El asalto al Capitolio efectuado por los seguidores del presidente Trump, encontrándose reunidos los integrantes de las dos Cámaras para certificar los votos del Colegio Electoral, prendió los focos rojos y el sentido de alerta máxima en la sociedad estadunidense que mira, incrédula y atónita, los acontecimientos. La elección del 3 de noviembre ya es historia y los estadunidenses parecen haber entrado en periodo de incertidumbre sobre su decisión electoral, más que en fase esperanzadora del cambio político esperado de ella. Faltan menos de 10 días para darse la transmisión del poder presidencial y en buena parte de la población existe duda sobre si ocurrirá o no. Después del 14 de diciembre en que el Colegio Electoral hizo oficial el recuento de los votos, el triunfador Biden se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos, aún carente del poder de mando sobre la institucionalidad del Estado; y Trump, el derrotado, sigue como presidente en funciones al mando de esa institucionalidad. Esta dualidad de circunstancia presidencial jamás alteró la vida institucional del país, sin embargo, el asalto al Capitolio evidenció que la intranquilidad política y la duda fundada sobre la transmisión pacífica del poder presidencial permanecerán hasta el 20 de enero.
En la recta final del periodo presidencial el grueso de funcionarios y representantes populares dan impresión de no saber qué hacer frente a las actitudes del presidente Trump, ni tampoco si cumplirá lo que dice. Acusado por su hermana mayor -Maryanne Trump Barry, juez federal retirada, de 83 años- de ser un “mentiroso sin principios”; por su sobrina, Mary Trump, sicóloga, de probablemente sufrir “narcisismo y otros trastornos clínicos” (https://www.jornada.com.mx/2020/08/24/mundo/024n2mun); y por The Washington Post, de haber logrado emitir más de 20 mil mentiras desde que inició su presidencia –“tsunami de no verdades”- (https://cutt.ly/QpJ119L ); Trump ha logrado elevar la característica de mentiroso, de problema personal a condición de problema de Estado. Ha sostenido que la pandemia estaba bajo control, que los médicos mentían sobre su letalidad, que ha sido el mejor presidente de Estados Unidos después de Abraham Lincoln, que la economía del país es una maravilla, que vencería al socialismo, y que el impeachment a que lo condujo antes la cámara baja “no es más que un intento de golpe de Estado ilegal y partidista motivado por el resentimiento”. Después del asalto al Capitolio pasó, de azuzar a sus partidarios para la toma del mismo, a pedir que sean procesados por los delitos que hubieren cometido; de reiterar que no habría transmisión pacífica del poder, a decir que sí la habrá; y, últimamente, declarar que no asistirá a la ceremonia en que Biden asuma el cargo. ¿Será verdad o está mintiendo?
La duda política es de tal magnitud que, a estas fechas, nadie tiene certeza de nada. Unos piden aplicar una enmienda para declararlo incapaz, otros se inclinan por un nuevo impeachment para separarlo del cargo, otros llaman al Pentágono para consultar cómo retirarle o prevenir mal uso de códigos nucleares, y otros se inclinan por pedirle que renuncie. El problema es ¿cómo?, a escasos días de que concluya su periodo. Sin lugar a duda el cimiento duro de esta aventura iniciada por Donald Trump está en la enorme polarización política de la sociedad estadunidense expresada en el número de votos de cada candidato: Biden, 81.3 millones, Trump, 74.2 millones; aderezada con que el demócrata hubiera conseguido una buena cantidad de esos votos, más por el sentimiento anti Trump que por su propia propuesta política hacia el electorado, cuya notoria ausencia lo exhibió como un candidato gris. Trump creyó poder utilizar a ese segmento social que lo sigue, y a la parte de la estructura estatal controlada por el Partido Republicano para diseñar una acción autoritaria, fuera de la Constitución, pero con algún respaldo popular como artilugio legitimador para descarrilar la elección bajo el constante señalamiento de la existencia de fraude y erigirse, mediante una especie de autoproclamación, como presidente por otros cuatro años. Todo parecía planeado: descalificación de la elección; generación de caos social; atracción inmoral de apoyo popular; uso del poder del Estado. El presidente se convirtió en el actor principal de la obra golpista que intentaría, con apoyo de la élite que domina la economía del país, el Partido Republicano con sus cotos de poder político, la base social de sus votantes, y su todavía vigente poder presidencial, en especial su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas.
La descalificación de la elección la hizo antes, durante y después de efectuada alegando la existencia de un gran fraude fraguado en su contra por los demócratas; discursivamente pasó de reconocer la validez de la elección sólo si él ganaba, a cuestionar la certeza del voto emitido por correo, hasta llegar a la más reciente: “Los tribunales son malos, el FBI y la ‘justicia’ no hicieron su trabajo y el sistema electoral de Estados Unidos parece el de un país del tercer mundo”. La discusión sobre irregularidades en el proceso electoral entró en fase de desconexión lógica -un auténtico diálogo de sordos- debido a los propósitos y métodos que cada bando esgrimía. Demócratas, antitrumpistas, periodistas, analistas políticos, líderes sociales, asumieron como premisa básica para negar la existencia de irregularidades, que éstas no habían sido probadas, presuponiendo apego a un régimen de legalidad; a Trump tal argumento le importaba un bledo pues su objetivo de mantenerse en la Casa Blanca, en tanto acción autoritaria, de facto, estaba al margen de aquella.
El caos social tendría tres vertientes: el debate político, la confrontación ideológica y la violencia social en las calles. El hecho de que la Constitución política de los Estados Unidos de América no prevea el manejo institucional de una situación como la que Trump se ¿aprestaba? a configurar -no entregar el poder al término de su gestión- desataría necesariamente el debate no solo entre partidos políticos sino entre los distintos representantes de las instituciones del Estado y, por supuesto, entre Biden y Trump; surgiría la confrontación ideológica envolviendo al grueso de la población, hasta llegar al enfrentamiento violento en las calles de las ciudades con grupos armados -Proud Boys y los Bogaloo- que diciéndose listos para dar la vida por la causa antifraude, en realidad combatirían todo aquello que huela a movimiento social organizado etiquetado como “izquierda radical”. El problema real que observa la poderosa élite que controla los destinos económicos y políticos de EU, no es la victoria electoral de los demócratas, sino el gran ascenso del movimiento popular que rechaza la discriminación racial y el supremacismo blanco, especialmente, por la impresentable conducción política, económica y sanitaria del país hecha por el empresario de espectáculos al que convirtieron -defraudando la voluntad popular- en presidente de la república. La atracción inmoral de apoyo popular para la causa de Trump se basaba en un ardid político publicitario sobre el presupuesto federal: cuestionar la ley del Congreso que establecía una ayuda de 600 dólares, por una sola vez, a millones de estadunidenses en apuros económicos; calificarla como una vergüenza, y exigir a los congresistas que subiera a 2 mil dólares. Las primeras reacciones -auténticas o de propaganda- fueron las pintas vandálicas en casas de los líderes de las Cámaras, Mitch McConell y Nancy Pelosi, que dicen ¿Dónde está mi dinero?
El fantasma de algún tipo de golpe o imposición de ley marcial en ejercicio del poder presidencial hizo que 10 ex secretarios de Defensa advirtieran: “…esfuerzos para involucrar a las fuerzas armadas en resolver disputas electorales nos llevaría a territorio peligroso, ilegal e inconstitucional”. Esta declaración pareció lograr que altos funcionarios y representantes allegados a Trump -McConell, Barr, Pence- desistieran de apoyarlo en la idea de mantenerse en el poder. De no tener un as bajo la manga, la intentona golpista parece haber llegado a su fin. Trump ha dado el espectáculo de su vida demostrando, a ojos vistos, los riesgos de violencia e incultura que entraña el manejo empresarial del estado, la visión supremacista -de raza y élite- en la organización socioeconómica de una sociedad, y el inherente apego a la violencia como mecanismo de dominación social. A Estados Unidos le podrá decir “no sabes con quien te metes”. Para el movimiento social del pueblo estadunidense los días aciagos están por venir.