A una semana de la protesta de vecinos del sur de la ciudad, el cabildo capitalino tomó la determinación de aplazar la discusión del acuerdo que frenaría la expropiación de los llamados “Campos del Seminario”, los cuales tendrían un uso deportivo en beneficio de habitantes de esta zona de la ciudad.
Susana Riestra Piña, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, órgano que hace 15 días invalidó la declaratoria de utilidad pública de una fracción de 6 mil metros cuadrados de los predios en cuestión –que hizo la exedil Claudia Rivera Vivanco durante los últimos días de su administración– informó que el punto que sería abordado en la sesión de cabildo del próximo jueves 17 de noviembre será pospuesto a petición del edil, Eduardo Rivera Pérez.
Afirmó que el alcalde panista quiere que sean escuchados los ciudadanos que serían beneficiados con el complejo deportivo que se construiría en esta área, y quienes durante más de 30 años han litigado para poder darle este uso a los campos.
La exlegisladora morenovallista afirmó que debido a que Claudia Rivera no publicó el acuerdo de utilidad pública en el Periódico Oficial del Estado (POE), supuestamente “concluyeron los tiempos” para realizar lo conducente, por lo que se tiene que “reponer el proceso”.
Sin embargo, la regidora panista no aclaró cuáles son los tiempos que marca la ley en la materia para hacer dicha publicación, la cual dejó pendiente la exedil por razones aún desconocidas.
Adicionalmente, afirmó que hay en proceso juicios de amparo promovidos por quien se ostenta como “legítima propietaria” de los predios, la cual reclama una indemnización.
No obstante, no aclaró cuáles son los números de dichos procesos judiciales a los que se refiere, bajo el argumento de que “están abiertos”.
Pese a lo anterior, rechazó que el ayuntamiento de Puebla capital tenga la intención de favorecer a los particulares que se ostentan como dueños, también conocidos como la familia “Bojalil”.
No obstante, Néstor López Espinosa, litigante de los vecinos, afirmó en entrevista que no se debe frenar el proceso de expropiación sino terminarlo, es decir, publicar la declaratoria de utilidad pública en el POE.
Al respecto, sostuvo aunque uno de los argumentos por parte de la exlegisladora es que “la ley la obliga a dejar sin efectos la declaratoria” porque supuestamente no se le dio audiencia a la supuesta dueña, el tiempo para notificar a quienes se ostentan como tal comienza a correr cuando se realiza la publicación en el POE, acción que está pendiente de realizarse.
Asimismo, desestimó la versión en el sentido de que existan juicios de amparo promovidos por la supuesta legítima propietaria, quien en otros procesos jurídicos no ha podido acreditar la propiedad del predio.
Agregó que si bien Rivera Vivanco no concluyó el procedimiento con la publicación de la declaratoria POE, por causas que desconoce, no existe razón por la cual la actual administración haga lo propio para que se consume el procedimiento.