Tras más de dos semanas cerrada por los conflictos poselectorales y la agresión en contra de Floriberto Zapotitla Potrero, este fin de semana reabrió la presidencia auxiliar de La Resurrección, informó el edil auxiliar.
En entrevista, expuso que ya se empezaron a dar los servicios con el respaldo del gobierno municipal como el registro civil.
Sostuvo que hay condiciones para garantizar la gobernabilidad en la demarcación que se ubica en el norte de la ciudad de Puebla.
En tanto, Francisco Rodríguez Álvarez, secretario general de Gobierno del ayuntamiento de la ciudad de Puebla, rechazó las acusaciones en el sentido de que el gobierno municipal denunció por delitos falsos a 11 detenidos tras la gresca contra el alcalde auxiliar.
“No se están fabricando delitos. Hay cientos de minutos de video que evidencian que hubo una trifulca y golpes. No se está criminalizando a los detenidos. Por su puesto que hay evidencia. Las detenciones no son por delitos graves”, indicó.
Agregó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que aclaró que no hay intervención del gobierno municipal.
Llamó a la calma para garantizar la tranquilidad, salvaguardar la paz y la gobernabilidad después de los plebiscitos en la demarcación indígena.
Asimismo, se sabe que los 11 detenidos no han sido liberados y podrían ser vinculados a proceso durante las próximas horas por el delito de motín.
El pasado 17 de febrero Floriberto Zapotitla Potrero, edil auxiliar de La Resurrección, subrayó que teme por su vida, al tiempo de pedir seguridad especial para su persona y en la demarcación, luego de que fue golpeado por un grupo opositor el fin de semana pasado.
En conferencia de medios, el alcalde auxiliar confió que esta misma semana quede reabierta la presidencia auxiliar de La Resurrección para brindar el servicio de registro civil y otras atenciones al público.
Zapotitla Potrero informó que presentó denuncias penales por los delitos de lesiones, daño en propiedad ajena y alteración del orden público en contra de 10 personas que fueron detenidas.
“La consigna era matar al presidente auxiliar. Temo por mi vida. Estamos pidiendo que nos brinden protección. La Fiscalía General del Estado es la que determinará quién dio la orden, no quiero entorpecer las investigaciones”, manifestó.
Un día después, familiares de los 11 detenidos denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) “fabrica” en su contra los delitos de motín, lesiones dolosas, resistencia de particulares y daño en propiedad ajena.
En conferencia de medios, previo a la audiencia de vinculación a proceso, destacaron que no se les ha podido imputar los últimos tres de estos delitos, por lo que el ministerio público recurrió al de motín para tratar de iniciar un juicio en su contra.
