Autoridades del más alto nivel del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se han comprometido a revisar, a partir del próximo viernes, 3 mil 200 expedientes de solicitud de devolución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para campesinos de 110 municipios poblanos.
Con la intermediación de personal de la Secretaría de Gobernación estatal, representantes de los labriegos dialogaron ayer cuatro horas, aproximadamente, con los emisarios enviados por las oficinas centrales del organismo, en la Ciudad de México, a la Delegación Norte de Puebla.
El acuerdo más importante fue la instauración de una mesa de diálogo permanente, con reuniones semanales, que comenzará el próximo viernes a las 13 horas.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Aldo Segura, vocero de los agricultores, informó que la exigencia principal era ser escuchados, ya que hasta ahora, los únicos canales de atención fueron mecanismos como el Buzón Tributario, “lo cual no constituye un diálogo real”.
Debido a la presión ejercida con tres movilizaciones desde abril – a la de este martes acudieron con decenas de tractores– y a la incapacidad de la auditora de la Delegación Norte del Puebla, Hilda Reyes, para dar una solución a las demandas de los productores, ayer funcionarios del más alto nivel del SAT a nivel federal intervinieron directamente:
“Vinieron desde Ciudad de México, los jefes de los jefes”, reveló Segura. Además, confirmó que el gobierno estatal continuará participando en el proceso de mediación, lo que calificó como un arbitraje positivo.
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Actualmente, precisó el portavoz, existen 3 mil 200 solicitudes de devolución del IEPS en proceso de revisión, de un universo original que alcanzó hasta 5 mil 500. Aunque algunas ya fueron resueltas favorable o desfavorablemente, aquellas rechazadas serán revisadas nuevamente mediante un proceso de revocación conforme a derecho.
Uno de los puntos críticos señalados por los campesinos fue la exigencia de facturas por insumos agrícolas (fertilizantes, agroquímicos, etcétera), que no están contempladas como requisito en la normativa vigente. En este sentido, el SAT se comprometió a no exigir documentación arbitraria. Lo único necesario será acreditar que son agricultores y que utilizan diésel para sus labores, lo cual puede demostrarse con facturas de combustible y constancias administrativas.
Segura precisó que la cifra total de dinero que esperan recuperar no ha sido confirmada por el SAT, aunque estimaciones anteriores apuntaban a más de 220 millones de pesos. La afectación actualmente impacta a cerca de 3 mil 500 familias, principalmente del sector agrícola.
El caso de Hilda Reyes, funcionaria señalada por supuestas irregularidades, no fue abordado durante esta reunión, ya que la interlocución ahora está en manos de instancias superiores del SAT.
La próxima reunión del viernes marcará el inicio formal de la revisión expediente por expediente, en lo que los campesinos consideran una victoria parcial, pero crucial para la restitución de sus derechos fiscales.
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