Este 13 de noviembre, al cumplirse 12 años del feminicidio de Araceli Vázquez Barranco, el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del estado, con sede en San Andrés Cholula, decidirá si reclasifica el caso como feminicidio y, en su caso, incrementa la pena contra quien fue declarado culpable, Javier Mauricio Díaz, su expareja.
El análisis jurídico deriva de la apelación presentada por Amada Barranco, madre de Araceli, y su abogada, Fernanda Santos, contra la resolución de la Cuarta Sala Penal del estado que en febrero de 2024 modificó la calificación de feminicidio a homicidio, y redujo la pena impuesta al acusado de 35 años, condena ya inferior a la prevista por la ley, a 27 años y seis meses, a petición del propio sentenciado.
La litigante relató que los magistrados de la Cuarta Sala argumentaron la ausencia de pruebas que acreditaran la violencia psicológica, el hostigamiento y el acoso que, dijo, cometió Javier Mauricio Díaz contra Araceli antes de privarla de la vida. Para Santos ello constituyó una violación a la jurisprudencia establecida en el caso Lima Buendía por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, que obliga a las fiscalías y a los órganos jurisdiccionales a investigar y valorar sentencias con perspectiva de género.
“¿Qué significa aplicar perspectiva de género? Primero, analizar los contextos de violencia de género, valorar las situaciones de poder que existían entre el agresor y Araceli, una mujer joven, recién egresada que confiaba en su expareja. Existe una omisión completa de la Cuarta Sala al no atender esa obligación”, explicó la abogada Fernanda Santos.
Por ello, la litigante señaló que el Tercer Tribunal Colegiado puede sentar un precedente jurídico para definir si el Estado seguirá siendo cómplice, haciéndose de la vista gorda ante feminicidios y reclasificándolos como homicidios, o si dejará de contribuir a un contexto de impunidad pese a la existencia de una alerta de género en la entidad.
El expediente será revisado por los magistrados José Luis Moya Flores, Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez y José Gabriel Ortega García, en ese orden.
“Este tribunal no solo tiene la tarea de restituir la dignidad en nombre de Araceli y volver a poner en el centro del debate el tema del feminicidio en Puebla, también puede interpretar qué significa la violencia psicológica, reconocer la multiplicidad de víctimas y de formas de violencia, y constatar la ausencia de una respuesta clara para identificar a una persona como víctima de este tipo de agresiones”, afirmó Santos.
Cabe recordar que en marzo de 2024 los magistrados Moya Flores y Ruiz Jiménez fueron señalados por el gobierno federal, durante una conferencia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de haber favorecido a Javier López Zavala, excandidato priista a la gubernatura de Puebla acusado del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, al otorgar un amparo al inculpado contra la decisión de una juez de control de no tramitar su sobreseimiento por feminicidio.
La abogada adelantó que, de no prosperar la apelación, aún quedaría la vía del amparo directo como último recurso, aunque advirtió que un fallo adverso enviaría un mensaje profundamente negativo del Estado hacia las víctimas.
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Impunidad por más de una década
Amada Barranco, madre de Araceli, y Alma Delia Vázquez, hermana de la víctima, relataron que desde el 13 de noviembre de 2013 hasta julio de 2023, cuando fue detenido, Javier Mauricio Díaz permaneció prófugo, un resultado que atribuyeron a la incompetencia de la Fiscalía General del Estado.
Recordaron que el feminicidio ocurrió en el domicilio de la víctima en el municipio de Acajete, y que durante casi una década el agresor vivió en un municipio cercano donde formó una familia. Entre las causas de la impunidad, la madre denunció errores graves y violaciones a derechos humanos por parte del Ministerio Público, y señaló que la agente ministerial que llevó el caso le dijo que no necesitaba asesoría legal porque ella misma la estaba conduciendo, lo que vulneró su derecho al acceso a un abogado.
Amada Barranco añadió que de los varios agentes del Ministerio Público que atendieron la carpeta de investigación, solo uno mostró disposición real y brindó acompañamiento, y que cuando finalmente se logró la detención de Díaz, la Fiscalía no notificó a la familia, por lo que la madre se enteró por integrantes de colectivos que la habían acompañado.
Además, sostuvo que el Estado fue omiso en brindar atención psicológica, y que ella sólo pudo acceder a ese servicio gracias al apoyo de colectivos, transcurrida más de una década.
Cuarta Sala reclasificó el crimen por “falta de pruebas”, dice la abogada
Respecto a la reclasificación de febrero de 2024, Santos explicó que la decisión se derivó del recurso de apelación al que tuvo derecho el acusado, pero enfatizó que, pese a que Amada Barranco presentó pruebas que, afirmó, acreditan el acoso, el hostigamiento y la violencia psicológica sufridos por su hija y las entregó a la Fiscalía, la Sala sostuvo que no existía tal evidencia, lo que según la defensa evidencia la impunidad con que actuaron la Fiscalía y el Poder Judicial.
La familia también reiteró su desacuerdo con la sentencia original de 35 años, pues en su interpretación la pena mínima por feminicidio prevista en el código penal es de 40 años, y aunque no reclaman únicamente esa cifra, expresaron su exigencia de que se imponga la pena máxima de 60 años.
“Desde que se la redujeron a 27 años, la agente del Ministerio Público me dijo que ya no podían hacer nada porque el sentenciado apeló. Entonces le dije: qué poca madre, todavía que me quitaron lo más preciado se le va a premiar al maldito este. Dije que lástima que no voy a vivir los 27 años porque si yo viviera, aquí sale y yo lo mato. No se me hace justo, pido justicia por mi hija, sé que no me la van a regresar pero pido la máxima justicia para ella”, concluyó Amada Barranco.
