentó un informe respecto la situación legal de dicha auditoría preventiva y formuló un exhorto al Congreso del Estado; y diversos directores de preparatorias y facultades de ésta suscribieron un comunicado en contra de dicho acto, que desde su punto de vista y opinión, presuntamente atenta contra la autonomía de la BUAP.

“Por lo anterior, compartimos con ustedes el siguiente POSICIONAMIENTO:

“La autonomía como garantía institucional, protege a la función pública de las arbitrariedades de quienes temporalmente se encuentran en el Poder. En el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el ejercicio de su autonomía le ha permitido organizar y gobernarse libremente; definir su estructura; sus funciones académicas, planes, programas y términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; así como administrar su patrimonio con el objeto de contribuir a la prestación de los servicios educativos en el Estado de Puebla. Gracias a dicha autonomía, ha contribuido al desarrollo del pueblo mexicano, al análisis y solución de sus problemas y al fortalecimiento de su autodeterminación científica y tecnológica.

“A su vez, la Auditoría Superior del Estado, en ejercicio de su autonomía ha logrado decidir sobre su planeación, programación, ejecución, formulación de informes, seguimiento en el proceso de la fiscalización superior, su organización interna, estructura y funcionamiento; así como la administración de sus recursos para la ejecución de las atribuciones que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla le encomienda. En consecuencia, emite información útil para que el Congreso determine de los resultados de la gestión financiera de los entes públicos, si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos que diseñamos y el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas de trabajo.

“El acto de fiscalización no implica una intromisión a la libertad de autogobierno y autoadministración de los sujetos que gozan autonomía. Al contrario, éste tiene por objeto verificar que efectivamente los recursos que reciben del pueblo se destinaron para el fin por el cual les fueron otorgados. Para el caso de las univesidades a las que la ley les otorga autonomía, en cuanto a su libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas, el acto de fiscalización es irrelevante, ya que la fiscalización se realiza sobre la aplicación y ejercicio de los recursos públicos que recibe la Universidad del pueblo, los que percibe de los estudiantes y padres de familia, de la sociedad poblana en general, que se gasten de acuerdo al marco normativo que rige a la institución pública que es la Universidad, y a los servidores públicos que la representan y que en ella laboran.

 

“Por lo cual, es ampliamente impreciso y engañoso calificar al acto de fiscalización como una vulneración al principio de autonomía. Considerar esa ficción, sólo inspirará y alentará a la inobservancia de la Ley.

“Ahora bien, en el ejercicio de su autonomía, la Auditoría Superior del Estado comenzó dicha revisión preventiva a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La realización de una revisión preventiva es una facultad potestativa que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla otorga a la Auditoría Superior del Estado. El mismo texto de la fracción II del artículo 113 de la Constitución Local establece la dicotomía entre poder iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, o realizar revisiones preventivas durante el ejercicio fiscal en curso que estime pertinentes, interpretando dicho precepto sistemáticamente con la fracción XIX del artículo 4 y el artículo 77 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Por lo anterior, se considera una facultad que la ley le otorga a la Auditoría Superior del Estado, discrecional y su ejercicio se presume constitucional, legal y válido.

“Es incorrecto estimar que su ejercicio es arbitrario.

“La Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado celebra el ejercicio de dicha facultad, pues desde el 2010 que se le dotó a la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, pocas veces se ha ejercido. Las revisiones preventivas fueron incorporadas a la esfera de competencia de las Entidades de Fiscalización Superior para dotarles de herramientas para mejorar sus resultados, previniendo con esto el uso indebido de recursos públicos por los servidores públicos. Por lo anterior, fomentamos su ejercicio en aras de fortalecer la fiscalización superior y la rendición de cuentas en Puebla.

“El Congreso del Estado depositó su confianza en el recién nombrado Auditor Superior del Estado, al haber sido electo para ejercer dicho encargo por la mayoría de sus integrantes, en virtud de su idoneidad y visión. Dicha visión impulsó el ejercicio de una facultad marginada de suma utilidad en la fiscalización superior, que como ya mencioné, no se utilizaba por las anteriores administraciones, pero que no solo es muy útil, es necesaria e indispensable que se apliquen todas las acciones que aporten a la prevención de la disposición y utilización de recursos públicos que no se apeguen a la ley. En razón de lo anterior, confiamos que las decisiones autónomas que la Auditoría Superior del Estado tome, darán frutos a la sociedad poblana en materia de rendición de cuentas, de prevención de desvíos de recursos, y en su caso, de recuperar el dinero público que se haya aplicado de forma indebida por los servidores públicos responsables.

“La Comisión General Inspectora continuará, como hasta la fecha, supervisando y evaluando los resultados del ejercicio de las funciones de la Auditoría Superior del Estado; exigiéndole resultados de calidad en estricto apego a la Ley. De igual forma, las y los integrantes de esta Comisión manifestamos con energía que como representantes de las y los poblanos tenemos la obligación de velar por sus intereses y hacer valer nuestra Constitución, como ya hemos realizado las acciones que nos competen, con la Auditoría Superior del Estado, al tener conocimiento de la situación que hoy estamos atendiendo y que daremos el debido seguimiento, manteniendo siempre informada a la sociedad poblana. 

“Nuestro compromiso es con las y los poblanos pues busca, sobre cualquier otra cosa, mejorar la vida pública y combatir la corrupción  en el Estado Libre y Soberano de Puebla, a través de instituciones eficientes y eficaces y normas justas que se apliquen con oportunidad.”