Tras la tragedia registrada el 27 de marzo de 2023 en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la cual fallecieron 40 migrantes y otros 26 resultaron heridos en un incendio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó una “deconstrucción” de estos centros de retención. Por ello, una vez remodelada, próximamente volverá a operar la estación migratoria de Puebla que se ubica a un costado de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) y que fue señalada en 2023 por universidades y colectivos quienes, según Andrés Vidal, director de Control y Verificación Migratoria del organismo. documentaron casos de hacinamiento y violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior seguramente mejorará la atención a las personas migrantes, quitando las condiciones carcelarias en que son retenidos, garantizando un mejor trato para ellos. Sin embargo, en días pasados se informó que en lo que va de 2024 un total de 14 mil 450 migrantes de diferentes nacionalidades, principalmente centroamericanos, fueron retenidos por el INM en Puebla y, al tener un tránsito ilegal por la entidad ni existir las instalaciones para alojarlos, fueron enviados a 16 de estos centros que se encuentran en el sur del país, principalmente Chiapas. Lo cual obliga a preguntarnos el destino final de esos migrantes, que pueden ser deportados a sus países de origen.
Es una preocupación sin duda el destino de las personas migrantes, que aspiran en la mayor parte de los casos en llegar a Estados Unidos, pasando por todo tipo de riesgos y muchas vejaciones en su tránsito por el país hacia el norte y que evidencia la trágica situación económica, social y política de la reproducción de la vida en esos países, que obliga a una parte significativa de su población a iniciar una tortuosa marcha hacia Estados Unidos, porque consideran que es su única opción, aunque en muchos casos ese tránsito se ve frustrado.