Lunes, julio 15, 2024

Corresponsabilidad en el transporte avala fotomulta en el Centro Histórico de Puebla

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Ante la polémica suscitada de la imposición del programa de fotomultas en el Centro Histórico de Puebla, el director general de la organización civil Corresponsabilidad en el transporte, Arturo Balderas Moyano, respaldó la medida que pondría en práctica el gobierno de la ciudad, así como la instalación de parquímetros en el primer cuadro de la capital.

Argumentó que la movilidad y la seguridad vial, son derechos de los ciudadanos que deben ser garantizados por las autoridades en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

En el ánimo de contribuir con la actual administración municipal capitalina, Balderas Moyano entregó un primer documento que contempla diversas consideraciones sobre tres temas que impactan la movilidad urbana.

Entre estas se encuentra la implementación de sistemas de control de velocidad (comúnmente conocido como fotomultas) y del sistema de parquímetros; además de adecuaciones a la normativa de servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos al servicio del gobierno municipal.

De acuerdo con las estadísticas del Consejo Nacional de prevención de Accidentes (Conapra), una de las tres principales causas de accidentes viales en el país es provocada por el exceso de velocidad.

Por ello, aseveró que la implementación de sistemas popularmente conocido como foto-multa, sería de gran valía en vialidades primarias y cruceros con alta incidencia de siniestralidad.

El especialista en el tema dijo que el objetivo principal de este programa es salvar vidas, evitar lesiones temporales o permanentes, y daños al patrimonio de las personas y del municipio.

“Todo aquel ciudadano que maneje un vehículo automotor y que ponga en riesgo la integridad de las personas y sus bienes, debe ser sancionado acorde a la falta cometida”, enfatizó.

Sin embargo, Balderas Moyano señaló que quienes se manifiestan en contra de estos dispositivos, suelen esgrimir argumentos de que la autoridad vial busca sólo recaudar dinero a través de las infracciones.

Por esta razón, recomendó establecer una campaña de sensibilización sobre el verdadero objetivo del programa, así como un esquema de aplicación de los recursos recaudados (total o parcialmente) en el mejoramiento de la zona o vialidades donde se implemente este programa.

Otra consideración que fue incorporada al documento, adelantó, es que los equipos que se instalen deben ser tanto fijos como móviles, y se resaltó que si esta acción corresponde a una estrategia de seguridad vial, se requieren obras complementarias, principalmente señalética vial horizontal y vertical, así como mantenimiento de las superficies de rodamiento.

Finalmente, en el tema de la instalación de parquímetros expuso que favorece la eficiencia en la rotación de lugares para el estacionamiento donde hay una mayor acumulación de visitas durante el día.

Con los parquímetros se busca –aseveró- recuperar las vialidades para el transporte colectivo eficiente, menos contaminante y de alta calidad, así como promover la movilidad no motorizada.

No obstante, reconoció, como en todo proceso que implica un cambio, se encuentran resistencias de quienes han tenido “el privilegio” de utilizar la vía pública en su beneficio, bajo el argumento de que la vía pública es “de todos” y ellos pueden hacer uso de ella para estacionar sus vehículos sin necesidad de realizar pago alguno.

Al respecto, dijo que en estos mismos argumento se encuentra la respuesta que contradice su dicho: “la vía al ser de carácter público, no puede ser utilizada en beneficio de particular, como lo es el hecho de estacionar sus vehículos, que corresponden a un bien particular, privado”.

Al igual que en el caso de los sistemas de fotoinfracción,  recomendó establecer un esquema en el que parte del dinero recaudado, se aplique en mejoras a las zonas o vialidades donde se establezcan los parquímetros, dando con ello un beneficio a los ciudadanos que habitan en ellas.

Mientras refirió es necesaria la adecuación a los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos.

“En los términos actuales de la reglamentación municipal, al estar ajustada a la Norma Oficial Mexicana 053, sólo se tiene una observación: De acuerdo al Periódico Oficial del Estado del 7 de septiembre de 2018, las empresas o personas físicas interesadas en prestar este servicio a la autoridad, contaron con un periodo de 30 días naturales a partir de la publicación de las reformas al Capítulo 10 del Código de Reglamentación Municipal (Coremun)”, comentó.

Por lo que –sugirió- dicho plazo se considera insuficiente, considerando que entre los requisitos a cumplir es el contar con un Depósito de Vehículos (dentro de la demarcación del municipio de Puebla) con el Uso de Suelo y Licencia de Funcionamiento vigentes.

En estos dos aspectos –indicó- es donde radica el mayor obstáculo para acreditarse como empresa o persona física en condiciones de prestar el servicio a las dependencias del municipio, procedimiento que excede del plazo acordado por decreto.

Finalmente, recomendó establecer un nuevo periodo de 60 días para que los interesados puedan cumplir con los requerimientos de la norma local.

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