Tribunal Permanente de Pueblos se pronunció vs. amenazas a poblanos que luchan por su tierra

En el documento se expone que, sin consultar a las comunidades, las empresas mineras han tenido un crecimiento explosivo. En la imagen, la región de Tuligtic  -  Foto José Castañares / Archivo de La Jornada de Oriente
En el documento se expone que, sin consultar a las comunidades, las empresas mineras han tenido un crecimiento explosivo. En la imagen, la región de Tuligtic – Foto José Castañares / Archivo de La Jornada de Oriente

El Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México se pronunció en contra de las amenazas recibidas por Maurilio Rosas Morales y otros miembros de las comunidades de Tuzuapan, Quecholac, Tecamachalco y Palmar del Bravo, en el estado de Puebla, quienes luchan contra la empresa cementera Cruz Azul, instalada en el año 2007, la cual está contaminando sus cultivos, tierra, agua y aire.

El pronunciamiento se efectuó la semana pasada, durante la preaudiencia “Despojo y envenenamiento de las comunidades por minería y basura”, que se efectuó en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El Tribunal también demandó la suspensión de la vigencia de todas las concesiones mineras en México hasta en tanto no se realice una evaluación científica, técnica, jurídica, social y ambiental independiente respecto a la legitimidad y la legalidad de los proyectos mineros que operan la nación.


En el encuentro, en el que participaron una veintena de organizaciones sociales y comunidades indígenas del país, se denunció una serie de actos de corrupción e impunidad de los tres niveles de gobierno, a quienes exigieron castigo.

“Defendiendo la tierra que nos heredaron nuestros abuelos, alzamos hoy la voz en defensa del territorio y nuestras vidas en contra de quienes nos despojan y ocupan nuestros pueblos, explotan nuestras riquezas naturales y contaminan el medio ambiente”, se lee en el pronunciamiento.

Ante la devastación ambiental del país, pobladores de diversas comunidades indígenas y rurales presentaron testimonios y denuncias, con pruebas suficientes que las respaldan y dan prueba de la destrucción, la violación sistemática de sus derechos, el desvío de poder del Estado para entregar las tierras, recursos naturales estratégicos y bienes a grandes empresas y gobiernos extranjeros.

Lo anterior, señalaron, a costa de la salud, la vida, el medio ambiente y la historia de los pueblos.

En el documento se expone que sin consultar a las comunidades, las empresas mineras, las que manejan la basura, así como los basureros de todo tipo han tenido un crecimiento explosivo en México durante los últimos años, como resultado de la reforma al artículo 27 de la Constitución y de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.

“Nos damos cuenta de que los basureros se multiplican y están saturando nuestros territorios, no sólo con la basura doméstica tradicional sino incluso con residuos tóxicos peligrosos, que las autoridades llaman rellenos sanitarios, pero en realidad, la mayoría de ellos son tiraderos a cielo abierto, basureros clandestinos enterrados, basureros depositados en socavones de minas, basura dispersa en canales y barrancas, terrenos baldíos y calles”, se documentó.

Estos basureros –se expuso– están generando enfermedades degenerativas, malformaciones y muerte entre los habitantes de las comunidades cercanas a donde están instalados.

Asimismo, se denunció la criminalización del reclamo de justicia, utilizando las leyes en contra de los pobladores que luchan por su vida y su tierra, fabricándole delitos, sitiando pueblos, reprimiendo y golpeando a la gente.

Las organizaciones y comunidades expusieron que el gobierno ha llegado hasta el asesinato de luchadores sociales, con tal de favorecer a empresas estadounidenses o canadienses, como fue el caso de Bernardo Vázquez Sánchez, quien defendió la causa del pueblo de San José del Progreso, en Oaxaca, en contra de la minera Cuzcatlán.

Al final, el Tribunal escuchó cada uno de los casos de los participantes y denunció de manera urgente, el hostigamiento, las agresiones, intimidaciones y amenaza de muerte en contra de los dirigentes sociales, entre ellos el poblano Maurilio Rosas Morales.

Las organizaciones y pueblos que participaron en la preaudicencia fueron la comunidad de Alpuyeca, Morelos; “Un salto de vida”, El Salto, Jalisco; Coordinadora de Pueblos Indígenas Río Temoaya–Mayorazgo, Estado de México; Colectivo Autonomía en los Barrios, comunidad de San Nicolás Totolapan, DF; Movimiento morelense contra las concesiones de metales preciosos; Organización Campesina Emiliano Zapata CNPA–MLN, Chiapas; Frente en Defensa de Tepoztlán; Sierra Norte de Puebla; comunidades de Tuzuapan, Quecholac, Tecamachalco y Palmar del Bravo, Puebla, entre otros.